En el Palacio Vergara de Viña del Mar se exhibió durante algunas semanas un conjunto de pinturas y esculturas en homenaje a los hechos de violencia que comenzaron a tener lugar en Chile a partir de octubre de 2019 y que causaron un enorme daño al país y a sus habitantes.

Constituía así, esa exposición, una apología de la violencia tanto vandálica como, también, insurreccional. Por este motivo, surgieron voces pidiendo se le pusiera término. En respuesta, sin embargo, no faltaron quienes salieron a defenderla porque ella habría constituido una muestra de arte, motivo por el cual su exhibición estaría más allá de cualquier crítica que no sea la propia del arte; es decir, acerca de si ella lograba o no transmitir un sentimiento de belleza sin importar cuál era el contenido de las imágenes que mostraba. Una crítica elaborada por un motivo distinto a éste hubiera constituido una especie de intento de censura a la obra en cuestión, inaceptable para una manifestación artística.

La alcaldesa de Viña del Mar, con cuya anuencia se montó la exposición, dispuso en definitiva su clausura, pero sólo por el peligro de acciones que podrían haber dañado al mismo palacio Vergara. Se impone, por lo tanto, una reflexión acerca de esta controversia.

Las obras humanas, cualesquiera sean ellas, pueden ser juzgadas tanto desde el punto de vista artístico -¿es o no es bella?- como desde el punto de vista moral, esto es, acerca de si es conveniente o no para el bien humano. Es desde este último punto de vista que se puede concluir cuán inconveniente era la exaltación de una violencia como la que mostraba esa exposición y. sobre todo, porque a quienes más perjudicó fue a los sectores más modestos y vulnerables de nuestra sociedad. Una violencia que, de haber prosperado, en lo único que hubiera terminado -y puede aún terminar- es en la destrucción del orden social, con daño para todos, especialmente, como ya lo dijimos, los sectores más débiles. Fue, por lo demás, lo que sucedió en todos los países donde triunfaron las ideas que animaban a una violencia del mismo signo: la dictadura del proletariado, que en su tiempo prometían, derivó en una dictadura contra el proletariado, al cual terminaron simplemente por triturar.

Es, sin duda, lo que hubiera sucedido en Chile hace ya casi 50 años, de haberse permitido que el poder político de entonces hubiera terminado de destruir el frágil orden social en el cual vivíamos y hubiera instalado entre nosotros, como lo pretendía, una dictadura comunista similar a la de la Unión Soviética o de Cuba. El país recurrió a sus FF.AA. y de Orden quienes, después de mucho oponerse y sólo cuando advirtieron que eran el último recurso, procedieron a deponer ese poder que, habiendo sido legítimo en su origen, ya era ilegítimo por su mal ejercicio, y a asumir el gobierno de la Nación. Los resultados son bien conocidos: el país, de haber estado al final en la lista de los países del continente, pasó a encabezarlo. Lo cual no fue para nada fácil. Fue una estrategia que se fundamentó en la capacidad de las personas de hacer un uso responsable de su libertad y de administrar con éxito los recursos de que el país disponía sobre la base de garantizar adecuadamente el ejercicio del derecho de propiedad. Exigió de todos mucho esfuerzo y disciplina.

Un personaje clave tanto en la decisión de las FF.AA. y de Orden de deponer el régimen marxista como en la estrategia que nos condujo a ese resultado fue el almirante José Toribio Merino Castro. Es cierto que, en medio de la lucha insurreccional que se desató en Chile a partir de la decisión militar, se cometieron abusos y algunos muy graves. Aunque en esta materia no se conoce ningún procedimiento judicial adverso al almirante Merino, un tribunal de la República los ha invocado, junto al mismo hecho del pronunciamiento militar, para decretar que una estatua que lo representa, ubicada a la entrada del Museo Naval y Marítimo en Playa Ancha, debe ser removida; sin tener en cuenta para nada que esa obra, una escultura, también dispone de una dimensión artística.

En lo que importa, cabe consignar que esos abusos no desvirtúan, de ninguna manera, la legitimidad y, menos aún, la necesidad del pronunciamiento militar al cual nos hemos referido y, tampoco, el éxito final del gobierno que rigió los destinos del país entre 1973 y 1990 hasta entregarlo en paz, en orden y claramente en el camino del mayor progreso que ha obtenido en su historia.

La violencia que brotó en Chile a partir de octubre de 2019 era destructora del orden de nuestra patria y conductora a la anarquía social. Tal como aquella que el almirante Merino se vio obligado a enfrentar en el año 1973, haciendo uso del derecho a la legítima defensa nacional. Los mismos que las practicaban son los que ahora condenan al Almirante y piden que se borre de él todo vestigio.

Fue, sin duda, porque la decisión en la que él participó trajo la paz y el bienestar para Chile, los mismos que ahora estamos perdiendo.