Desde una óptica similar, el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central (UCEN), Marco Moreno, dice que tomando en cuenta que sería el Parlamento quien defina la futura legislación electoral, "eso va a requerir de bastante trabajo político, en el sentido de buscar los acuerdos y entendimientos en un Congreso que está fragmentado, donde el gobierno no tiene mayoría y algunos sectores van a quedar bastante disminuidos, como es el caso del Senado, que desaparece el próximo 11 de marzo de 2026, y esos elementos van a tener que jugar en el proceso para buscar acuerdos y entendimientos que permitan llevar adelante una legislación electoral".

Permura del tiempo

Para Moreno, uno de los principales desafíos del Parlamento para hacer las modificaciones en esta área, dicen relación con la proximidad de las elecciones presidenciales y legislativas de 2025, lo que dejaría solo dos años para preparar el nuevo sistema. "Eso va a requerir de cierta conducción por parte del gobierno para sacar adelante la nueva legislación, que de acuerdo al mandato de la Constitución, ahora va a quedar sujeta a una ley que se debe aprobar de forma especial para estos efectos", adelanta.

El doctor en Ciencia Política advierte que si bien no será algo sencillo "hay un horizonte de tiempo para ver si pueden lograr acuerdos intertemporales. Todo eso les va a imponer la obligación de tener que llegar a un acuerdo o entendimiento, y el liderazgo va a tener que llevarlo el gobierno, que hasta ahora, especialmente el ministro Giorgio Jackson (Segpres), ha tenido dificultades para avanzar con acuerdos legislativos en el Congreso, como ya vimos con los casos del quinto retiro y el estado de excepción acotado".

Por su parte, el periodista y analista político de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Felipe Vergara, considera que la implementación de la nueva institucionalidad sería compleja, precisando que "aún falta muchísima información y más claridad respecto de cómo se van a implementar esas normativas, porque una cosa es lo que plantea la Constitución y otras son las normas de implementación de lo que el texto plantea. Toda ley tiene su reglamento, que es el que la debe aplicar, pero aquí no se sabe mayormente de un reglamento, que claramente no puede haber uno mientras no esté aprobada la Constitución o la normativa".

"Ya definida por la Constitución, la implementación se debe llevar adelante. Creo que en eso el texto es bastante engorroso, poco claro y eso abre posibilidades para que las percepciones de quienes van a tomar decisiones respecto a esos procesos sean menos uniformes, es decir, no hay un criterio común para decir cómo se va a llevar adelante, cuál es la real representatividad de un sector u otro; cuáles son las reales funciones de la Cámara de las Regiones; hasta qué punto los pueblos originarios van a estar representados. Una serie de incógnitas que no están claras", agrega el experto en marketing político.

Idea mal implementada

Respecto del nuevo organismo que operaría de forma paralela con el Congreso de Diputadas y Diputados, Felipe Vergara lamenta que "se va a abocar a temas muy específicos y muy acotados, y eso no es del todo bueno. En beneficio de eso mismo, hoy las atribuciones que tenía el Senado, eran también excesivas y no le permitían a las leyes avanzar y fluir rápidamente. Creo que se pasó un poco la mirada y en vez de reajustar la Cámara Alta, se optó por eliminarla y crear esta figura poco clara, sobre todo en las atribuciones y el rol que va a desempeñar, situación que se fue modificando durante el transcurso de la Convención".

En la misma línea, puntualiza que queda la sensación "de que quizás lo más lógico era modificar las atribuciones del Senado, en vez de crear un órgano desde cero, sin tener claridad de cuáles van a ser sus reales alcances". Además, plantea que el modelo propuesto representa un "bicameralismo asimétrico", por cuanto se trata -básicamente- de dos organismos que si bien ven algunos temas en común, cuentan con características diferentes.

Nicolás Freire, en tanto, declara estar de acuerdo con el cambio nominal, que en términos prácticos, no afecta el corazón de las Cámaras. Al respecto, afirma que "la naturaleza de la idea responde muy bien a lo que se pretendía con esta nueva Constitución, al privilegiar ciertas autonomías; qué bueno que estén representadas las regiones y se den espacios donde la autonomía tenga incidencia".

"Pero el problema es que no tienen incidencia", repara Freire, detallando que la principal crítica "es que se le quitaron atribuciones desde el punto de vista legislativo sobre algunos temas y si queremos valorar el principio de descentralización y autonomía, involucra que tengan un peso importante a la hora de tomar decisiones sobre el país y no solamente sobre lo que las regiones les implica; y además, con la tremenda dificultad de entender después qué será de acuerdo regional, porque hay determinadas materias que van a influir sobre un ciudadano, pero en su región".

