Claudio Ramírez

Hace unos días, el Tribunal Ambiental le puso freno al proyecto de expansión del Terminal 2 de Valparaíso al determinar la necesidad de presentar una RCA complementaria. En paralelo, organizaciones ambientales solicitaron a Puerto San Antonio considerar el retiro del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Puerto Exterior, para iniciar un proceso de diálogo amplio con la sociedad civil.

Una situación compleja considerando que el ministro de Transportes subrayó que en 10 a 15 años más la capacidad del sistema portuario del país no dará abasto. "Creo que es un problema que hay que enfrentar", manifestó al respecto el director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) y exministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Carlos Cruz.

- ¿Cómo evalúa lo que sucede con el proyecto de expansión de Valparaíso?

- Pienso que esta clase de exigencias de tipo ambiental, cultural y social van a estar cada vez más presentes en proyectos que intervienen en forma tan significativa la ciudad, por lo tanto es necesario tener presente estas consideraciones en el momento en que se diseña un proyecto, en que se desarrolla y se trata de ejecutar. Porque, de otra manera, nos vamos a ver enfrentados a esta tremenda dificultad que es el hacer convivir una infraestructura que implica serias alteraciones al tramado urbano con las propias ciudades. Y eso es parte de los requisitos que estas iniciativas tienen que considerar cada vez que se identifican y se desarrollan.

Un precedente

- Esto marca un precedente pensando también en el Puerto de Gran Escala de San Antonio.

- Pienso que si estos proyectos no son capaces de agregarle valor a la ciudad en la cual se insertan, van a tener una oposición cada vez mayor de parte de las comunidades, que esperan que obras que tienen este grado de intervención le reporten un valor significativo al entorno. Yo no sé, porque no conozco al detalle el proyecto de Valparaíso ni el de San Antonio, pero me imagino que si han despertado tanta animosidad en ambas ciudades se debe a que la población, la comunidad percibe que no cumplen con la infraestructura complementaria que requieren para insertarse bien en las localidades.

- San Antonio puede sacar lecciones.

- Debe sacar lecciones de esto y Valparaíso también. Creo que efectivamente lo que dice el ministro es cierto. El país necesita una expansión de su capacidad portuaria y particularmente de los puertos de San Antonio y Valparaíso que son los que movilizan más carga. Y para eso los proyectos tienen que contemplar el cómo se insertan en la ciudad de la mejor manera posible para efectos de poder cumplir con esa función y no solo eso, sino que también contribuir al desarrollo de la ciudad.

- ¿Qué falta para que estas iniciativas puedan concretarse?

- Aquí quiero hacer una salvedad. Pienso que es muy importante que al hacer este tipo de proyectos se integren las distintas instituciones que intervienen en la ciudad. O sea, no basta con que el puerto haga bien las cosas. Esto requiere complementos de partes del ministerio de la Vivienda en todo lo que tiene que ver con la infraestructura urbana, del ministerio de Obras Públicas con lo relacionado con la accesibilidad y también con lo que pueda hacer el Consejo de Monumentos Nacionales respecto a identificar cuáles son las áreas más vulnerables y, por lo tanto, tomar previamente las medidas necesarias (...) y no al momento de construir encontrarse con la sorpresa de que hay que tomar en prevención los monumentos nacionales que se puedan ver afectados.

Más coordinación

- ¿Y cómo se corrige eso que usted señala?

- Yo creo que acá tiene que haber una coordinación mucho más estrecha entre todas las instituciones que son parte de estos procesos para efectos de poder materializarlos debidamente. Nosotros le hemos hecho ver esto al ministro de Transportes y esperamos tener una buena acogida, porque creo que la única entidad que puede cumplir con ese rol de integrar las distintas visiones es el ministerio de Transportes. Creemos que esa es una función fundamental que el ministerio debiera cumplir para efectos de poder avanzar en este tipo de iniciativas.

- Esa coordinación debe ser temprana.

- Desde el momento que se diseña el proyecto para que se identifique la necesidad y, a partir de ese instante, tienen que tomarse todas las precauciones necesarias para que esto pueda ser sustentable en el tiempo y ejecutarse en el menor plazo posible. De otra manera por la vía de la prueba y el error, lo que ha estado sucediendo últimamente, creo que es altamente costoso para el país y para todas las instituciones que están involucradas.

- En Valparaíso hablamos de un proyecto que inició su tramitación ambiental el 2014.

- Por eso le digo, creo que no basta con apegarse a la norma, sino que es necesario considerar los otros elementos que proyectos de esta envergadura, que por lo demás son proyectos de Estado y no de una empresa, deben tener presente para efectos de que como Estado esas iniciativas contribuyan al mejoramiento de su entorno.

- ¿Cómo se hace para recuperar la confianza del inversionista después de todo lo que ha pasado?

- Ese es el problema, porque este proyecto fue licitado y la concesionaria lo devolvió al Estado y ahora hizo una concesión corta mientras se lleva adelante el proyecto definitivo. Considero que hay que avanzar en un proyecto que realmente sea definitivo y esté en condiciones de serlo al momento de licitarse. Creo que va a ser difícil contar nuevamente con un inversionista que esté dispuesto a entrar en las tramitaciones por cuenta propia y pienso que va a tener que hacerlas el Estado hasta llegar a un proyecto final.

"Las comunidades esperan que proyectos que tienen este grado de intervención le reporten un valor significativo al entorno".

"Tiene que haber una coordinación mucho más estrecha entre todas las instituciones que son parte de estos procesos para efectos de materializarlos debidamente".