Como detectives con 89 años de experiencia y en la permanente búsqueda de la verdad, trabajamos a diario para responder los requisitos de una ciudadanía cada vez más empoderada, que demanda seguridad e investigaciones de calidad para así poder vivir en un país más tranquilo.

En concordancia con esto y gracias al diseño e implementación de diferentes planes estratégicos de modernización y desarrollo policial, hemos logrado robustecer nuestras capacidades y metodologías investigativas para responder de la mejor manera posible a los desafíos que impone la criminalidad nacional y transnacional en el siglo XXI.

Son esas fortalezas y una mirada autocrítica y consciente para afrontar y asumir cambios, lo que nos ha permitido construir una reputación en 89 años de vida en base a profesionalismo, rigurosidad y compromiso con el servicio público, tomando como desafío diario el trabajar por la paz social de nuestro país.

La PDI, este 19 de junio, no solo cumple un año más de vida, sino que gana un año más de experiencia en la investigación criminal de los delitos de alta complejidad. Esto nos ha enseñado a leer nuestro entorno y así tomar decisiones que nos permitan mejorar nuestras actuaciones. Prueba de ello son la creación de nuevas brigadas y áreas de investigación, tales como Cibercrimen, Derechos Humanos, Delitos funcionarios o la próxima creación del Centro de Investigación Medioambiental en la Región de Valparaíso, el que aportará, desde el conocimiento, a los procesos investigativos ante amenazas al patrimonio natural y cultural, en una zona que se ve constantemente afectada por incendios y contaminación ambiental.

Además, continuamos diseñando e implementando diversas estrategias y mecanismos para mejorar y fortalecer la investigación y el análisis criminal. Ejemplo de ello es el diseño del Modelo de Investigación Preferente (MIP), estrategia de la PDI para ejecutar procedimientos policiales especializados, investigados por equipos multidisciplinarios que, en coordinación con las Oficinas de Análisis Criminal (OFAN) y el Ministerio Publico, pueden responder de manera efectiva a los grandes desafíos investigativos que se derivan de las distintas actividades delictuales y futuras amenazas a la seguridad pública y ciudadana en el país. El modelo ya se encuentra operando en las regiones de Coquimbo, O'Higgins, Maule, Biobío, Araucanía y Aysén, por lo que esperamos que próximamente pueda implementarse en nuestra región.

De esta manera, en este nuevo aniversario institucional, queremos renovar nuestro compromiso de seguir trabajando por un Chile mejor con el aporte de investigaciones e indicios probatorios de calidad, permitiendo con ello que los autores de delitos sean sentenciados y así las personas puedan volver con tranquilidad a los espacios públicos, los que por definición les pertenecen.

Acaso lo único rescatable de la seguidilla de desaciertos cometidos por el actual Gobierno durante la ininterrumpida sucesión de episodios críticos de contaminación en Quintero y Puchuncaví sea que, a diferencia de tantos otros y por acertada o equivocada que ésta sea, el Presidente Gabriel Boric tomó una decisión. Con eso, y en solo cien días, ya hizo mucho más que otros en cuatro u ocho años, como tanto gustaba decir a su antecesor.

Con todo, las formas -que en esto son un tema clave- fueron horrendas, partiendo por las declaraciones del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, durante su visita de la semana anterior para reunirse con el gobernador Rodrigo Mundaca tras el peak de dióxido de azufre del día 9 de junio y que terminó con más de cien personas en el centro de salud comunal: "Que el país juzgue. Nosotros detuvimos nuestras operaciones el lunes a las 11 de la mañana (6 de junio) y ayer (9 de junio) hubo más de 70 niños que tuvieron que ir a los centros hospitalarios, y nosotros estábamos detenidos (...)". Es decir, ¿el presidente de Codelco tomó la decisión de cerrar la Fundición de Ventanas estando convencido de que la contaminación no era responsabilidad de tal operación? ¿Por qué mandaron a dar la cara a Adnrés Sougarret? ¿Cuánto influyó Ana Lya Uriarte desde Interior?

Segundo, respecto de la presentación de la ministra de Minería, Marcela Hernando, ante la comisión respectiva de la Cámara de Diputados esta misma semana, donde dio a entender al país y a los sindicatos que haría la inversión necesaria de US$52 millones para cumplir con el Decreto Supremo 105 del Plan de Prevención y Descontaminación, ¿significa ello que el Presidente cambió de opinión sobre la marcha o que, una vez más -como fue el caso de Salud y Educación con las vacaciones de invierno-, la coordinación interministerial con Medio Ambiente fue nula? ¿Dónde estaba Maisa Rojas?

