Fiscalía de Perú pide investigar al presidente Castillo como "líder de una organización criminal"
JUDICIAL. Samuel Rojas, representante de la Fiscalía, expuso ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Perú las razones para abrir pesquisa preliminar.
Agencias
La Fiscalía de Perú solicitó este miércoles a la Justicia del país andino investigar al presidente Pedro Castillo como "líder de una organización criminal" enquistada en el Estado para obtener "beneficios ilegales" de los contratos que suscribió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Samuel Rojas, representante de la Fiscalía de la Nación, explicó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú los motivos por los cuales el fiscal general, Pablo Sánchez, abrió una investigación preliminar contra Castillo, al responder a la demanda de "tutela de derechos" presentada por su abogado, Benji Espinoza, para que se anule este proceso
"Es la primera vez que un presidente en funciones ha sido sindicado de liderar una organización criminal enquistada en los estamentos del Estado", a los que juró defender al asumir el cargo, para "cometer delitos de corrupción", expresó Rojas durante su exposición.
Rojas pidió a la sala que evalúe la necesidad de compatibilizar los artículos de la Constitución que señalan, por un lado, que el presidente de la República solo puede ser investigado por traición a la patria o impedir las elecciones, mientras esté en el cargo; en tanto que, por otro, pide al Estado combatir los actos de corrupción.
Añadió que la investigación contra Castillo "no proviene de una acusación de organización civil, ni de un miembro del Congreso", sino de información "gestada en investigaciones fiscales", a raíz de las irregularidades denunciadas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a las adjudicaciones de una serie de obras de infraestructura.
"Esa circunstancia hace necesaria que el Ministerio Público adopte la medida de variar el criterio, dada la gravedad de las imputaciones y los indicios que hacen que esta imputación no sea política", apuntó Rojas.
La defensa de Castillo presentó una demanda de tutela de derechos antes de que el fiscal de la Nación pueda interrogarlo sobre las imputaciones que lo colocan como el responsable de organizar la adjudicación de obras a empresarios que colaboraron con su campaña electoral y de nombrar a funcionarios afines a esa tarea.
Las investigaciones de la Fiscalía arrojaron evidencia sobre "la existencia de una organización criminal que maneja el Estado utilizando estas contrataciones para obtener beneficios ilegales", afirmó Rojas.
"Es el primer mandatario del Estado que está llamado a cautelar el interés nacional, quien está siendo imputado de perpetrar delitos de corrupción de funcionarios", agregó.
El abogado de Castillo, Benji Espinoza, declaró que el fiscal de la Nación no es competente para investigar al presidente, pues este solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones, disolver el Congreso, o impedir el funcionamiento de los órganos electorales.