Correo
Delincuencia
Chile ha sufrido varios tsunamis en su historia, pero nunca uno tan desastroso como el tsunami delictual que hoy nos asola. Ya van 600 asesinatos en el año, encerronas y balaceras a plena luz del día, violentas protestas, narcotráfico desatado, terrorismo en el sur, tráfico de personas en el norte, etc.
Casi sin despeinarse, la Corte Suprema afirma que "el Estado de derecho está en juego", curioso cuando parte de esta debacle de seguridad pública se explica también por un mediocre trabajo de jueces y fiscales, especialmente cuando estos últimos se limitan a cumplir con lo mínimo en sus cargos. Esto ocurre aun cuando estos funcionarios se sitúan como los mejores pagados de Sudamérica, con salarios exorbitantes para la realidad de nuestro mercado laboral y, sin embargo, esto no se ha traducido ni en mejor justicia ni en un freno a la delincuencia. Todo lo contrario.
Sin reacción institucional frente a este problema, no nos extrañemos que la ciudadanía termine por reforzar la idea de autotutela, que sería la verdadera lápida a nuestro Estado de derecho. Sin paz ciudadana, la Constitución pasará a un segundo plano y más lejos aún quedará la esperanza de alcanzar el desarrollo.
Francisco Martínez Carreaux
Camino fracasado
Si bien "todos los caminos conducen a Roma", la frustrada experiencia vivida no nos llevó y no nos llevará nunca a tener una nueva Constitución que reúna realmente a los millones de chilenos. Es un camino equivocado cuando personas con muy limitados conocimientos y nula experiencia en procesos constitucionales, ensimismados en temáticas muy personales y grupales, pretenden, ni más ni menos, que redactar la nueva Constitución de Chile.
Ya sabemos que ese camino fracasó, no llevó a los chilenos al destino que les prometieron cuando comenzaba el periplo constitucional. Entonces, ¿para qué insistir en lo mismo? Ya fue, es carrera corrida. Hoy se debe tomar el camino de la sabiduría, a cargo de grandes expertos constitucionalistas, de excelencia, que tengan toda la capacidad y la experiencia para darle a Chile una nueva Constitución.
¿Para qué recorrer el mismo camino fracasado? Recordemos que nos costó 68 mil millones de pesos y, además, ya sabemos cómo comenzó, cómo continuó y cómo terminó.
Luis Enrique Soler Milla
Artículo 142
Después del reciente y aplastante triunfo del Rechazo se inició una increíble discusión política y social de cómo seguir viviendo. No obstante, el artículo 142 de la Constitución indica con precisión que "si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución". Entonces, ¿por qué seguir perdiendo tiempo, energía, dinero, etcétera, y no avanzar en lo que realmente preocupan al pueblo?
Déjense, señores políticos e ideológicos, de jugar con nosotros. Nos damos cuenta de su juego y son imprevisibles las consecuencias de su irresponsabilidad. Discutan leyes que podrían favorecer nuestra precaria vidas; y si es necesario para lograrlo con la actual Constitución, se procede a modificar de acuerdo a las nuevas normas. La actual Constitución y sus modificaciones nos rigen desde 1980, es decir, 42 años, periodo en el cual hemos progresado con los vaivenes de una sociedad viviente.
No le hagámonos el juego a los de siempre, seamos firmes y continuemos adelante tratando de progresar en hermandad y justicia.
Renzo Follegati Ghio
Compleja negociación
Que la centroderecha no tiene buenos negociadores es un hecho de la causa. El primer antecedente es la desastrosa elección original de convencionales, donde se le dio todas las ventajas a la izquierda, incluyendo pueblos originarios y seudoindependientes en masa, para que consiguiera los 2/3. El segundo antecedente es la apertura de las negociaciones este lunes 12, donde los derrotados, incluyendo al Gobierno, ya estaban cantando victoria según informó la ministra vocera de Gobierno.
Afortunadamente, los negociadores retrocedieron en lo que en principio ya habían cedido en forma incomprensible, gracias a otras fuerzas políticas, a las organizaciones de la sociedad civil y a sus propios militantes.
José Luis Hernández Vidal
Estado de excepción I
La ministra del Interior ha declarado recientemente que en la macrozona sur "las policías no están llegando, no se la pueden". Quizás para llegar a tiempo requieren más y mejor equipamiento; y para que se la puedan deben sentir mayor apoyo político ante las acusaciones de violencia innecesaria cada vez que intervienen con decisión.
Sin embargo, la pregunta del millón es si las FF.AA. podrán neutralizar al terrorismo equipado con armamento de guerra en la macrozona sur, con las actuales Reglas del Uso de la Fuerza y sin contar con un claro respaldo jurídico y político, puesto que para proteger la vida de las personas -como se les exige ahora-, probablemente habrá enfrentamientos y muertes.
Miguel Á. Vergara Villalobos
Estado de excepción II
En relación con la renovación del estado de excepción constitucional de emergencia en la denominada macrozona sur, la ministra del Interior, Carolina Tohá, declaró: "Tenemos plena conciencia de que los estados de emergencia no van a ser la solución y sabemos que las policías no están llegando, no se la pueden".
¿Cómo se la van a poder las policías, que cuentan con armas que tienen menor poder de fuego que las de los guerrilleros y terroristas y que, además, no pueden utilizar debido a las absurdamente restrictivas reglas de uso de la fuerza y al temor de estos de perder sus empleos o condenados por "abuso de la fuerza" o por "violación a los derechos humanos" si las usan?
Lamentablemente, las autoridades de Gobierno, cuya obligación fundamental es la conservación del orden público, no han tomado conciencia que no estamos en presencia de "violencia rural", sino que ante organizaciones y fuerzas paramilitares que están en guerra contra el Estado de Chile y que han declarado explícitamente sus objetivos de control territorial, político y militar de la zona.
Esta guerra es llevada a cabo mediante una guerra de guerrillas; una guerra de verdad que, para enfrentarla con éxito, es preciso emplear las fuerzas militares del Estado con todas sus capacidades y con todo su potencial bélico, sin más restricciones que las que impone el Derecho Internacional Humanitario.
Adolfo Paúl Latorre