Cada vez falta menos para que la Convención Constitucional presente la propuesta definitiva de nueva Constitución, en un acto de cierre programado para el lunes 4 de julio. Todo esto, mientras se afinan los últimos detalles de un texto cuyo grueso ya estaba definido hace varias semanas, pero que de todas formas sigue causando debate por las importantes modificaciones que conlleva, sobre todo en el plano institucional, más aún en lo relativo al sistema electoral y político, en caso de que se apruebe el texto en el plebiscito de septiembre.

Sobre el primero, el borrador establece que "la ley creará un sistema electoral conforme a los principios de igualdad sustantiva, paridad, alternabilidad de género y los demás contemplados en esta Constitución y las leyes. Dicho sistema deberá garantizar que los órganos colegiados tengan una composición paritaria y promoverá la paridad en las candidaturas a cargos unipersonales. Asimismo, asegurará que las listas electorales sean encabezadas siempre por una mujer".

Por otra parte y haciendo un símil a lo que fue precisamente la elección de los constituyentes, también se plantea la figura de los escaños reservados para pueblos originarios, que tendrían participación en comicios a nivel nacional, regional y local, representando un cambio inédito para el país. En el caso de los cupos para la Cámara de Diputadas y Diputados, "serán elegidos en un distrito único nacional. Su número se definirá en forma proporcional a la población indígena en relación a la población total del país. Se deberán adicionar al número total de integrantes del Congreso".

En cuanto al sistema político, sin duda una de las transformaciones más relevantes guarda relación con el Parlamento. Con el término del Senado para 2026, se instalaría la denominada Cámara de las Regiones, con representación local y que a diferencia de la actual institución -la cual tiene injerencia sobre todas las leyes-, solo podrá conocer aquellas normativas de acuerdo regional, entre las que se encuentran las que reformen la Constitución o bien, que irroguen gasto del Estado. Todo esto, ciertamente, aviva el ya extenso debate respecto de si lo que tendríamos sería un "bicameralismo asimétrico" o un "unicameralismo atenuado".

Pero eso no es todo. En el caso de la figura del Presidente de la República, la propuesta de nueva Constitución elimina su iniciativa exclusiva, reemplazándola por leyes de concurrencia presidencial necesaria, las cuales pueden ser abordadas por los parlamentarios mediante proyectos de ley, pero requerirán del patrocinio de la Primera Autoridad para que sean promulgadas.

Ardua discusión legislativa

En caso de que el próximo 4 de septiembre se imponga la opción del Apruebo, el Presidente Gabriel Boric tendría que enviar en octubre de 2023 el proyecto para adecuar la legislación lectoral a los varios cambios que impone la nueva Constitución. Frente a este escenario, el cientista político y académico de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), Nicolás Freire, parte desde la base de que "hay cosas que son transversalmente reconocidas, valoradas y dispuestas a promoverse (concepto de paridad); y otras que buscarán promoverse de forma distinta", como es el caso de los escaños reservados.

Eso sí, el doctor en Estudios Americanos se detiene en un tercer punto, donde se encuentran materias que indudablemente generarán mayor debate, como es el caso del cambio nominal de Senado a Cámara de las Regiones. Esto último, a su juicio, se trata de un tema "un poco más espinoso y sobre el cual va a ser muy difícil que se llegue a un acuerdo político para implementar el contenido que se encuentra en el borrador. En este tercer punto, en virtud del trabajo legislativo y político que habrá detrás, va a haber cosas sobre las cuales no van a estar dispuestos a legislar la implementación, pero sí es más probable que se encuentren acuerdos para reformarlas".

el actual periodo legislativo podría estar marcado por la implementación y reformas a una nueva institucionalidad política.

Nicolás Reyes Acevedo

reportajes@mercuriovalpo.cl