El 13 mayo pasado, la Municipalidad de Viña del Mar llamó a concurso público para la provisión de personal en escalafones administrativos y directivos. El lunes de esta semana, la página oficial del municipio publicó la resolución respecto de dos cargos, cuya definición despertó serios cuestionamientos de algunos concejales y el diputado del Partido Republicano Luis Sánchez, porque las personas elegidas serían afines políticamente o cercanas personalmente a la alcaldesa, Macarena Ripamonti. Bajo algunos análisis, el proceso habría sido demasiado vago en la descripción de algunos cargos y muy específico en los requisitos que debían cumplir los postulantes para ser seleccionados.

Para el diputado Sánchez, el caso es un ejemplo de abuso de poder por parte de la alcaldesa y afecta la capacidad del municipio para contratar personas adecuadas. La edil Antonia Scarella (Ind.-UDI), en tanto, dijo que era necesario indagar las denuncias y que, de ser ciertas, la actual gestión viñamarina caía en la inconsecuencia de aplicar las mismas malas prácticas que tanto criticó de la administración anterior.

El concejal Carlos Williams, quien encabeza el Concejo Municipal cuando se ausenta la alcaldesa por su calidad de edil más votado, propuso acudir a la Contraloría para que sea este organismo el que zanje el actuar municipal. Si el procedimiento fue correcto y apegado a la normativa, como afirma el municipio, la Contraloría certificará los concursos realizados y aprobará las contrataciones. En caso contrario, argumenta Carlos Williams, la gestión de Ripamonti deberá rectificar según el dictamen que entregue el organismo contralor.

El cuestionamiento a este concurso se suma a las críticas que enfrentó la alcaldesa en su primera etapa de gestión, primero por los sueldos asignados a algunos personeros de su confianza, pese a que Ripamonti insistió en campaña, y luego recién electa, que el municipio vivía una crisis económica que obligaba a dar señales de austeridad. Luego, por los gremios, que acusaron malos tratos de algunos funcionarios recién llegados.

Todas estas controversias refieren a un elemento presente en la administración pública de los municipios y que adquiere especial visibilidad en una comuna como Viña del Mar. Esto es, la discrecionalidad que tiene cada alcalde para contratar a una gran cantidad de asesores y funcionarios de confianza, sin grandes controles sobre las competencias reales que dichas personas tienen para la ejecución de sus labores. Los jefes comunales no se sienten llamados a rendirle cuentas a nadie cuando se trata de sus equipos de confianza, un elemento que debería ser modificado para evitar el crecimiento inorgánico de las plantas municipales.

Una de las novedades del proyecto de reforma tributaria del Presidente Gabriel Boric, es la posibilidad de rebajar de la base imponible, vale decir, de los ingresos personales, el monto pagado por concepto de arriendo, con un tipo de 450 mil pesos mensuales. Esta medida ha sido planteada como una ayuda a la clase media. Esto es una novedad, dado que en nuestro actual sistema tributario las personas estaban imposibilitadas de rebajar de sus ingresos gastos efectivos de vida, teniendo que tributar prácticamente por los ingresos brutos.

Desde ese punto de vista, sí corresponde a una ayuda a la clase media; sin embargo, para que este gasto sea efectivo, el dueño de la propiedad tendrá que declarar el arriendo percibido dentro de sus ingresos, y, por ende, tributar sobre esto. Vale decir, no hay una franquicia real en esta medida, al contrario, puesto que, con esta medida, el Estado será más efectivo para cobrar impuesto por arriendos que actualmente no se declaran, colocando el incentivo en el arrendatario, que presionará el arrendador a declarar el ingreso para poder rebajar su pago de impuesto.

En los últimos años hemos visto una cantidad importante de empresas de asesoría financiera, así como inmobiliarias que incentivan la inversión en propiedades como una alternativa, realizada sobre un activo real, para crear patrimonio. En paralelo, las bajas tasa de interés que había en el sistema bancario incentivaron la aparición de este tipo de inversionistas, amparados, además, en los beneficios que otorga el DFL2.

Sin duda, existen algunas personas que han creado pequeños imperios sobre la base del modelo de compra de propiedades para el arriendo, pero el grueso de este tipo de inversionistas corresponde a personas de clase media, quienes, aprovechando las condiciones de mercado, han decidido invertir en un departamento para arriendo. En ese sentido, esta medida no apoya a la clase media, al contrario, puesto que es precisamente la clase media la que se verá mayormente afectada. Fuera del análisis dejamos a las inmobiliarias, que también participan de esta industria del arriendo, puesto que este sí tributa y, desde este punto de vista, su situación permanece igual, al contrario de las personas naturales, las que tendrán que llevar este ingreso al Global Complementario, como un ingreso marginal.

Sin duda, esta es una de las medidas más polémicas de la reforma tributaria, por lo que habría que esperar cómo se debate en torno a ella en el Congreso Nacional, para finalmente determinar si será o no una ayuda a la clase media.