Agencias

Un grupo de senadores de Estados Unidos anunciaron este domingo un principio de acuerdo para aumentar el control sobre las armas de fuego en el país, que propone medidas de mínimos después de los tiroteos masivos en un supermercado de Buffalo (Nueva York) y en una escuela de Uvalde (Texas).

En lo que va de 2022, los tiroteos masivos en EE.UU. han dejado un saldo de 281 muertos.

En un comunicado, el grupo de senadores, tanto demócratas como republicanos, indicaron que el acuerdo incluye una revisión del proceso de compra de armas para los menores de 21 años (los autores de los tiroteos de Buffalo y Uvalde tenían ambos 18 años).

"Hoy anunciamos una propuesta bipartidista de sentido común para proteger a los niños de Estados Unidos, mantener nuestras escuelas seguras y reducir la amenaza de la violencia en todo nuestro país", dijeron en el texto divulgado.

El paquete de medidas también extiende a todo el país las llamadas leyes de "alerta de peligro" ("Red Flag"), ya vigentes en estados como California, Nueva York y Florida, y que permiten activar un procedimiento legal para confiscar las armas de fuego de quienes representen un peligro para terceros o para sí mismos.

El grupo de senadores que alcanzó el acuerdo está conformado por 10 demócratas y 10 republicanos, de manera que es previsible que logre los apoyos necesarios para ser aprobado en el pleno del Senado, donde los demócratas gozan de una muy ajustada mayoría y necesitan apoyos republicanos para casar adelante casi cualquier iniciativa que aprueba en primer trámite la Cámara de Representantes (Baja).

"el vacío del novio"

Otra de las medidas incluidas en el paquete está diseñada para acabar con lo que se ha venido a bautizar como "el vacío del novio", por el cual hasta ahora si alguien es acusado de violencia doméstica sin estar casado, se le permite seguir teniendo armas en propiedad, algo que no ocurre en el caso de las personas casadas.

Además de restringir ligeramente el acceso a las armas a determinadas personas y en según qué circunstancias, el acuerdo también incluye más fondos para recursos de salud mental y para reforzar la seguridad en las escuelas, dos aspectos en los que insisten los defensores de las armas cada vez que hay un tiroteo mediático en EE.UU.

El acuerdo es significativo por el hecho de que cuenta con apoyos de ambos partidos -si se aprueba, sería la mayor reforma legislativa sobre armas de fuego en treinta años-, pero queda muy lejos de las propuestas de la Casa Blanca y de la mayoría de representantes del Partido Demócrata, mucho más restrictivas.

La reacción de biden

Poco después de que se anunció, el presidente de EE.UU., Joe Biden, calificó el acuerdo de "paso en la buena dirección", pero lamentó que este "obviamente" no incluye todas las medidas que él considera necesarias.

"Cada día que pasa, se asesina a más niños en este país. Es importante que al acuerdo llegue a mi despacho lo antes posible para que pueda ratificarlo y podamos usar estas medidas para salvar vidas", apuntó.

Biden había pedido reformas mucho más sustanciales, como la prohibición de venta pública de los rifles de asalto o al menos un aumento de la edad autorizada para comprarlos, así como reforzar las comprobaciones de antecedentes del cliente.

La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, valoró el acuerdo en el Senado, pero dijo que faltan medidas, como la verificación de antecedentes a todos los compradores y la prohibición de cargadores de gran capacidad.

Antes de llegar al despacho oval para ser ratificado por Biden, el acuerdo deberá presentarse como proyecto de ley y ser aprobado en el Senado y en la Cámara de Representantes.

"Hoy anunciamos una propuesta bipartidista de sentido común para proteger a los niños de EE.UU., mantener las escuelas seguras".

Senadores firmantes

"Cada día que pasa, se asesina a más niños en este país. Es importante que el acuerdo llegue a mi despacho lo antes posible".

Joe Biden

El sábado, miles de estadounidenses salieron a manifestarse en decenas de ciudades exigiendo mayor control de armas de fuego y medidas más duras contra la violencia armada. Ese mismo día, la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el grupo que encabeza el lobby que defiende el derecho a comprar y portar a armas, publicó en Twitter que "los medios de comunicación, los políticos de izquierda y los activistas que odian las armas están intimidando a los miembros de la NRA y a los propietarios de armas porque quieren que nos rindamos". "No vamos a doblar las rodillas", agregó la entidad.

Diputados de la oposición en Argentina presentaron ayer una denuncia en la Justicia trasandina contra los responsables del Gobierno de Alberto Fernández que permitieron el ingreso de un avión venezolano sancionado por Estados Unidos y cuya tripulación iraní fue retenida en Buenos Aires.

El Gobierno argentino retuvo en el aeropuerto internacional de Ezeiza al mencionado avión y les retuvo el pasaporte a cinco tripulantes iraníes, confirmó el ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández.

"Ya presentamos junto al diputado Ricardo López Murphy la denuncia ante el Juez Federal Federico Villenas para que se investigue a los titulares de todos los organismos involucrados y se obtengan los datos dactilares de la 'tripulación' involucrada" en el caso del avión venezolano/iraní, tuiteó el diputado Gerardo Milman, de la principal coalición opositora Juntos por el Cambio.

La denuncia indica que los funcionarios del Gobierno dejaron ingresar y circular por Argentina el Boeing 747, en configuración "cargo", matrícula YV3531 que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente es propiedad de Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa).

Se detalla que tanto Mahan Air como Emtrasur son empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y Sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU..

Además, la denuncia indica que el avión ingresó a Argentina "con un manifiesto de vuelo irregular y presuntamente con el transponder apagado como si quisiera no ser localizado".

Tripulación

La denuncia de los opositores suma la cantidad de pasajeros a bordo "impropia" para un vuelo de "carga" y sus nacionalidades e identidades: eran 19 personas, siete iraníes y el resto venezolanos.

Los iraníes de la tripulación tendrían presuntamente vínculos con las Fuerzas Quds, una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica especializada en operaciones de inteligencia militar, definida por EE.UU. como organización terrorista, según la denuncia.

Argentina ha sufrido dos atentados terroristas en la década del 90 -a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y a la embajada de Israel en Buenos Aires- y la Justicia local ha señalado a personas poderosas de Irán y el grupo Hezbolá como responsables.

La AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas sumaron un comunicado este domingo en que solicitan a las autoridades nacionales "el total esclarecimiento de la situación generada por el avión venezolano, vinculado a Irán" y exigieron "una información exhaustiva y detallada sobre el listado de tripulantes" y "los motivos de su paso" por Argentina.

La incautación del carguero ocurrió un día después de la visita oficial del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a Irán.

Vedada en chile

La aeronave ingresó a Argentina el lunes pasado proveniente de México con destino al aeropuerto internacional de Ezeiza, recuerda la denuncia, y el miércoles último el avión despegó del aeropuerto de Ezeiza y tras sobrevolar el Río de La Plata durante 20 minutos aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino porque, entiende, Uruguay no habilitó el aterrizaje del avión.

Según los "flights records" recientes de la aeronave, estuvo 15 días en Paraguay, Bielorrusia, Teherán, Moscú, siempre de acuerdo a lo que señala la denuncia, que indica que esta aeronave tendría actualmente vedado el uso de los espacios aéreos de Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.