Una extensa reunión del comité político y los partidos oficialistas terminó con el anuncio de la prórroga del estado de excepción por 15 días en la Macrozona Sur, "en los mismos términos" que hasta ahora, dijo la ministra del Interior, Izkia Siches; es decir "acotado" a carreteras y caminos. La decisión dividió al oficialismo, al no ampliar la presencia de uniformados al resto de la zona, crítica que compartió la oposición.

La ministra del Interior, Izkia Siches, dijo ayer que el Presidente Gabriel Boric "ha dispuesto prorrogar el estado de excepción constitucional en los mismos términos en los que fue emanado en la primera oportunidad", donde se introdujo el concepto de "acotado".

"Consideramos que esta es una medida adecuada", agregó la secretaria de Estado, en referencia a los hechos de violencia ocurridos en las últimas semanas, donde incluso un trabajador mapuche falleció a través de un impacto de bala en el bus que lo trasladaba a su casa.

"Esta es una medida complementaria que obviamente se suma al Plan Buen Vivir, y que pretende llevar paz y tranquilidad a estos territorios" de las regiones del Biobío y La Araucanía, indicó Siches, junto con señalar que en el informe entregado a Boric se incluyeron "una serie de medidas, algunas de naturaleza financiera, para poder desplegar con mejor facilidad las FF.AA., particularmente de la Armada, en Arauco".

Críticas transversales

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), dijo a Chilevisión que "nosotros respaldamos esta decisión, creemos que es una medida en la dirección correcta", sin embargo, "nos hubiera gustado una decisión aún más categórica del punto de vista de incluso extender este estado de excepción, hacerlo más genérico no solamente en las rutas, también infraestructura crítica y en otros territorios".

La medida de seguridad regirá hasta el 15 de junio. Si el Gobierno decide extenderla, deberá solicitar permiso al Congreso, por esto, el subjefe de la bancada PPD-independientes, Cristián Tapia, dijo que "creo que lo acotado va a quedar en el pasado porque se tiene que ampliar. (...) Cuando hablamos de delincuencia en la Macrozona Sur no estamos hablando de la derecha, la izquierda, el centro, son las personas las que están sufriendo".

La diputada mapuche PS Emilia Nuyado señaló que "cuando nos corresponda votar, voy a votar en contra", porque "se ha anunciado diálogo, se ha anunciado presupuesto, pero lo que más se ha visibilizado, justamente, han sido los recursos para la militarización".

Su par RN por la Araucanía, Miguel Mellado, "lamentó" que la medida sea "acotada", porque, su juicio, es "seguir dando aspirinas a la región". El legislador contó que pasó por la Ruta 5 Sur el sábado "entre las 12 y la una de la tarde, entre Victoria y Collipulli. No había militares, había una patrulla de Carabineros. El estado de excepción es tan acotado que es de lunes a viernes en horario de oficina".

El diputado UDI por el Biobío, Sergio Bobadilla, agregó que "no entienden, o no quieren entender, la real magnitud de lo que ocurre en la Macrozona Sur, donde grupos narcoterroristas se apoderan de territorios".

"Es una medida complementaria que se suma al Plan Buen Vivir, pretende llevar paz y tranquilidad a estos territorios".

Izkia Siches, Ministra del Interior

"Nos hubiera gustado una decisión más categórica, (...) no solo en rutas, también infraestructura crítica y otras zonas".

Raúl Soto, Presidente Cámara de Diputados

El sacerdote jesuita Felipe Berríos, conocido por su trabajo social en campamentos y que hasta hace unas semanas vivía en La Chimba, Región de Antofagasta, pidió ayer a la Fiscalía "se me investigue al igual que cualquier ciudadano de este país" frente a la acusación de abuso sexual formulada en su contra por una mujer, hecho que había sido solo interpuesto ante la justicia canónica, por lo que se determinó que volviera a Santiago, a una casa de la congregación, mientras el Vaticano investiga.

"Quiero que se me investigue al igual que cualquier ciudadano de este país y para ello, y en vista de que la denunciante no ha recurrido a la justicia, hoy (ayer) ingresé un escrito ante el Ministerio Público solicitando que se inicie una investigación sobre los hechos descritos en la denuncia", señaló Berríos en un comunicado.

El religioso, asimismo, pidió a la Fiscalía pesquisas también sobre "lo publicado en algunos medios de comunicación, que indican que habría otras denuncias, las que a la fecha desconozco y no me han sido informadas".

"He decidido iniciar este trámite a pesar de la exposición que implica un proceso de investigación penal como éste", indicó el sacerdote, porque, sostuvo "los hechos que se me imputan en la única denuncia que conozco no son ciertos, y aspiro a que se conozca públicamente la verdad".

La denuncia sobre el supuesto abuso sexual cometido por el cura habría ocurrido 18 años después del hecho, según lo indicado por diversos medios, razón por la que Berríos destacó que "quiero tener la posibilidad de poder defenderme ante el Ministerio Público y los tribunales en la forma más transparente posible".

"He guardado un riguroso silencio por casi un mes. Lo he hecho con obediencia y respeto por la denunciante. Sin embargo, ya se han publicado en la prensa una serie de datos acerca de este caso, la mayoría de ellos de fuentes no identificadas y se han echado a correr muchos rumores falsos", continuó el sacerdote. "Por todo esto, no puedo seguir callando", aseguró.

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, "recibió autodenuncia realizada por sacerdote Felipe Berríos", indicó el Ministerio Público, hechos que serán "indagados junto a nuestra Fiscalía de Género y Delitos Sexuales".

El religioso en su carta subrayó además que "debo unas palabras a muchas personas que me han apoyado, pero en especial a la gente de mi querida Chimba, que no sabe por qué un día me tuve que ir y aún no vuelvo".

Derecho canónico

Berríos explicó que "la denuncia fue presentada solo ante la Iglesia y no ante el Ministerio Público, lo que significa que estoy sometido a un proceso canónico que, por regla, se debe mantener en estricto secreto".

"Esto significa que una sola persona elaborará un informe, documento que luego irá al Vaticano, donde una comisión analizará el caso y adoptará una decisión. (...) No me parece que los sacerdotes debamos tener una justicia especial".