Pamela Boltei

Una indicación para que, en caso de crearse una nueva fundición de cobre, se instale en Región de Valparaíso, pero que cumpla con el 100% de las normativas ambientales, presentó el diputado Tomás Lagomarsino. La propuesta apunta a mantener el empleo y la actividad económica en la zona ante el eventual cierre de la planta de Ventanas que tramita el Gobierno a través de una ley.

Hace unas semanas, Codelco y el Gobierno anunciaron el cierre de la fundición de Codelco en Ventanas, a propósito de la seguidilla de problemas medioambientales ocurridos a lo largo de los años en la zona, afectando a cientos de vecinos, en especial niños en etapa escolar.

El cese de las operaciones de Ventanas "está supeditado a la modificación de la Ley N°19.993 que obliga a Codelco a mantener la capacidad de fusión en la fundición Ventanas para procesar los concentrados provenientes de Enami".

Posteriormente, se tramitarán ante el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) los permisos necesarios para la paralización temporal de la fundición y luego se elaborarán las ingenierías de perfil, prefactibilidad y factibilidad del cierre definitivo, seguido de los procesos de autorización respectivos.

El documento ingresado en la Cámara de Diputados por Lagomarsino propone incorporar "un nuevo inciso segundo en el artículo 1°, a continuación del punto final, que pasa a ser punto aparte la frase 'si por cualquier circunstancia el Estado invirtiere, directa o indirectamente, en una nueva fundición de alto estándar industrial y ambiental, ésta deberá cumplir con el requisito sine qua non de que se encuentre en la Región de Valparaíso o en las regiones en las que, eventualmente, se subdivida. Esta nueva instalación deberá comenzar a funcionar durante o con posterioridad al cierre de la fundición anterior con el objeto de que no se vea afectada la actividad económica de la zona'".

En la región

Para el parlamentario, "si el Estado invierte directa o indirectamente en una nueva fundición, esta tiene que instalarse en la Región de Valparaíso o en las que esta eventualmente se subdivida, siempre considerando que sea una fundición de alto estándar, no solo industrial, sino también ambiental".

En ese sentido, puso como ejemplo la fundición Aurubis, en Hamburgo, Alemania. "Está en plena ciudad de Hamburgo, con un 99,9% de captación de gases, industria, por cierto, que favorece el crecimiento económico, genera empleo y toda una cadena de producción que no podemos perder en la Región de Valparaíso".

A su parecer "es insostenible hoy mantener abierta la fundición Codelco Ventanas, pero tampoco podemos darnos el lujo de perder una fuente de empleo, de crecimiento económico y de posición estratégica no solo en la minería nacional sino internacional, en la Región de Valparaíso".

Visaje comunal

El alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, agradece "las buenas intenciones que puedan tener los parlamentarios en esta materia". Sin embargo, advierte que "pareciera ser que aún no ha quedado del todo claro que desde ahora en adelante todos los proyectos de esta naturaleza, primero deben ser analizados, revisados y aprobados por la comunidad de Puchuncaví y sus 22 localidades. No vamos a permitir que sea de otra manera".

A priori "y bajo las actuales condiciones, considerando los daños permanentes que se han dejado producto de las emisiones de contaminantes desde algunas industrias, así como el nulo aporte de algunas empresas en la remediación, reparación y compensación que nuestra comuna merece, no se justifica la instalación de nuevas empresas en el cordón industrial, porque la actual legislación no asegura 100% que no contaminen".

Para la diputada Chiara Barchiesi, desde que el gobierno anunció que se cerraría Codelco Ventanas, "se generaron una serie de preguntas que el ejecutivo nunca supo contestar. Y es que este es un asunto de máxima relevancia para nuestro país, pero de manera muy especial para sus trabajadores y las comunidades, porque estamos hablando de que el mineral que se funde en Ventanas representa el esfuerzo de miles de personas que, con su trabajo, le entregan un valor agregado a nuestro cobre. Por esto hemos presentado un proyecto de resolución, para pedirle al gobierno que implemente un plan multisectorial para que, en caso de producirse el cierre gradual de Codelco Ventanas, se protejan los derechos de los trabajadores y su continuidad laboral, resguardando de manera efectiva el medioambiente y también asegurando un aumento progresivo de la capacidad de fundición del país".

