Redacción

La noche del jueves se realizó un operativo en Antofagasta luego de que la delegada presidencial de la región, Karen Behren, dio curso a la solicitud de desalojo por parte del ministerio de Bienes Nacionales en la denominada "toma VIP" ubicada en el sector El Huáscar.

Al lugar llegó Carabineros y se demolieron con dos retroexcavadoras las viviendas, una de las cuales incluso tenía mil metros cuadrados, dos pisos y vista al mar en sus habitaciones.

En el lugar también estaba el alcalde Jonathan Velásquez, quien criticó que además "esta era una toma que se relacionaba a dos personas del partido Socialista aquí en Antofagasta, al exalcalde que estuvo como suplente, Wilson Díaz, a su pareja Jacqueline Santander", excandidata a senadora y vicepresidenta de Mujer y Género del PS en la ciudad.

Consultada por lo anterior, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, respondió en TVN que "como Gobierno y desde nuestro ministerio no le daremos trato privilegiado a nadie (...) Nunca les vamos a dar tratos preferentes a dirigentes políticos o autoridades. El patrimonio que es común no puede ser utilizado con esta finalidad privada de segunda vivienda".

Tema complejo

En radio Bío-Bío, Toro reconoció que "el tema de las ocupaciones es muy complejo" a lo largo de todo el país y luego hizo un alcance: "Es muy distinto una toma que corresponde a una necesidad habitacional en el contexto de una emergencia país que estamos enfrentando, de una ocupación que no tiene nada que ver con esa necesidad. A necesidades distintas, tenemos que dar soluciones distintas".

Junto con enfatizar que "no legitimamos ni promovemos ningún tipo de ocupación", agregó que "cuando hablamos de ocupaciones que tienen que ver con la necesidad habitacional, sabemos que como Estado tenemos que llegar con soluciones. Pero cuando no tienen esta justificación, nos importa mucho actuar rápidamente y evitar que estas se consoliden".

Otra distinción, detalló la ministra, es si se trata "de terrenos fiscales o privados. El ministerio de Bienes Nacionales solo administra los fiscales y, por lo tanto, me concentro en esas ocupaciones".

Presunciones

Finalmente, el alcalde Velásquez declaró sobre la llamada "toma VIP" de Antofagasta que por lo mismo cree que "hay más personas involucradas de la política local en esas tomas (…) de la misma (colectividad)". No necesariamente autoridades, pero sí militantes, precisó.

En medio de una charla magistral en la Universidad Adolfo Ibáñez, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció que el Gobierno está trabajando en indicaciones para incorporar en el proyecto de reforma tributaria que ingresó hace más de un mes a trámite en la Cámara de Diputados.

Justo antes de que comience una mesa de trabajo con asesores de parlamentarios, donde se analizarán los ajustes, el titular de la cartera aseguró que son cuatro áreas las que están revisando para ingresar modificaciones.

Primero está el impuesto de 1,8% a las utilidades retenidas en las sociedades de inversión, ya que se ajustará la base del gravamen, pasando a una fracción que corresponderá al impuesto sobre las rentas del capital que crea la reforma, con una tasa de 22%.

Por otro lado, buscarán incorporar mecanismos "temporales" de depreciación acelerada o instantánea a inversión en capital fijo con la idea de entregar incentivos fiscales al gasto en inversión.

Relacionado con lo anterior, se va a crear un fondo "competitivo" de créditos tributarios para inversiones con "alto apalancamiento y/o efecto multiplicador" sobre la economía.

Finalmente, una de las materias que abordarán será el royalty minero, ya que el expresidente del Banco Central dijo que se ajustará la estructura del nuevo gravamen "para ampliar los incentivos a nuevos proyectos o proyectos de expansión".

"El Ejecutivo incorporará medidas adicionales para estimular la inversión y productividad, a través de indicaciones a los proyectos de reforma tributaria en trámite legislativo", comentó Marcel en la presentación ante los estudiantes.

Un grupo de gendarmes de la cárcel de Angol, Región de La Araucanía, se manifestaba al cierre de esta edición en demanda de mayores medidas de seguridad, producto de las numerosas amenazas recibidas por parte de reos. Esto, debido a que el alcaide del recinto firmó un acuerdo de traslado con tres comuneros mapuches, luego de ser amedrentado.

El dirigente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, César Padilla, dijo a Canal 13 que "el tema de la movilización responde netamente a faltas de medidas de seguridad" para los gendarmes. "Nos resulta gravemente hiriente cuando nos faltan los elementos tecnológicos, los recursos para poder ejercer de mejor manera nuestra labor". Sin embargo, el funcionario criticó que esta vez "se generaron protocolos de acuerdo que no fueron consultados ni consensuados con el personal".

Diputados de RN acudieron ayer a Contraloría para pedir que se esclarezca la situación.