Tercero, ¿cuánta gente efectivamente trabaja en la Fundición? El Presidente habla de casi 350 personas. Fuentes de Codelco nos entregan 800 trabajadores y administrativos de planta, 1.500 contratistas y unas 8 mil familias que prestan labores de forma indirecta. ¿El plan de reconversión, reubicación o egreso es para todos ellos?

Cuarto, ¿qué pasará si una vez desmantelada la planta los episodios de contaminación e intoxicaciones vuelven a producirse? ¿Irán por los privados? El parque industrial contiene 19 empresas operando en su bahía, 14 de ellas en la comuna de Puchuncaví y 5 en Quintero, divididas en una amplia diversificación de actividades: energía, combustibles, productos químicos, cementeras, fundiciones... hasta el Gobierno anterior la calificación industrial decía que 37% de éstas eran peligrosas y 15.8% contaminantes, con consecuencias directas principalmente en la calidad de vida y salud de los habitantes de Ventanas, La Greda, Maitenes y La Chocota, con estudios oficiales que determinaron fehacientemente la presencia de metales pesados y gases. La afectación de la población hoy se estima llega hasta Loncura, Quintero y Concón, aunque no son pocos los que dudan de los casos, los cuales califican de "histeria" o "inducidos".

Última pregunta: AES Andes (exAES Gener) anunció ahora la salida voluntaria de funciones de su central termoeléctrica Ventanas 1, la que se mantuvo en Estado de Reserva Estratégica pese al show mediático que hiciera la administración de Piñera por su cierre: ¿se cerrará finalmente la Fundición?

Una cierta flexibilidad es la fuente de varios de los aciertos de Gabriel Boric, pero también de algunos de sus tropiezos, pues sus giros no siempre son para bien o suficientemente resueltos. En lo que respecta al proceso constituyente, en medio de más de una declaración desafortunada, emitió una particularmente luminosa. "No queremos una Convención partisana", sostuvo cuando visitó esta dos días después de ser elegido.

Esa aspiración es consistente con otro de los buenos momentos de Boric: la firma del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, la madrugada del 15 de noviembre de 2019, contra la decisión de su partido. En esa ocasión, desde Jacqueline Van Rysselberghe hasta él convinieron un proceso constituyente como vía para resolver la crisis política gatillada por la violencia insurreccional iniciada el mes anterior. Eso requería una deliberación racional e inclusiva, que desembocara en un texto que lograra reunirnos en torno a unos mínimos comunes ampliamente compartidos, de modo que nuestro cuerpo normativo superior pudiera ser motivo de unión y no de confrontación.

La mayoría de la Convención no ha estado a la altura del rasero del mejor Boric. Ha sido partisana. El texto que será propuesto es fruto de un acuerdo de las izquierdas y no de todas las principales fuerzas políticas del país. Múltiples gestos revelan ese ánimo. La Presidenta Elisa Loncón, luego de declarar que no votaría en las primarias presidenciales de julio del año pasado por la imparcialidad que exigía su cargo, felicitó públicamente a Boric y no a Sebastián Sichel. El partisanismo de la mayoría de la convención se expresa también en su frecuentemente apuntado espíritu refundacional. "Hemos decidido mirar hacia el futuro con esperanza y cambiar nuestro destino" dice el proyecto de preámbulo. Eso no es lo propio de una democracia. En ellas los cambios suelen ser paulatinos e incrementales y están entregados antes a la política ordinaria que a la deliberación constitucional.

Debido a lo anterior, el texto constitucional elaborado no cumplirá con el propósito central de brindarnos un factor de consenso que atempere nuestras disputas. En 1958 Francia aprobó en plebiscito su actual Constitución con un 83% de respaldo. En 1978, España hizo lo propio con un 92%. En Chile, en 1989, meses después del histórico plebiscito que sacó a Pinochet de la Presidencia, se aprobaron 54 reformas a la Constitución con un 91% de apoyo electoral. Hoy la suerte de la propuesta es incierta y sus partidarios más optimistas apuntan a un 60% de votos favorables. Y una nueva Constitución que nazca con un 40% o más de oposición seguiría siendo un factor de división.

A ello se añade que la mayoría de la Convención descree de la posibilidad de una deliberación racional encaminada a la imparcialidad a partir de distintas miradas sobre el bien común. En vez de ello, se apunta a la política identitaria, que solo ve una perpetua disputa entre grupos autointeresados en la que hay que tomar partido. Y desde La India a Estados Unidos, la evidencia muestra que eso solo aumenta la polarización, que es hoy el mayor riesgo que enfrentan las democracias. Todo lo contrario a la esperanza de aquel 15 de noviembre.