"Es insostenible hoy mantener la fundición, pero tampoco podemos darnos el lujo de perder una fuente de empleo".

Tomás Lagomarsino, Diputado

"No se justifica la instalación de nuevas empresas en el cordón industrial, la actual legislación no asegura que no contaminen".

Marcos Morales, Alcalde de Puchuncaví

En el marco de la causa por el denominado "Crudo Iraní", que mantiene a seis ejecutivos de Enap enfrentando cargos por delitos medioambientales, el abogado querellante, Remberto Valdés, acusó una "dilatación innecesaria" de la justicia para dar inicio al juicio oral.

El proceso penal se remonta a los episodios de intoxicación registrados en Quintero, en agosto de 2018, a partir del almacenamiento y procesamiento del petróleo importado por Enap desde Irán.

El abogado demandante, Remberto Valdés, quien representa a más de 1.300 afectados, cuestionó la decisión del Tribunal Oral de Concepción de reprogramar el inicio del juicio, pospuesto del 24 de agosto al 7 de septiembre. Aseguró que la acción "favoreció a la defensa", tras estimarse que "había una cantidad importante de testigos que no han podido ser ubicados para ser citados judicialmente".

El jurista aclaró que "nosotros nos opusimos porque este pleito no va a durar menos de cuatro meses, por lo tanto el inicio no impide que se vaya desarrollando el resto de las notificaciones, entonces no era necesario posponer esta audiencia".

Detalló que la Fiscalía local no se opuso a la reprogramación de la audiencia, al mismo tiempo que recordó que "la querella se inició en Concepción porque el primer hecho delictual que se cometió fue en la bahía de Talcahuano, cuando el capitán del barco que tenía la gran cantidad de toneladas Iranian Heavy abrió la chimenea y contaminó allá".

Respecto a la etapa de preparación del juicio oral, el abogado precisó que "fue inusualmente larga", y que contó con la presentación de una enorme cantidad de pruebas por parte de la defensa, 17 informes periciales y más de 60 testigos.

Además fue crítico al enfatizar que "todas las cosas que hemos obtenido de la Enap ha sido a través de incautaciones, y han ocultado todos los antecedentes que pudieron, no ha sido una investigación fácil. Todo lo que se ha conseguido ha sido con la fuerza de la ley

En paralelo, el abogado Valdés además interpuso una demanda civil por los perjuicios causados, "que tiene una cuantía de 35 millones de dólares en contra de Enap y los 6 ejecutivos imputados".

"Han ocultado todos los antecedentes que pudieron, no ha sido una investigación fácil".

Remberto Valdés, Abogado querellante

Un "sesgo ideológico inaceptable" denunció el diputado del Partido de la Gente (PDG), Gaspar Rivas, luego que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados decidiera poner en tabla la discusión sobre el proyecto de ley que busca suprimir la pena de muerte en Chile, que aún está vigente en el Código de Justicia Militar, para los casos de delitos ocurridos mientras se declare el Estado de Guerra.

El legislador del Distrito 6 destacó que el proyecto fuera promovido por la diputada Lorena Fries (Ind.-CS), acusándola de tener "un objetivo soterrado, que es cerrar la puerta a la restitución de la pena de muerte en el Código Penal", idea que el parlamentario PDG había impulsado a través de una moción parlamentaria.

De esta manera, Rivas sostuvo que la Comisión "está legislando a espaldas de la ciudadanía", ya que buscan "proteger el derecho a la vida de los criminales, homicidas y asesinos".

En ese sentido, argumentó que "en la encuesta Cadem del 2018, casi un 75 por ciento de los chilenos estaba de acuerdo con restituir la pena de muerte para el caso de la violación de un niño".