Hace meses, en medio de una reunión con dirigentes de Valdivia, una vecina contó que tenía 15 años cuando una tarde llegó su papá muy contento a la casa contando a la familia que había obtenido el subsidio habitacional. Pasaron más de 10 años y la noticia que el papá había llevado esa tarde, lamentablemente no pasó del papel, ya que todo quedó atrapado en burocracia. Aunque entregamos esa vivienda a la familia, el triste relato de la dirigente es una realidad que han vivido muchas familias en Chile.

Bajo el convencimiento de que no hay transferencia más significativa para una persona y su familia que la entrega por parte del Estado de una vivienda en propiedad, nos dispusimos el año 2020 a trabajar en herramientas para dotar a Chile de una nueva y mejor política habitacional, una que entregara más rápidas y mejores soluciones y permitiera duplicar la superficie de las viviendas y acortar a la mitad los tiempos de espera de las familias.

Junto al subsecretario de la época, Guillermo Rolando, y con el respaldo unánime del Gobierno del expresidente Piñera y el Senado de la República, nos sentamos junto a dirigentes, parlamentarios, la sociedad civil, gremios y fundaciones con el propósito de implementar nuevas medidas accionables en el corto plazo, con el extraordinario apoyo técnico del BID. En sesenta días entregamos al país un plan con herramientas para disminuir tiempos de espera y hacer más eficientes los procesos para disponer de suelo público en las mejores zonas de cada ciudad, promoviendo así una real integración social y urbana. Creamos también el Desafío 100+100, que nos permitió triplicar las soluciones habitacionales para las familias en campamentos.

El Senado aprobó en marzo de este año el proyecto de ley de Integración Social y Urbana y las bases del plan de emergencia habitacional que lanzó hace pocos días el actual gobierno, lo que sintoniza muy bien con la naturaleza de las buenas políticas habitacionales, que deben ser políticas públicas que superen las barreras naturales de los cambios de gobierno.

Chile tiene un déficit habitacional mayor, agravado por el aumento en la vulnerabilidad de las personas como consecuencia de la pandemia y relacionada al fenómeno de una masiva migración. La actual administración tiene un desafío importante y es necesario seguir trabajando junto a los vecinos, en terreno y especialmente en regiones, para poder enfrentar con éxito un problema doloroso cuya expresión más visible es la de las familias viviendo en asentamientos precarios; lo que se advierte y vive más crudamente cuando la lluvia, el frío y el barro entran en sus hogares.

Los cambios e innovaciones que se sigan introduciendo a la política habitacional no deben desconocer, ni desde la Constitución ni desde la ley, que las familias buscan ser dueñas de una vivienda. El techo propio es el más sólido.

Analizando la propuesta constitucional que se presenta a la ciudadanía para ser votada en plebiscito, Raúl Celis Montt, quien fue integrante de la Convención, advierte sobre los riesgos de las disposiciones relativas al agua. El actual presidente regional de Renovación Nacional (RN) y exintendente de Valparaíso sostiene que la propuesta deja "a la voluntad de burócratas, de funcionarios administrativos, la entrega de permisos de agua". Agrega que eso "puede llegar a ser sumamente arbitrario".

Reconoce que se han producido abusos en el manejo del recurso fundamental para la vida humana y para muchas actividades productivas, entre ellas la agricultura, gran consumidora de agua. Recuerda que durante su administración como intendente constató esos abusos en la Provincia de Petorca, donde la situación es crítica.

La modificación que acaba con los derechos de agua, si es aprobado el proyecto constitucional, entraría en vigencia de inmediato. Así, un ente administrativo, la Agencia Nacional de Agua, manejaría la materia y es sobre la acción de esa organización en la que centra Celis sus temores, temores compartidos por amplios sectores que dependen en sus actividades del preciado recurso. Se temen discrecionalidades, como ocurre con muchas decisiones administrativas que favorecen a unos y perjudican a otros.

Estima Celis, en un plano general, que "fue un error no haber acelerado la tramitación del texto constitucional propuesto por Michelle Bachelet al término de su administración". Hace presente que ahora, con ánimo reformista, "los partidos de centroderecha agrupados en Chile Vamos ya votaron favorablemente en comisión el quorum de 4/7 y han manifestado su compromiso para efectuar los cambios que sean necesarios en la Carta Fundamental".

Haciendo un mea culpa, reconoce que "esta actitud debió haberse adoptado con mucha mayor anterioridad". Eso es efectivo, pues la actitud reformista de ahora y el esfuerzo por llegar a los 4/7 está presionada por un proceso con raíces violentas que se inició en octubre de 2019 y culminó con el acuerdo que dio paso a la Convención Constitucional y su controvertido trabajo.

Acierta Celis al afirmar que "hubo un error de la centroderecha en cuanto a que en Chile se habían producido cambios sociales importantes en las últimas décadas, a los cuales debió enfrentarse con mayor anticipación". Ahora, mirando el resultado de la Convención y el plebiscito de salida del 4 de septiembre, la tarea de la centroderecha, en medio de sus diferencias, es acometer un trabajo consistente para lograr una votación que deseche la propuesta.

Pero la tarea no termina en una posición negativa, sino que debe tener un lado positivo recalcando, precisamente, una actitud reformista que responda a las lógicas demandas de la comunidad que no encuentran respuesta en el resultado del trabajo de la Convención.