Tras un año de trabajo, la Convención entregará mañana su propuesta de Constitución Política de Chile al Presidente Gabriel Boric. La ceremonia será sencilla, pero tendrá algunos gestos simbólicamente significativos. Por ejemplo, al inicio entonarán el Himno Nacional los integrantes de las orquestas juveniles, FOJI, los mismos que fueron interrumpidos en la ceremonia de apertura del 4 de julio del 2021. Luego, el secretario de la Convención, John Smok, certificará que no queden votaciones pendientes y hará entrega de tres ejemplares del texto a la presidenta y el vicepresidente del órgano constituyente, María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, respectivamente. Ellos harán la entrega oficial de la nueva Constitución al Mandatario, quien acompañado de los ministros del Interior, Izkia Siches, y de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, deberá suscribir el decreto por el cual se convoca al plebiscito nacional del 4 de septiembre. Finalmente, habrá una interpretación musical del maestro Valentín Trujillo, quien dará el cierre oficial a la ceremonia y a la Convención Constitucional.

Aunque frente a los micrófonos el Presidente Boric prefiera rechazar la idea, el acto que disuelve la Convención abre un camino que el Gobierno y el proceso constituyente caminarán juntos. Por ello, la misión inevitable del gabinete será pensar en todos los escenarios que podría enfrentar el país a partir de los dos eventuales resultados de septiembre. Ya es evidente que las campañas por el Apruebo y el Rechazo tenderán a polarizar al electorado, provocando un ruido ambiente que podría afectar el principal objetivo de los próximos dos meses: explicar pros y contras de la propuesta, situarla en el contexto que vive el país y proyectarla en sus aplicaciones y consencuencias. Para el Poder Ejecutivo y sus autoridades, incluidas aquellas de alcance regional y provincial, el desafío será mantener la neutralidad frente a los actos de la campaña que partirá el 4 de agosto. Más allá de las preferencias personales, el ejercicio de un cargo en el aparato estatal exige prescindencia y probidad, más aún en momentos claves para el futuro del país.

La ceremonia también marcará el retorno de los convencionales a sus labores habituales. Salvo Jorge Arancibia, quien ya anunció su retiro de la vida política, a muchos de ellos los veremos como protagonistas en el próximo ciclo, cuando ya haya pasado el año de inhabilidad que deben esperar antes de postular a cargos de elección. Carolina Vilches, Lisette Vergara, Cristóbal Andrade, Ruggero Cozzi, Claudio Gómez, Janis Meneses y Miguel Ángel Botto, por el Distrito 7. Jaime Bassa, María José Oyarzún, Raúl Celis, Camila Zárate, Tania Madriaga y Agustín Squella, por el Distrito 7. Los convencionales de la Región de Valparaíso cierran su participación en la instancia que redactó la propuesta constitucional, pero abren un nuevo ciclo, uno en el cual deberán rendir cuentas sobre el rol que desempeñaron y los aportes que hicieron.

Hace algunos años, nadie en Chile hablaba de inflación. A pesar de que siempre han existido las alzas de precio, los niveles de estas en nuestro país eran tan marginales que la inflación nunca fue tema en las portadas de diarios ni tampoco en la sobremesa familiar.

Lamentablemente, el panorama actual es absolutamente distinto. La inflación es un tema cotidiano y está en las conversaciones y decisiones del día a día. Los niveles de inflación actual, con los tres últimos meses sobre el 1% mensual y con un acumulado acercándose al 12% anual, corresponden a niveles no vistos desde los años 90 en nuestro país.

El objetivo de esta columna no es tratar de explicar o justificar el origen de este fenómeno, sino que reflexionar cómo la inflación afecta a la ciudadanía, sobre todo a los más pobres, sobre la base de la idea que la inflación es un impuesto a ellos. Si bien la inflación no es un impuesto por definición, son las personas de menos recursos las que más tienen que "pagar" o bien, son a quienes más les afecta el escenario actual.

Para entender este concepto hay que considerar que todas las familias dedican parte de sus ingresos al consumo: alimentación, transporte, vestuario, etc. A mayor nivel de ingreso, el consumo nominal es más alto; sin embargo, el consumo relativo, vale decir, respecto del ingreso, es más bajo. A modo de ejemplo, una familia con un ingreso de 700 mil pesos podría destinar el 50% de este a consumo, vale decir, 350 mil. En la otra vereda, una familia con ingresos por 4 millones podría destinar 1 millón a consumo, lo que representaría solo un 25% de sus ingresos. En función de esto, quienes más destinan sus ingresos a consumo son las familias más pobres y, por ende, es a quienes más afecta este proceso inflacionario.

