El Presidente Gabriel Boric emitirá hoy su primera Cuenta Pública cuando aún no se han cumplido tres meses de su mandato y ha debido enfrentar urgencias como la crisis de seguridad y delincuencia en distintas regiones, especialmente en la Región Metropolitana y en la Macrozona Sur, donde se vio obligado a decretar Estado de Emergencia a pesar de ser un gran detractor de las excepciones constitucionales para resolver problemas.

Desde las 11.00 de la mañana, ante el Congreso Pleno, el Mandatario dará cuenta de las medidas que se han tomado en el país desde el 11 de marzo y también de las que espera tomar en el futuro cercano.

Entre las primeras podrá hablar de ayudas económicas para atenuar el impacto de la inflación que se ha agudizado tras el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero. Entre ellas la ampliación del Mepco, que ayer alcanzó los 3.000 millones de dólares para atenuar el alza en el precio de los combustibles, una medida similar que permitió la disminución del valor de la parafina, otra para evitar que suban las cuentas de electricidad y también el subsidio a productos de la canasta de alimentos.

De cara a este acto que es parte de la tradición democrática del país, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, apuntó que "tuvimos un intercambio con los presidentes y presidentas de los partidos del oficialismo para reforzar aquellos elementos que consideran necesarios tener en la Cuenta Pública, que no es solamente para poder dar cuenta al país de lo que se ha hecho en estos dos meses y medio de trabajo como Gobierno, sino que también proyectar los desafíos que tenemos hacia adelante. Las reformas que hemos comprometido al país, los cambios y las transformaciones son profundas, y tenemos que hacerlas con harta legitimidad social".

Seguridad en el país

Acerca de la situación de la seguridad, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) aseveró que "obviamente la agenda de seguridad ha copado la discusión pública y hemos tenido que enfrentar temas heredados muy complejos: la crisis migratoria en el norte, la crisis en la Macrozona Sur, los temas de narcotráfico y crimen organizado en distintas regiones".

"Yo creo que es una buena oportunidad de mostrar una hoja de ruta y un plan de Gobierno aterrizado, esa agenda programática por la cual fuimos elegidos y no solo estar respondiendo a la contingencia", sostuvo.

El senador Jaime Quintana (PPD) aseveró que "los temas de seguridad representan una prioridad importante para las chilenas y chilenos y, por lo tanto, hay que dar cuenta de ello respecto a lo que pasa en La Araucanía, pero también respecto a lo que pasa en el conjunto del territorio nacional".

Desde la oposición, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) sostuvo que espera que Boric "sea capaz de hablarle a la ciudadanía de frente en relación a los problemas que la aquejan: violencia, seguridad no solamente en la Macrozona Sur, sino también en el resto del país".

Propuestas económicas

En lo económico, los ejes del mensaje se espera que sean las reformas tributaria y de pensiones. Sobre la primera, desde el Ejecutivo ya han anticipado que para llevarla a cabo presentarán varios proyectos por separado al Congreso. "Un proyecto es el del royalty; un segundo proyecto es el de la tributación personal, renta y riqueza; un tercer proyecto sobre cumplimiento tributario; y un cuatro proyecto sobre impuestos correctivos, como los impuestos verdes", detalló el diputado Tomás Hirsch, de Acción Humanista.

Desde la oposición, la diputada de Renovación Nacional, Sofía Cid, advirtió que "no estamos para una reforma tributaria y aumentar el impuesto a los chilenos''. En esta línea, su par de la UDI Jorge Alessandri indicó que "la mejor reforma tributaria es el crecimiento económico".

El Senado aprobó ayer la ratificación por parte de Chile del Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el único del mundo que contiene disposiciones específicas sobre la protección de activistas, lo que quedó a un paso de convertirse en ley tras haber sido una de las promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric y su propuesta de adhesión una de sus primeras medidas.

Tras una larga sesión de debate que duró cerca de cinco horas, el Acuerdo fue aprobado con 31 votos a favor, tres en contra y 11 abstenciones. En la jornada previa la comisión conjunta de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores de la Cámara Alta había visado el pacto por siete votos a favor y dos abstenciones.

Esta aprobación llegó justo horas antes de que el Presidente Boric de su primera Cuenta pública ante el Congreso Pleno, en el que con seguridad este tema será uno de los éxitos expuestos.

El jefe de Estado celebró la noticia a través de Twitter: Hoy el Acuerdo de Escazú finalizó su tramitación en el Congreso. Felicito a todas y todos que desde distintos frentes han luchado por la defensa de nuestro entorno y la incorporación de Chile al acuerdo. Seguimos avanzando en democracia ambiental".

Ahora la ley debe ser promulgada por el Mandatario, para luego comunicar la ratificación ante la Secretaría General de las Naciones Unidad. Y recién después de 90 días desde su oficialización, Chile será un Estado parte, convirtiéndose así en el país número 25 en firmarlo y 13 en ratificarlo.

"Buena noticia"

"Es una muy buena noticia para el país que profundizar la democracia ambiental sea visto como una política de Estado", indicó la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

A su juicio, el acuerdo brindará "mecanismos efectivos para enfrentar la triple crisis que vivimos: la crisis climática, la crisis de biodiversidad y contaminación y la crisis social".

"Agradecemos que las dos comisiones hayan trabajado en conjunto. Eso obviamente le dio más celeridad a la discusión, pero igual permitiendo una discusión profunda, de contenidos, así que estamos muy contentos", agregó la secretaria de Estado.

El tratado de Escazú, cuyo nombre técnico es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, entró en vigor el pasado abril y ya ha sido ratificado por 12 países, aunque originalmente fue firmado por 24.

Con la aprobación de ayer Chile se unirá a Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.

El expresidente Sebastián Piñera fue uno de sus principales impulsores durante su primer Gobierno, pero al final del segundo se negó a firmarlo.

Afirmaba que el pacto contiene "ambigüedades" en algunas normas que "prevalecerían sobre la legislación interna", generando confusiones jurídicas y exponiendo al país a posibles demandas internacionales.