La violencia, convertida en pandemia, recorre todo el país. Estremecedor el atentado incendiario de Contulmo, con total destrucción de un molino patrimonial y personas heridas de gravedad. Y en Valparaíso, en la sede de la Cámara de Diputados, otra situación de gravedad se produjo con la agresión de un parlamentario al vicepresidente de la Corporación, previo insulto a una diputada.

El agresor, Gonzalo de la Carrera, independiente de derecha, fue expulsado de la bancada republicana, la que políticamente integraba, y también será sometido al Tribunal de Ética de la Cámara. Reconoce haber cometido un error, pero sostiene que reaccionó "ante la agresión verbal y física del diputado Sepúlveda". Este último, vicepresidente de la Cámara, fue el atacado. Confuso incidente -término generoso que no compromete- tras afirmaciones de De la Carrera que molestaron a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, en una sesión especial de la Cámara en que se trataba sobre la creciente presencia de la droga en el país, un factor más en la violencia imperante.

Los hechos de Contulmo son dolorosos y se suman a una larga lista de atentados en el sur del territorio, pero lo sucedido en Valparaíso adquiere especial gravedad, ya que contribuye al deterioro de la imagen de una institución -el Parlamento como un todo-, que debería estar en primera línea en la lucha contra la violencia. La acción de este parlamentario, anteriores debates con expresiones hirientes o frivolidad en el comportamiento de muchos representantes contribuyen a aumentar el desprestigio y la distancia de la ciudadanía con el Legislativo, uno de los poderes del Estado.

Las conductas individuales suelen ser correctas, pero la suma de muchos desbordes aislados, como también la morosidad o la elusión legislativa, hacen que el Congreso tenga una mala evaluación. Y la mala nota, injustamente, cubre a todos, de todos los sectores.

En estos momentos clave para el país, cuando se viene saliendo de episodios de violencia masiva que dejan un ánimo latente de confrontación, el Parlamento y cada uno de sus integrantes deberían dar ejemplo de serenidad y tolerancia, asumiendo que la ciudadanía los está mirando.

Con la actual Constitución o con una nueva Carta, los representantes elegidos por el pueblo, más allá de su ideología, deben asumir su condición de referentes. Sus conductas, de un modo o de otro, no dejan a nadie indiferente. Pueden ser ejemplos a seguir en la escalada de violencia y también un factor más en las sombras negativas que cubren a la institucionalidad legislativa. Y es precisamente el desprestigio que castiga actualmente al Parlamento uno de los factores que han facilitado el ánimo refundacional que ha primado en la Convención Constitucional y en la propuesta misma que será sometida a plebiscito el próximo domingo.

Los conflictos sociales, políticos, sanitarios y de inseguridad social que se distribuyen por el mundo -con especial énfasis en Latinoamérica- desatan inquietudes e incertezas en la planificación y la toma de decisiones de los agentes económicos, provocando desincentivos en la inversión, precios de los activos a la baja y disminución de la confianza de oferentes y demandantes. Las decisiones de las empresas se vuelven insensibles, tanto a cambios en las tasas de interés, precios y salarios, como a impulsos de demanda, reduciendo la efectividad de la política monetaria y fiscal.

En nuestro país, el escenario a partir del último trimestre 2019 y a solo días del plebiscito de salida ha generado también las incertezas propias del proceso político y social. Y aun cuando las cifras económicas siguen siendo azules, el decrecimiento en el PIB, la volatilidad cambiaria y la inflación en alza hacen pensar que la economía nacional se enfrenta a un posible estancamiento económico. Pero ¿estamos en recesión técnica?

En rigor, un país se encuentra en este caso cuando se registran contracciones del PIB nacional durante dos trimestres consecutivos, lo que se visibiliza con el debilitamiento de los indicadores macroeconómicos como el empleo, nivel de precios, consumo interno, capacidad de pago y cifras en la producción.

Después del aumento del 11,7% que registró el Producto Interno Bruto (PIB) en 2021, impulsado por la reapertura tras la pandemia y un exceso de liquidez de las familias, la actividad económica comenzó a ralentizarse con el pasar de los meses. Si se revisa las cifras y se toma la variación trimestral del PIB desestacionalizado, se exhibe que la caída del producto en el primer trimestre fue de 0,8%, mientras que en el segundo el dato indica un 0,0%. En cuanto a la demanda interna, tenemos dos trimestres consecutivos de caídas durante este año 2022: -0,6% y un -0,9%, respectivamente, lo que indica que la trayectoria de la demanda interna está entrando en una fase recesiva.

Los datos muestran que la actividad económica del país dejó de crecer y empieza a contraerse. De sostenerse esta situación y considerando que la publicación de las cifras económicas se entrega con rezagos, permite estimar que el país está entrando en una fase recesiva que se extenderá por todo el segundo semestre y que continuará muy probablemente el primero del próximo año.

Pero más allá de si estamos o no en recesión, estas cifras de crecimiento son muy preocupantes porque, en definitiva, se traducen en menores recursos para las personas; los salarios, el empleo, la recaudación fiscal, todo depende finalmente de las cifras de crecimiento. Por tanto, considerar las razones del aumento de la incertidumbre y dar certezas en el ámbito político y económico parece ser una buena estrategia para atenuar el impacto negativo en la economía local.