La niña de 11 años que quedó embarazada producto de una violación en Brasil pudo abortar en un hospital público del país, después de semanas de dilación por la negativa de una jueza a autorizar el procedimiento, que está amparado por ley para este tipo de casos, lo que provocó el rechazo del Presidente Jair Bolsonaro, quien dijo que lo ocurrido fue "inadmisible".

El Hospital Polydoro Ernani de Sao Thiago, en la ciudad de Florianópolis, "adoptó todas las providencias para la interrupción de la gestación de la menor", informó el Ministerio Público Federal, que añadió que la niña está bien.

El caso salió a la luz después de que el portal The Intercept Brasil divulgara el contenido de la audiencia en la que la jueza Joana Ribeiro, con apoyo de la fiscal Mirela Dutra, presionaron a la niña para que tuviera el bebé y lo diera en adopción.

"¿Soportarías un poquito más?", le preguntó Ribeiro a la niña, que entonces estaba con más de 20 semanas de gestación, en esa audiencia celebrada en mayo pasado, según recogió la investigación. La jueza alegó que dar luz verde a un aborto a esas alturas de gestación sería un "homicidio", a pesar de que la víctima tenía derecho al mismo, y además determinó el ingreso de la niña en una casa de acogida para evitar que lo hiciera.

Fin del caso

El asunto terminó en manos de la Justicia después de que el citado hospital de Florianópolis se negara a interrumpir en un primer momento el embarazo porque contrariaba sus protocolos internos. Pero el Ministerio Público Federal recomendó al hospital que cumpliera con la ley, ya que "el aborto legal no necesita autorización judicial".

El caso de esta niña de 11 años tuvo una gran repercusión en redes sociales y fue comentado por algunos políticos, como el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien dijo que "la jueza de SC (Santa Catarina) tiene razón" porque "el bebé podría ser entregado en adopción".

El gobernante expuso que "no se discute la forma en que fue generado, (o) si está o no respaldado por la ley. ¡Es inadmisible hablar de quitarle la vida a este ser indefenso!".

Las senadoras demócratas Elizabeth Warren y Tina Smith pidieron que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declare emergencia de salud pública en el país para proteger el acceso al aborto después de que el Tribunal Supremo anulara la protección de este derecho, vigente desde 1973.

"Instamos al presidente a declarar una emergencia de salud pública para proteger el acceso al aborto para todas las estadounidenses, a que desbloquee recursos y de autoridad para que los estados y el gobierno federal puedan satisfacer el aumento en la demanda de servicios de salud reproductiva", expresaron las senadoras en una nota de opinión publicada en The New York Times.

En este texto, las políticas también animan a los estadounidenses a votar por los candidatos demócratas en las elecciones legislativas del próximo noviembre para así intentar revertir la decisión de la Suprema con una ley federal: "Si los votantes nos ayudan a mantener nuestro control de la Cámara y ampliar nuestra mayoría en el Senado por al menos dos votos este noviembre, podemos convertir Roe ("Roe contra Wade" es el caso que legalizó el aborto) en ley en todo el país en enero".

Warren y Smith recalcan en su escrito que "una gran mayoría de estadounidenses se opone a la decisión que acaba de tomar el Tribunal Supremo" y que "casi dos tercios de los estadounidenses creen que el aborto debería ser legal en todos o la mayoría de los casos".

"Debemos restaurar nuestra democracia para que una minoría radical ya no pueda ahogar la voluntad del pueblo. Esta será una lucha larga y dura, y el camino hacia la victoria aún no es seguro. Pero es una lucha justa que debemos ganar, sin importar cuánto tiempo tome. Las dos vivimos en una América sin Roe, y no vamos a regresar. No ahora. Jamás", concluyen.

Ofensiva del oeste

Nueve estados de 50 que componen el país prohibieron la interrupción del embarazo el mismo viernes, apenas se conoció la decisión de la Corte, mientras que otros 14 estados anunciaron que lo harán a corto plazo.

Pero en la costa oeste, los estados de California, Washington y Oregón se comprometieron a blindar el derecho al aborto mediante una serie de acciones conjuntas que calificaron como "West Coast offensive" (la ofensiva de la costa oeste).

El plan prometido por los gobernadores de estos tres estados, todos ellos de mayoría demócrata, incluye un programa para defender al personal sanitario que trabaja en clínicas de aborto y medidas de apoyo para las mujeres que viajen desde otros estados en los que la práctica está prohibida.

"Trabajaremos duro para proteger sus derechos y su seguridad", insistió en un mensaje en video Gavin Newsom, gobernador de California, el estado más poblado de EE.UU., con casi 40 millones de habitantes.

Según la Universidad de California en Los Ángeles, entre 8.000 y 16.000 mujeres podrían desplazarse a California anualmente tras el fallo del Supremo.

Incluso empresas grandes del país como JP Morgan, Disney, Meta, Yelp y Netflix anunciaron que pagarán los viajes de sus empleadas que deseen abortar y deban desplazarse a otros estados para hacerlo.

Biden: decisión Terrible

Mientras, el presidente Biden reiteró ayer que la Suprema "ha tomado una decisión terrible", "extremista y fuera de lugar", pero ve al Tribunal como legítimo y lo respeta, dijo Karine Jean-Pierre, vocera de la Casa Blanca.

El presidente aseguró que él y su esposa Jill saben lo "dolorosa y devastadora" que es esta decisión para muchos estadounidenses y recordó que a partir de ahora el derecho al aborto dependerá de cada estado, por lo que se comprometió a garantizar su supervisión y a que estos cumplan con sus propias leyes.

Mientras, en varias ciudades de un EE.UU. aún en shock ayer se produjeron nuevas protestas contra la decisión, las más masivas en Nueva York, Chicago, Seattle, Atlanta y Los Ángeles.

En el resto del mundo también se extendieron las posiciones críticas, como la del canciller alemán, Olaf Scholz, quien llamó a defender "los derechos de las mujeres". En Francia, finalmente, se debate la inclusión del derecho al aborto en la Constitución, con apoyo del Gobierno, dijo la primera ministra Élisabeth Borne.