El retorno de las descargas de automóviles de importación al puerto de Valparaíso es una buena noticia para el terminal y un reconocimiento a su eficiencia en una operación donde la logística es clave. Valparaíso, desde el año 2013, había dejado de ser una recalada regular para las naves car carrier, que operaban en normalmente en los terminales de Iquique, Coquimbo, San Antonio, San Vicente y Lirquén. Ahora se ha sumado a esos puertos Valparaíso, con la recalada el lunes de la semana pasada del "Delphinus Leader", que transportaba más de 2 mil vehículos, principalmente automóviles, al cual se agrega el "Demeter Leader" con otros 424. El próximo mes se sumarán otras naves con carga similar.

La operación de descarga ha estado a cargo del concesionario del Sitio 8, Terminal Portuario de Valparaíso (TPV), vinculado al grupo Agunsa. Para Rubén Ramírez, gerente general de esa empresa, la operación requiere una logística muy bien armada previamente, en la que hay muchos actores que deben actuar en forma coordinada. Ese punto es clave, pues la multiplicidad de actores que toman parte en el ingreso de cualquier mercadería de importación exige una cadena muy bien estructurada para llegar en el menor tiempo hasta el importador. Por otra parte, desde el punto de vista del puerto es muy importante el despeje de los espacios que ocupan los vehículos y, a la vez, la liberación del frente de atraque que ocupa la nave misma.

Diego Mendoza, secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, expresó también la satisfacción de su gremio por la incorporación de Valparaíso a los puntos de descarga, ya que con ello se resuelve un problema que arrastra el sector desde el año pasado. El desafío es enfrentar logísticamente la descarga de vehículos en un puerto multipropósito, es decir, aquel que recibe carga en contenedores y, a la vez, añade vehículos. Es cierto, pues el contenedor en su gran volumen concentra la carga, facilitando la operación, en tanto el vehículo supone una manipulación unitaria que toma tiempo. Por otra parte, la alta demanda de importación de vehículos ha intensificado el movimiento mixto en los terminales, haciendo mayor el señalado desafío y el perfeccionamiento de la logística.

A esta buena noticia que significa la preferencia por este puerto en el desembarque de automóviles, se debe sumar la anunciada recuperación de recaladas de cruceros para la temporada 2022-23, en que se espera la llegada de 33 naves de turismo a partir del próximo mes de octubre. Esta recuperación del movimiento de carga y pasajeros, afectado por la pandemia, significa un desafío para el puerto de Valparaíso, tanto para la estatal EPV como para los concesionarios y trabajadores que operan los diversos terminales, que deben, en conjunto, seguir perfeccionando la logística, base de la eficiencia del terminal.

Sabemos desde hace algunos años que estamos expuestos a una crisis hídrica cuyos efectos más inmediatos se han hecho sentir en buena parte de la zona central. Tal vez por la magnitud de la crisis, por sus efectos devastadores sobre la población y algunas actividades productivas, por la preeminencia del sentido de subsidiaridad en el rol del Estado, es que la impresión que se extiende es que es muy poco lo que se puede hacer desde las políticas públicas para disminuir su impacto.

Al parecer estamos condenados a aceptar lo inevitable y que "si los productores de tomates de La Cruz no tienen agua para cultivarlos en sus actuales predios, pues que se vayan a plantar tomates a Temuco", como me explicó gráficamente un ministro de una administración anterior, ante mi alarma por la inactividad con la que yo creía que se estaba enfrentando el problema del agua en la zona central. Sin embargo, aún pienso que es posible diseñar propuestas que eviten este reordenamiento espontáneo del territorio, tal como lo han hecho otros países del mundo.

Además de las medidas de "gestión" y de reúso del agua disponible que se proponen desde la actual administración para un mejor aprovechamiento del recurso, es posible pensar en formas de aumentar la oferta, no al punto de contrarrestar los efectos del cambio climático, pero sí para contribuir en el margen a disminuir sus impactos. Una alternativa es la desalinización de agua de mar (otra es el trasvase de cuencas), muy extendida en el norte de Chile con éxito, tanto para el consumo humano como para diferentes actividades productivas. Una política pública de desalinización, impulsada por el Estado, parece ser posible.

El agua de mar, debidamente procesada y cautelando los impactos ambientales que se puedan ocasionar, puede suplir en parte las carencias existentes y que afectan especialmente a ciudades menores, al sector campesino más vulnerable y a la agricultura, hoy sindicada de ser la actividad que más agua consume y que sería el origen de buena parte de las dificultades que se enfrentan. Para ello no basta con esperar que la iniciativa privada dé cuenta de estas demandas urgentes, cuestión a la que responde cuando es posible; el Estado puede, sin grandes cambios institucionales, tener un rol mucho más proactivo para abordar este problema crucial.

En efecto, tal como se lo hicimos saber -como CPI- a la Mesa del Agua en diciembre del año 2020, se cuenta con un Ley de Concesiones de Infraestructura Pública que cumple con todos los requisitos para que desde el Estado se convoque al sector privado a invertir, mantener y operar plantas de desalinización de agua de mar que abastezcan a quienes hoy más lo necesitan o lo demandan, y que estas inversiones se refinancien con un sistema de tarifas razonables, pagado en parte por los propios usuarios.

A partir de ese marco legal es posible generar las condiciones para que a cada sector se le abastezca de acuerdo a sus necesidades manifiestas, estructurando un sistema de precios que permita que quienes más se benefician económicamente, más contribuyan a repagar la inversión, subsidiando a quienes más lo necesitan y no tienen cómo pagar. Esperar que esta ecuación la resuelvan los mercados por sí mismos es una ilusión. Se requiere de un Estado más activo, con iniciativa y decisión para hacerse cargo de uno de los problemas más apremiantes que enfrentamos como país.