En síntesis, y al hacer una evaluación positiva del texto constitucional en su globalidad, el académico estima que el organismo que sustituye al Senado "fue una idea mal implementada. Además, debería tener un mayor énfasis en la regionalidad de quien los representa, es decir, allí faltan normas y consideraciones que los actuales Congresos nunca han estado dispuestos a hacer con respecto a esas normas, porque son incumbentes, respecto de que, por ejemplo, quienes representen a las regiones, tengan un vínculo real con esos territorios".

Temas a mejorar

"Si uno cree este argumento de algunas fuerzas de centroizquierda, que llaman a 'aprobar para reformar', probablemente eso signifique introducir modificaciones a la Cámara de las Regiones para dotarla de mayores facultades y equipararla en alguna medida al Congreso de Diputadas y Diputados que establece la nueva Constitución", desliza Marco Moreno, quien considera que en la eventualidad de que se imponga el cambio de Carta Fundamental, este podría ser uno de los temas a reformar para dotar de mayores atribuciones al organismo y, al menos, equilibrar la asimetría.

"Este desequilibrio, va a buscar equilibrarse por la vía de la reforma e incluso algunos han apuntado a cambiar de nombre a la institución. Eso forma parte de la estrategia que aprobó hace unos días el PPD, en la idea del 'aprobar para reformar' y una de las cuestiones que se plantean, va a ser cómo se dota de mayores facultades a las Cámaras de las Regiones, corrigiendo la asimetría muy marcada a favor del Congreso", reitera el académico de la UCEN.

En la misma línea, el experto asevera que tras el clima de polarización que conllevó el proceso constituyente, "debiera volver el poder al sistema político y una vez que esto ocurra, eso va a implicar una posibilidad real de perfeccionar el texto que eventualmente se apruebe en septiembre. Es decir, existe la voluntad y la capacidad política para hacer esto. Van a tener al menos dos años por delante para transitar en esta dirección, que podríamos llamar de perfeccionamiento o corrección constitucional que harán las fuerzas políticas representadas en el Congreso".

Vergara, en tanto, enfatiza en la necesidad de reformar la Carta Magna en caso de que apruebe. "No salió el texto que uno suponía era el más adecuado, por eso ya se habla de ciertas reformas a temas que no quedaron bien plasmados en la Convención. Así como está, se hace bastante difícil llevar adelante un modelo de modernización del país", remarca. 2

En lo que respecta al veto disminuido con que contaría el Presidente de la República tras la eliminación de su iniciativa exclusiva, Felipe Vergara asevera que desde cierto punto de vista, esto ya estaba ocurriendo, a propósito de los retiros de las AFP, por lo cual no ve mayores problemas al cambio. "Con eso también se elimina el exceso de presidencialismo que tenemos en el país, donde muchas leyes tienen que partir por iniciativa del Mandatario y creo que eso atenúa un poco su rol y es un punto importante a destacar", indica.

Nicolás Freire, en tanto, también valora esta modificación, por su aporte a disminuir el hiperpresidencialismo "que caracteriza no solo el caso chileno, sino que buena parte de Latinoamérica". De todas formas, advierte una "sobrefragmentación" del órgano legislativo, argumentando que los parlamentarios "van a tener mayores facultades, un poder muy válido para la democracia, pero que en condiciones en que no se logren importantes acuerdos o no se ordenen detrás de ciertas banderas, les va a dar un poder de chantaje".

"Eso podría ocurrir, en virtud de cómo quedó diseñado no solo el poder disminuido del Presidente, sino que también el cómo se conforman las Cámaras, habría que haber puesto un poco más de énfasis allí también", agrega el académico de la USACH.

Siguiendo la línea de lo señalado con respecto a la Cámara de las Regiones, Marco Moreno considera que las atribuciones del Presidente podrían ser otro de los temas susceptibles de reformar y corregir en la nueva Constitución, considerando la mencionada postura del PPD, a la cual bien podrían plegarse otras fuerzas de Socialismo Democrático, como son el PS, PR y PL.

"Creo que la estrategia de 'aprobar para reformar' (…) va a intentar reformar algunas de las atribuciones que aparecen más limitadas en el caso de la Presidencia de la República, y que son de alguna manera trasladadas al Parlamento. También en ese ámbito debiéramos esperar una estrategia reformista por parte de los partidos de centroizquierda, que probablemente encuentren apoyo en la oposición, que también defendieron las prerrogativas de un sistema presidencialista", apunta. 2