La Convención Constitucional concluyó su trabajo y ha entregado formalmente la propuesta de nueva Constitución que será plebiscitada el próximo 4 de septiembre. Lo ha hecho en una ceremonia impecable, muy diferente a la de inauguración. Esta vez no hubo pifias al himno nacional, así como tampoco hubo convencionales encarando a funcionarios públicos ni altercados entre manifestantes y carabineros a los alrededores del edificio del ex Congreso Nacional.

Pero, así como la ceremonia de cierre grafica un cambio extraordinario en la manera en que los convencionales constituyentes ahora se comportan frente a las cámaras, lamentablemente no podemos decir lo mismo de la propuesta que ellos mismos nos ofrecen. Un texto que, artículos más o artículos menos, es prácticamente idéntico al de hace poco más de un mes. No podía ser de otra manera, pues pese a las recomendaciones de esperar el producto final antes de juzgarlo, las cartas ya estaban echadas.

Desde ahora comienza la etapa final, una que, tal como mencionó ayer el Presidente Boric, nos convoca a "debatir intensamente sobre los alcances del texto propuesto, mas no sobre falsedades, distorsiones o interpretaciones catastrofistas ajenas a la realidad". Las palabras del Mandatario dejan entrever una sutil crítica a los detractores de la propuesta constitucional, como si aquellos fuesen meros anunciantes de un apocalipsis que no vendrá. Poco se habla, empero, de quienes cumplen ese rol a la inversa, ofreciéndonos un paraíso a punta de declaraciones bien intencionadas. Porque por más que la propuesta consagre el "derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia", la calle nos habla en sus propias coordenadas. Parafraseando al Presidente, se trata de falsedades o declaraciones fantasiosas ajenas a la realidad.

Quien haya seguido la discusión en los medios sabe muy bien que hay tantos constitucionalistas que votarán a favor de la propuesta como constitucionalistas que votarán en contra; no necesariamente porque existan diferencias interpretativas sobre algún pasaje ambiguo del texto, sino más bien por la diferencia en la predicción de los efectos que producirán algunas normas que son claras. Y es que, así como en toda elección, el dilema no es de carácter interpretativo, sino más bien de gestión de riesgos.

Como yo, hay muchos que creen que esta propuesta de Constitución implica un peligro para el correcto funcionamiento de nuestras instituciones. No nos convence, por ejemplo, la integración del Consejo de la Justicia y sus competencias exorbitantes sobre todo el sistema judicial, porque creemos que puede horadar la independencia de los jueces; ni la equiparación entre partidos políticos y las llamadas "organizaciones políticas", porque pensamos que debilita el sistema de representación; ni tampoco la posibilidad de que los parlamentarios puedan presentar proyectos de ley que irroguen gasto público, porque consideramos que abre la puerta a la irresponsabilidad fiscal; ni mucho menos la eliminación del pago al contado en materia de expropiación, que estimamos podría llevar al despojo de la propiedad a través de instrumentos de deuda -como bonos del Estado-, afectando su debida protección.

Estos ejemplos, como tantos otros, demuestran que se puede tener una opinión crítica de la propuesta sin caer en la caricatura ni ser caricaturizados. La evidencia comparada nos enrostra que estos riesgos sí se pueden materializar, siendo precisamente la posibilidad de su concreción lo que justifica la existencia de normas constitucionales.

Los meses que vienen serán intensos y nos veremos enfrentados a campañas electorales que exacerbarán las virtudes y defectos de la nueva Constitución. Por supuesto que habrá exageraciones, frases sacadas de contexto y profecías que quizás nunca se cumplan, así como buenas dosis de charango y desfile de rostros de televisión. No somos ingenuos. Será la propia ciudadanía la que deberá separar la paja del trigo y tomar su decisión en base al texto, al comportamiento que mostraron los convencionales, o vaya a saber uno a qué. Cada voto valdrá lo mismo con independencia de su motivo, y cualquiera que sea la opción ganadora la cuestión constitucional seguirá abierta, ya sea para reformar lo aprobado o para iniciar un nuevo proceso. Y es que eso es lo único que sabemos con certeza: que cuando nos levantemos el 5 de septiembre, el dinosaurio todavía estará allí.