Explotación y delito en problema habitacional
El caso de la alcaldesa de Nogales y de una exconcejala de Cabildo revela un uso abusivo de la condición de autoridad. Según la Fiscalía, ante el retraso en lograr la anhelada meta habitacional, las personas imputadas dieron a los afectados explicaciones falsas sobre la tardanza en la tramitación de sus proyectos.
De un modo u otro, la falta de probidad aparece en el ámbito municipal, donde la figura de algunos alcaldes se empaña ante graves acusaciones que llegan a los estrados judiciales. Ahora ha estallado en la Región el caso de Margarita Osorio, alcaldesa reelegida de la comuna de Nogales, quien ha sido formalizada por una estafa que afecta a 450 modestas familias de la localidad de El Melón, en la comuna señalada, y de Cabildo, Provincia de Petorca.
En audiencia de formalización el fiscal Patricio Toro, detalló que la alcaldesa Osorio, junto a la exconcejala de Cabildo Juana Zamora y el arquitecto Mauricio Torres, ofrecieron a los afectados "la posibilidad de participar en un proyecto social habitacional, fingiendo seguir el proceso regular para el desarrollo de un proyecto inmobiliario que nunca fue ejecutado". Para participar los interesados pagaron $168 millones en la comuna de Cabildo y $5.850.000 en la localidad de El Melón.
Según el persecutor, ante el retraso en lograr la anhelada meta habitacional, las tres personas implicadas "usando siempre un lenguaje técnico, les dieron a los afectados explicaciones falsas sobre la tardanza en la tramitación del cambio de uso de suelo y los proyectos de Agua Potable Rural".
Ante las revelaciones detalladas por el fiscal, el juez de garantía, Nelson Fernández, reconoció la existencia de "antecedentes acreditatorios y probatorios, que dan cuenta de una arquitectura destinada a obtener recursos económicos, en este caso dinero, proveniente de gente especialmente modesta, carenciada, ilusionada con el fin que es, y yo diría que todas las personas tenemos, el de la casa propia".
Tras las pruebas, resultado del trabajo de dos años de la Unidad Regional Anticorrupción de la Fiscalía, el tribunal estableció un plazo de investigación de 90 días, fijando la cautelar de arresto domiciliario total para la alcaldesa Osorio, que mantiene su cargo, y nocturno para la exconcejala Zamora. La medida incluye arraigo nacional y prohibición de cualquier contacto con las víctimas.
Margarita Osorio rechazó los cargos, afirmó que se trataba de una "persecución política" y anunció un recurso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Este ilícito, con resoluciones tras una larga indagación de la Fiscalía, evidencia, una vez más, la explotación del problema habitacional de familias modestas, explotación que además de inmoral, cae en lo delictual mediante formas sofisticadas, como la presente estafa, hasta otras que llegan al homicidio, caso de Alejandro Correa, asesinado por un sicario en Concón. Además, la gravedad de la situación de Nogales y Cabildo reside en que personas revestidas de autoridad -una alcaldesa y una exconcejala- usan su condición para cometer un grave delito. Esta utilización debería constituir una agravante a la hora de la sentencia.