Redacción

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anticipó que el Gobierno consultará a las Fuerzas Armadas por qué no se actuó en flagrancia ante los múltiples ataques registrados en Curanilahue el martes y apuntó que "ninguna institución en Chile está ajena a tener que dar explicaciones respecto a su desempeño".

En la víspera, se confirmó la existencia de una serie de videos aéreos captados por los drones de alto alcance de la Forestal Arauco, que siguieron en tiempo real la huida de las camionetas que participaron en los atentados, pero a pesar de que la información fuera entregada a Carabineros y la Armada, no hubo persecución ni detenciones.

Incluso fuentes de dicha empresa apuntaron a radio Biobío que "para las 10 de la mañana ya habíamos alertado a las Fuerzas Armadas sobre el ataque, incluyendo la posibilidad de seguir mediante sistema GPS la camioneta que robaron".

Añadieron que "a las 11 de la mañana les informamos sobre la ruta de escape que estaban utilizando y a las 13:30 llegaron a las cercanías de Cañete. Fueron más de tres horas de rastreo de sus movimientos. En este lapso incluso se dieron el tiempo para detenerse a comer en una especie de picnic (los encapuchados)". Sin embargo, no hubo operativos ni detenidos.

"Merece explicación"

"El Gobierno ha decretado un estado de excepción y ayer (el martes) ha logrado que el Parlamento autorice una prórroga, y la presencia de las Fuerzas Armadas y su trabajo conjunto con las policías es para actuar de manera oportuna y para garantizar seguridad a las personas", enfatizó el subsecretario Monsalve.

Por ello, aseveró, "a mí por lo menos me merece una explicación lo que ocurrió en la Provincia de Arauco. Los días jueves a las 8:00 horas se realiza una reunión de evaluación, donde está el jefe del Estado Mayor Conjunto, las ministras del Interior y de Defensa, y será el espacio donde habrá que dar las explicaciones respecto a los antecedentes que se han dado a conocer".

Versión de delegada

Ante este caso, la delegada presidencial en la Región del Biobío, Daniela Dresdner, afirmó que "nosotros estamos haciendo una investigación en conjunto con el jefe de la Defensa Nacional (el contralmirante Juan Pablo Zúñiga) para saber exactamente qué fue lo que pasó respecto de la información que se envía, en qué momento se envía y por qué canales se envía".

Pero además la representante del Presidente Boric en la zona apuntó que "lo que existe acá, respecto de la flagrancia, para que no quede ninguna duda, es que si está en peligro la vida de alguna persona, las policías y las Fuerzas Armadas van a actuar y tienen que actuar y para eso tienen el absoluto respaldo del Gobierno".

El presidente de la Asociación de Municipalidades del Biobío, Álvaro Ortiz (alcalde de Concepción), planteó que "se tendrá que evaluar como corresponde qué ocurrió el día de ayer cuando, con casi tres horas de anticipación, se dijo lo que estaba ocurriendo y no se tomaron cartas en el asunto, porque eso no se puede repetir".

"Estamos solicitando que se reevalúe la forma en la cual se está aplicando este estado de excepción. Una cosa distinta es la presencia a cómo se actúa, y cómo se evita ese tipo de hechos", añadió en radio Cooperativa.

Pero desde la oposición el senador Kenneth Pugh, ex vicealmirante de la Armada, acusó que "las declaraciones del subsecretario del Interior reflejan ignorancia e intentan evadir responsabilidades. Las Fuerzas Armadas no se mandan solas; están bajo la conducción política del Gobierno, cumplen las órdenes y tareas que se les asignan en el marco de un estado de excepción constitucional 'acotado', que apunta exclusivamente a mantener las rutas abiertas".

"El subsecretario del Interior no está en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas para pedirles nada. Si alguien responde por el actuar de las Fuerzas Armadas es la ministra de Defensa y el Presidente de la República", sentenció el parlamentario.

Duras críticas ha recibido el Poder Judicial luego de que se conociera que el sospechoso de cometer el crimen del carabinero David Florido, quien aún se mantiene prófugo, recibió de la Corte de Apelaciones el beneficio carcelario para completar en libertad la pena de cárcel que debía cumplir hasta 2024, pese al informe negativo de Gendarmería.

Ante los cuestionamientos, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, manifestó ayer que "es importante decir que el proceso de libertad condicional es un proceso que efectivamente requiere un informe de Gendarmería. En ese informe se daba cuenta de algunos elementos que favorecían y otros que no favorecían a la persona que estaba solicitando el beneficio y al no serle concedido el beneficio esta persona recurrió de amparo y una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que el amparo procedía".

"Esto no ha sido una decisión apresurada ni ha sido una decisión de una comisión administrativa, sino que ha sido una sentencia judicial que tuvo que ver con procedimiento de amparo", añadió la magistrada.

"En definitiva pueden suceder situaciones en que una persona obtenga beneficios y desgraciadamente vuelva a delinquir", sentenció Vivanco.

Sin embargo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reveló haber solicitado un informe al respecto en el mismo día en que un allanamiento en el domicilio del sospechoso no tuvo éxito en su ubicación: "He pedido que se me haga llegar los antecedentes de todas las personas que se identifican como delincuentes prolíficos, porque en la práctica han cometido un sinnúmero de delitos, y que se mantienen en libertad".

"No puede ocurrir ni instalarse en una sociedad que las personas que cometen delitos finalmente están amparadas por un manto de impunidad y por lo tanto, la eficacia en la persecución penal y en la aplicación de las sanciones es muy determinante a la hora de brindarle seguridad a las personas", argumentó.