Redacción

Después de que la bancada de senadores RN-independientes sostuvieran que no apoyarán una nueva convención constitucional se generó una polémica, con voces del oficialismo y la oposición pidiendo que respetaran la idea de tener un órgano elegido por los votantes para que se encargue de escribir la Carta Magna.

Ayer, Juan Castro, representante del Maule que pertenece a la bancada, explicó la idea que levantaron y las razones. "Se conversó en las reuniones que tuvimos del día lunes hasta día miércoles. Lo que pasa es que a nosotros nos llega mucha información. Información que nos llega es muchas veces de dirigentes, de gremialistas, de juntas de vecinos, también de las encuestas que han salido", dijo a Emol.

Según su palabra, "dicen que la gente no quiere otra elección, no le interesa otra elección para elegir constituyentes. Eso ya es una realidad, no es un tema que se me ocurra a mí. Es lo que está diciendo la gente y las mismas encuestas lo están confirmando".

"En RN hay dos encuestas que van a salir esta semana que las mandaron a hacer para preguntar todos estos puntos. Yo opino que aquí todos los senadores quieren tener una nueva Constitución, pero una buena Constitución", sentenció el parlamentario. Producto de lo anterior es que "para eso yo hablo de tener expertos. No podemos andar nosotros eligiendo constituyentes o convencionales, gente que no tiene la capacidad, que puede tener carisma, ser conocido en su sector o en su cuidad, pero eso no da garantías de un buen trabajo. Nosotros necesitamos gente que esté relacionada con la academia, gente que tenga prestigio profesional para que escriban este texto que de verdad queremos, pero no cualquier tipo, no un mamarracho".

Pese a que la idea ronda dentro de Chile Vamos, el diputado Francisco Undurraga de Evópoli indicó en radio Cooperativa que "no podemos caer en la trampa de encerrarnos dentro del Congreso o nominar a cuatro rectores y dos decanos para que redacten la Constitución, la ciudadanía ha pedido participación".

"Nos vamos a jugar por una Convención más pequeña, con menos participantes, pero todos electos, que sea paritaria, que tenga además presencia de pueblos originarios", dijo en línea con lo que había señalado antes la directiva del partido.

Por último, afirmó que "es a lo que nosotros nos comprometimos y es lo que nosotros vamos a pelear para que suceda".

Una mezcla de experiencias locales y procesos generales parece estar tras las causas del resultado en el plebiscito. En el extremo norte, las zonas fronterizas tuvieron una alta votación en favor del rechazo. General Lagos, Putre, Colchane destacaron. La experiencia ahí parece evidente. La explosión migratoria, la sobrecarga de servicios e infraestructuras, situaciones de narcotráfico, conflictos cotidianos en lugares no preparados para una llegada masiva de migrantes, tienen consecuencias en el ánimo y las expectativas de todos.

¿Se relaciona esto con la propuesta constitucional? Probablemente no mucho. La migración no era un tema en el texto. Las razones parecen estar más asociadas a la experiencia diaria de ausencia estatal, en la que el gobierno tiene mayor responsabilidad.

En las zonas centro y sur, dos principales razones pueden explicar las cifras. Una es evidente: la experiencia de cercanía con situaciones de violencia en la Araucanía; la otra es la sensación de incertidumbre frente a una transformación profunda de las condiciones de trabajo. La propuesta constitucional sí decía mucho en estos temas.

La plurinacionalidad parece haber sido vista como un riesgo alto ante la experiencia de inseguridad en la macrozona sur. El Estado plurinacional no fue observado como una solución del problema, sino como una condición estructural que podía paulatinamente incrementarlo, especialmente por las autonomías territoriales indígenas y por la política de restitución de tierras que se proponía.

Por su parte, la propuesta de regionalización era más que reorganización administrativa. Para las personas significaba transformar sus condiciones de trabajo, no solo en relación con grandes empresas de la zona, sino también en los emprendimientos medianos y pequeños que se organizan en las periferias de los mercados. Los flujos migratorios estacionales de trabajo cambiarían, la relación con las burocracias se alteraba, los agentes informales serían distintos, las redes ya estabilizadas se verían sometidas a reacomodaciones profundas. Es decir, las personas pueden haber sentido que tendrían que reinventar todo; probablemente no desde cero, pero quizás desde uno. No se trató del rechazo de una ruralidad tradicional a una propuesta urbana, como se ha argumentado de manera simple. Más bien fue el rechazo a la alteración de una forma moderna ya conocida de participación en el trabajo, por otra cuyos bordes no podían anticiparse. Esto pudo influir también en el fuerte rechazo en algunas comunas de Magallanes, una zona más escéptica y distinta, en estética y actitud, a otras zonas de Chile.

Transversal a todo el país fue la baja variación del rechazo por estratos socioeconómicos. Los derechos sociales podrían haber hecho una diferencia. Pero las estrategias comunicacionales de los adherentes enfatizaron más en la plurinacionalidad y las autonomías territoriales, y la de los detractores, más en la predicción de restricciones a la libertad de elección en salud, educación y pensiones.

Todo ello eclipsó la relevancia de los esperados derechos sociales. No bastó el título "Estado social de derecho" para convencer de su importancia; los subtítulos ya habían sacado demasiada ventaja prácticamente desde el inicio del proceso.

"La plurinacionalidad parece haber sido vista como un riesgo alto ante la experiencia de inseguridad en la macrozona sur. El Estado plurinacional no fue observado como una solución del problema, sino como una condición estructural que podía paulatinamente incrementarlo"

"Los derechos sociales podrían haber hecho una diferencia. Pero las estrategias comunicacionales de los adherentes enfatizaron más en la plurinacionalidad y las autonomías territoriales".

* Aldo Mascareño es investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP)