Hace unas semanas conocimos la lamentablemente noticia de un joven de 16 años de la Isla Santa María, en la Región del Biobío, que falleció debido a la falta de acceso oportuno y expedito a la atención en salud. Del mismo modo, en otros planos de derechos de las niñeces y adolescencias hemos sido testigos de la agudización de diversas problemáticas sociales que afectan su pleno bienestar integral.
En Chile, los niños, niñas y adolescentes, en adelante NNA, ascienden a 4.259.155 (Censo 2020), representando el 24,2% de la población. El 43,5% de los hogares se encuentra compuesto por NNA y en el grupo de menores ingresos aumenta a casi 6 de cada 10, donde NNA enfrentan diversas barreras, como el aumento de la vulnerabilidad social, la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional (Casen 2020), concentradas en la primera infancia, las niñeces migrantes y rurales. En la Región del Biobío, casi 6 de cada 10 hogares se ubica entre el 40% más vulnerable (Registro Social de Hogares 2020).
Son situaciones de vulnerabilidad preocupantes que se agudizan con el aumento de las violencias y la exposición de NNA a entornos de riesgo, destacándose, por ejemplo, que 6 de cada 10 NNA entre 5 y 12 años han sufrido algún tipo de maltrato físico o psicológico (ELPI 2017), que 6 de cada 10 han presenciado situaciones de consumo, tráfico o microtráfico de drogas, y que 5 de cada 10 han presenciado o vivido violencia en su área residencial, contextos sociales muchas veces invisibilizados para lograr una comprensión social compleja de la realidad.
Si bien hemos sido testigos de la preocupación generada por la participación de NNA en situaciones de violencias y/o comisión de delitos, debemos preguntarnos por las causas que generan ello, más allá de poner el foco en tratar sus síntomas o consecuencias, implicando no solo generar políticas para que no cometan delitos, desde un enfoque de control, reinserción social y/o preventivo, sino también desde un enfoque promotor y de garantías de derechos solo por el hecho de ser NNA, como por ejemplo, su derecho a ser protegidos y vivir en un medioambiente libre de violencias o tráfico (Art. 33 de la Convención sobre los Derechos del Niño).
Se requiere salud y bienestar, entorno familiar y cuidado, entre otras áreas de derechos, y contar con políticas articuladas y sistemas integrales que permitan garantizarlos y protegerlos mediante acciones dirigidas a NNA, sus familias y comunidades.
La Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia viene a resguardar y garantizar efectivamente la protección de sus derechos, lo que debe ir de la mano con el aumento de inversión pública y el diseño de políticas con una mirada comprensiva, multisectorial y de acompañamiento.
Finalmente, una reflexión clave: los mejor indicadores de desarrollo de un país son, sin duda, las condiciones en que nacen, viven y se desarrollan los niños, niñas y adolescentes, y de nadie más que de nosotros(as) depende.