En segundo lugar, las familias de menores ingresos tienen un alto nivel de deuda, dado que, muchas de ellas, consideran el uso de tarjetas de crédito como herramienta para lograr gestionar sus ingresos. La inflación ha obligado al Banco Central a subir la tasa de interés, por lo que el uso de estos instrumentos se hace cada vez más oneroso, afectando directamente a los hogares con menores ingresos. Finalmente, estos niveles de inflación generan una alta barrera para la adquisición de propiedades, por los precios indexados en UF y las altas tasas de los créditos hipotecarios. En ese escenario, quienes tengan menos capacidad de ahorro son quienes más dificultades tienen en el proyecto de comprar una casa o departamento, estando obligados a seguir pagando un arriendo, los que, dado el mismo fenómeno, no han parado de subir.

Se hace de vital importancia el adecuado manejo de esta situación, ya sea por el Banco Central, organismo obligado por ley a controlar la inflación, así como del Gobierno, dado que, como ya se ha demostrado, quienes más efectos negativos tienen con ella son los sectores más desposeídos de nuestra sociedad.

La inflación que está viviendo el país nos está pegando duro como a todas las familias chilenas, obligadas a ajustar sus presupuestos para lograr salir adelante cada mes. Nosotros estamos en ese mismo esfuerzo de ajuste para sostener la operación regular de nuestros programas que atendieron el año pasado a más de 33.400 personas en extrema vulnerabilidad, abandono y pobreza, y a las que no podemos dejar en la indefensión. Se trata de adultos en situación de calle, con discapacidad mental, con consumo problemático de alcohol y otras drogas; de adultos mayores, de niños, niñas y adolescentes excluidos del sistema escolar, de lactantes y párvulos de los territorios más críticos del país, de los marginados del mercado laboral.

El Hogar de Cristo en sus programas residenciales es igual que una casa, con el agregado de que alberga a los más pobres entre los pobres, y eso significa alimentarlos, abrigarlos, darles atención especializada en muchos casos, trasladarlos a sus controles médicos y a todo tipo de trámites.

Hasta mayo habíamos cumplido a cabalidad nuestro presupuesto. Sin embargo, el alza del IPC -conocido y padecido por todos- hace suponer que la variación de precios superará el 11% anual, lejos de lo que habíamos presupuestado. Esa diferencia nos está golpeando duro, sobre todo la fuerte alza de los precios de los alimentos y de los gastos básicos: del combustible, tan necesario para pasar este tan frío invierno, y de los productos de aseo y sanitarios, porque la emergencia por covid-19 no amaina. Así, hemos tenido que suspender algunos proyectos para ahorrar y contener el incremento del gasto y hacer esfuerzos de creatividad para allegar nuevos ingresos.

Otro desafío 2022 tiene que ver con el fortalecimiento del vínculo con las autoridades del nuevo Gobierno, que -como era de esperarse- ha demorado su instalación, retrasando estas coordinaciones. También se está postergando la agenda legislativa y de avances administrativos a la espera del resultado del plebiscito de salida con la nueva Constitución.

Son tiempos de espera, pero sobre todo de inflación, un fenómeno que las actuales generaciones desconocen y que no solo afecta al Hogar de Cristo. Sabemos que otras fundaciones, con operación residencial, están padeciendo problemas similares. Nosotros tenemos 30 jardines infantiles y salas cuna en todo el país, los que atienden a 8 mil niños en sectores vulnerables; en las hospederías hay más de mil 500 camas que cada noche reciben a personas que viven la pobreza más cruda, la de la calle. A ellos nos debemos, y a la defensa de sus derechos y necesidades básicas.

Desde hace años hacemos un ejercicio de transparencia, que es lo que pide la sociedad y nuestros socios y colaboradores, publicando una detallada Memoria anual, que da cuenta de todos los aportes que recibimos y de cómo se utilizaron en los distintos programas a lo largo de Chile. La del 2021 ya está disponible en www.HogardeCristo.cl. Es digital y clarísima. Detalla cuánto cuesta la manutención mensual de cada una de las personas que atendemos.

Esos números ayudan a dimensionar lo compleja que está resultando nuestra operación, con una inflación que se incrementa mes a mes y golpea a nuestros donantes, chilenos comunes y generosos, cuyo aporte mensual promedio es de 7 mil pesos. Ellos y nosotros estamos lidiando con el alza del costo de la vida, pero amamos la vida y por eso sabemos que los más pobres necesitan que nos esforcemos y sigamos trabajando por ellos con la ayuda y creatividad de todos.