A la espera de su ratificación por el Consejo Superior se encuentra el académico Juan Yuz Eissmann (47), triunfante en la votación de segunda vuelta destinada a elegir rector de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM). Yuz alcanzó el 53,58% de los votos (217) mientras Carolyn Palma, segunda mayoría en primera vuelta de la elección, logró el 43,70% (177). Al no alcanzar el 60% señalado en los estatutos de la Universidad, Yuz debe ser ratificado para suceder en el cargo a Darcy Fuenzalida O'Shee, rector durante ocho años. Se trata solo de un trámite, considerando además que Palma reconoció la victoria de Yuz.

El candidato triunfante es ingeniero civil electrónico, magíster en su disciplina y Ph. D. in Electrical Engineering de la Universidad de Newcastle, Australia. Como alumno de la UTFSM, obtuvo el premio Federico Santa María, fue dirigente estudiantil, integró el Consejo Superior y es investigador titular. El programa que postula "surge desde una profunda preocupación por el estado actual de la universidad, a partir de un diagnóstico basado en múltiples antecedentes", afirma en una presentación a los académicos. Advierte la necesidad de "hacernos cargo de ese diagnóstico, para ir más allá, planteando un plan de futuro esperanzador, en que cada integrante de la universidad se sienta partícipe, acogido y respetado". Declaraciones que revelan un ánimo renovador que, sin duda, no puede dejar de lado el contexto nacional que enfrenta el futuro de la educación superior, más allá de eventuales cambios constitucionales.

La UTFSM, fruto del legado del empresario Federico Santa María, inicia sus actividades en 1931 con un proyecto desarrollado en medio de un periodo de intensas convulsiones políticas, incluyendo la Constitución de 1925, la dictadura de Carlos Ibáñez y hasta una fugaz república socialista. Pese a las turbulencias, logra rápidamente posesionarse por su calidad académica, con reconocimiento nacional e internacional. Ha afrontado, además, la crisis de una reforma y el impacto propio de los cambios políticos del país.

A su desarrollo académico agrega expansión territorial, sumando a su tradicional e imponente campus de Valparaíso, sedes en Viña del Mar, Santiago y Concepción. La UTFSM forma parte del G9, universidades privadas tradicionales de todo el país, y también integra el grupo de las cuatro casas de estudios superiores públicas de la Región junto a la Pontificia Universidad Católica y las estatales de Valparaíso y Playa Ancha.

La gestión del nuevo rector, los cambios que busca introducir, no solo tienen alcances internos, sino que se proyectan a todo el ámbito académico nacional y particularmente a la Región de Valparaíso, donde la universidad, en su casi siglo de existencia, ha sido parte de la comunidad tanto por su quehacer específico como por su reconocido aporte a la cultura.

A pesar de lo comentadas que han sido las encuestas electorales durante las últimas semanas, quizás el dato más desapercibido pero revelador dice relación con la opinión de quienes viven en regiones. Y es que, contrario a la retórica "regionalista" empleada por los defensores de la propuesta constitucional, es en la capital donde el Apruebo tiene su fuerte de adhesión ciudadana. Dos reconocidos estudios -el de Activia Research y la UDD- han mostrado consistentemente que la brecha en favor de la opción Rechazo es mayor en regiones que en Santiago, ascendiendo a más de 20 puntos en la macrozona sur.

Son varios los motivos que permiten explicar esta diferencia. Primero que todo, la crisis de seguridad es particularmente grave en el sur; sin embargo, la propuesta constitucional suprime herramientas destinadas a restablecer el orden público. La omisión del terrorismo como acto esencialmente contrario a los derechos humanos, sumado a la eliminación del estado de emergencia generan desconfianza en los habitantes de las macrozonas sur y norte, es decir, de aquellos que viven actualmente donde rige o es demandada esta herramienta. Lo mismo se puede señalar respecto a la eliminación de los recintos penitenciarios privados (artículo 338), en circunstancias que 7 de las 8 cárceles concesionadas que desaparecerán están ubicadas fuera de Santiago.

En esta misma línea, no es difícil intuir que las disposiciones más cuestionadas en materia de organización territorial serán aplicadas con mayor intensidad en regiones. Un ejemplo es la norma que exige contar con el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos originarios en las materias que afecten sus derechos reconocidos en la Constitución (artículo 191). Conflictos como el que vimos recientemente en Coronel respecto al uso del borde costero, o lo que ocurre en El Quisco con la oposición al nuevo plan regulador, permiten presagiar que la conflictividad territorial se intensificará a medida que las autoridades subnacionales se vean impedidas de gestionar proyectos una vez enfrentadas al veto indígena. Otro ejemplo lo vemos en la constitución de autonomías territoriales indígenas (artículo 234), zonas donde los pueblos originarios ejercerán competencias de autogobierno a través de sus propias autoridades políticas. Evidentemente, son los habitantes de comunas como Carahue o Contulmo -y no de Ñuñoa- quienes se preguntan qué ocurrirá mañana si su domicilio queda circunscrito en algunos de estos territorios.

Si se aprueba la propuesta de nueva Constitución será, en gran parte, gracias al caudal de votos obtenido en la Región Metropolitana, de tal suerte que nos veremos enfrentados a una doble paradoja. Por un lado, tendremos una Constitución cuyos redactores se jactan de su regionalismo, pero que será rechazada mayoritariamente en regiones. Y, por otro lado, estaremos ante un texto cuyas normas más criticadas serán aplicadas con mayor intensidad allí donde son más resistidas.

El flanco político no es menor y nos muestra la importancia de contar con una Carta Magna que no solo genere un alto respaldo ciudadano, sino que también presente una adhesión medianamente homogénea a nivel territorial. De aprobarse, quizás más temprano que tarde los habitantes de regiones se pregunten genuinamente por qué solo ellos se ven afectados negativamente por una propuesta concebida en la capital donde, curiosamente, nadie paga los platos rotos.