Pamela Boltei

Un complicado momento están atravesando las relaciones entre la Municipalidad de Viña del Mar y los canales organizadores del Festival, Canal 13 y TVN, por problemas eléctricos en la Quinta Vergara de cara al próximo certamen 2023.

Se trata del estado de la subestación eléctrica y el sistema de distribución del anfiteatro de la Quinta Vergara, que, de acuerdo al último informe técnico, no contaría con las condiciones óptimas para desarrollar el certamen bajo los estándares que se buscan.

Lo anterior cobra mayor relevancia pues hace dos años no se realiza el evento en Viña del Mar, debido a la pandemia por covid-19. Este año hubo una actividad paralela con artistas para potenciar el turismo de verano, pero el comercio espera el retorno del tradicional certamen musical para lograr repuntar en febrero próximo.

Este lunes había fijada una reunión de la Comisión Festival, a las 3 de la tarde, en el municipio, a la cual no asistieron los canales organizadores. No hubo demasiada explicación, pero el antecedente de la carta que envió el 26 de mayo el representante legal de la unión temporal de Canal 13 a TVN, Maximiliano Luksic, al director de Concesiones, Mario Araya, y a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, para aclarar que no iban a asistir a la reunión fijada, pues se encontraban analizando la respuesta a la alcaldesa respecto a este tema, da cuenta de los motivos.

Mesa técnica paralela

Luksic señaló que estaban analizando el oficio ordinario N° 0782 que se habría respondido con retardo casi dos años y medio desde la carta que enviaron al municipio respecto al tema, pues se trata de un asunto que no es nuevo.

En detalle, precisa que se rechazó la solicitud de una misiva, emitida el 14 de abril de 2022, "para crear una mesa técnica paralela a la del Festival que se expuso muchas veces y que tiene que ver con la subestación eléctrica y el sistema de distribución del anfiteatro de la Quinta Vergara".

Lo anterior da cuenta de una diferencia de interpretación de las bases del Festival, entre el Departamento Jurídico y la que hacen los canales respecto a quiénes tienen que reparar esta subestación, arreglos que involucrarían, según algunas fuentes, más de $600 millones. Por lo mismo, en la carta dijeron que si esto no se soluciona, impediría la correcta realización del Festival.

La ausencia de los canales, dijo Carlos Williams, concejal miembro de la Comisión Festival, "se debió a que están evaluando el informe técnico del estado de la subestación eléctrica de la Quinta Vergara, enviado por la alcaldía. En la sesión de ayer (lunes) y siguiendo con el cronograma de acuerdo a contrato, hemos fijado una reunión de esta Comisión, para el próximo día miércoles 8 de junio".

Avanzar en programa

Lo importante, resaltó, "es que una vez que los canales den a conocer su postura en relación al informe técnico de la subestación y sean reparadas las fallas detectadas, vayamos avanzando en temas contemplados en el itinerario de trabajo conjunto, como fijar el valor de las entradas, armar la parrilla programática, entre otros. De esta forma no atrasaremos el cronograma acordado y establecido por contrato".

Sandro Puebla, también de la comisión, comentó que "extrañeza sentí por la no asistencia de los ejecutivos de los canales a esta reunión o Comisión Festival que está por bases programada. Yo desconozco el trasfondo de esta ausencia de parte de las televisoras".

Aunque a los integrantes de la comisión, contó, "se nos informó que la falta de ellos, 'podría' ser que al parecer no hay acuerdo en la mantención de una subestación eléctrica al interior de la Quinta Vergara. Espero en conjunto podamos revisar lo que está sucediendo para cumplir con las programaciones que por contrato debemos cumplir. Además, llegamos al acuerdo que se reprogramara la citación dentro de las próximas dos semanas".

"Resolver en conjunto"

El concejal parte de la Comisión Festival, Jorge Martínez, señaló que "nosotros nos reunimos de todos modos, junto a los concejales de la Comisión Festival, la alcaldesa, el director de Concesiones y otros directores, y concordamos en que este tema se tiene que resolver en conjunto para poder avanzar en la realización del Festival, pues ahora viene la etapa de la selección de artistas y todo eso".

Añadió: "Vamos a proponer que nos juntemos el 8 de junio para hacer la comisión cuyo fin es elegir los temas artísticos. Esperamos que se resuelva esto para poder avanzar en lo importante. No se hace el Festival hace dos años después de la pandemia, y la gente espera que sea un gran Festival con grandes artistas. Esperamos que este problema jurídico se pueda resolver pronto, respecto a la interpretación de las bases".

Este Diario consultó al Departamento de Concesiones del municipio, pero decidieron no responder a nuestras consultas.

"Espero podamos revisar lo que está sucediendo para cumplir con las programaciones del contrato".

Sandro Puebla, Concejal (Ind. pro PS)

"Esperamos que este problema jurídico se pueda resolver pronto, respecto a la interpretación de las bases".

Jorge Martínez, Concejal (UDI)

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El próximo 30 de junio, a solicitud de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional, la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio Pizarro, y otras dos personas serán formalizadas en el Tribunal de Garantía de La Ligua por el delito de estafas reiteradas, en el marco de una presunta gestión fraudulenta de un proyecto habitacional para 450 familias de Cabildo, quienes en conjunto habrían desembolsado unos $180 millones para hacer realidad la iniciativa que nunca se concretó.

La causa se remonta a septiembre de 2020, cuando el abogado Mario Fuentes, en representación de tres comités de vivienda de Cabildo afectados, presentó una querella en contra de la jefa comunal, del arquitecto Mauricio Torres Benzi y de la exconcejala de Cabildo Juana Zamora Olmos, por su responsabilidad en la comisión de este delito que habría sido perpetrado entre los años 2016 y 2019.

De acuerdo a lo explicado por el jurista querellante, la exedil Zamora, quien formaba parte de uno de los comités de vivienda, contactó a Osorio por su experiencia en la gestión habitacional y ésta a su vez al arquitecto Torres, quien finalmente ofreció sus servicios para acelerar el proyecto de carácter social que se emplazaría en Cabildo, solicitando diversas sumas de dinero a los miembros de los comités, que totalizarían unos $180 millones durante ese periodo.

En la querella se consigna que los tres implicados habrían tenido activa participación en la gestión, pero "en definitiva cobraron por un servicio que nunca hicieron y que además no cumplía los requisitos técnicos para hacerlo", dijo el abogado Mario Fuentes, por cuanto "tampoco existe una Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) del arquitecto que esté registrada en el Serviu, que es clave y la puerta de ingreso de un proyecto de estas características".

Además, aseveró que "estos proyectos son gratuitos, porque cuando lo hace una EGIS de verdad, la EGIS no les cobra a las personas". De hecho, el fiscal Patricio Toro, de la Unidad Regional Anticorrupción que efectuó la solicitud de audiencia de formalización al Juzgado de Garantía de La Ligua, explicó que la investigación se inició "por una denuncia del Serviu formulada en su oportunidad y por una querella también presentada por un grupo de afectados de estos hechos".

Para la alcaldesa Margarita Osorio, "la Fiscalía puede decir muchas cosas, pero yo tengo que demostrar lo contrario, porque las cosas no fueron así", lo que fue refrendado por su abogado Matías Mundaca, quien junto con aseverar que la querella "no le atribuye a la alcaldesa ninguna conducta punible", precisó que "ella solo recomendó al profesional (Mauricio Torres)", agregando, a su vez, que nunca participó de reuniones "ni percibió dinero ni firmó recibos, absolutamente nada".

Desde el Serviu de Valparaíso comunicaron que el servicio "no emitirá declaraciones para no entorpecer el proceso judicial. No obstante, se está estudiando la posibilidad de hacernos parte" de la causa.