La Región de Valparaíso ocupa el tercer lugar nacional en cuanto a población migrante, de acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). De un total de 1.482.390 extranjeros, la gran mayoría, 909.414, reside en la Región Metropolitana. En segundo lugar está Antofagasta, con 106.274, y luego aparece Valparaíso, con 97.058.

Estos datos corresponden a diciembre del año pasado y al ser actualizados fácilmente superarán un millón y medio de personas, alcanzando cerca del 8% del total de la población del país. Mayoritariamente, tanto en el país como en nuestra zona, los migrantes llegados en los últimos años son venezolanos, con un 30% del total. Aplicada la medición a la zona, la cantidad es de un 34% de esos extranjeros. En segundo lugar regional están los haitianos, 19,1%, seguidos de los argentinos, 9,5%, colombianos, 8,1%, y peruanos, 5,4%.

Los números globales y locales representan seres humanos de diversa condición, en variada situación, con problemas y también con esperanzas. Todos esos casos se reflejan en la realidad nacional y local en variados aspectos, como demandas en servicios de salud, educación y vivienda. También significan demanda de fuentes de trabajo, pues si han llegado desde el exterior, vienen en busca de mejores condiciones de vida que pueden lograr mediante ingresos laborales.

Para el sacerdote Pedro Nahuelcura, director del Departamento de Movilidad Humana del Obispado de Valparaíso, uno de los problemas más graves es el de los niños que no tienen RUT, "conocidos como niños apátridas, porque nacieron en el trayecto a Chile". Sus padres son indocumentados y no pueden acreditar origen. "Son los más vulnerables y los que más nos preocupan", afirma. Es cierto, pues sin RUT no pueden acceder a servicios básicos y menos a beneficios de recursos públicos.

El jueves, en Antofagasta, el Presidente Gabriel Boric dio una especie de ultimátum a los migrantes irregulares afirmando, duramente, "o se regularizan o se van" y agregó que "quienes hayan cometido delitos, derechamente se tienen que ir". El problema está en las dificultades para la regularización, como lo afirma el sacerdote en declaraciones a este Diario. Ese trámite se debe acelerar, sin dejar de calificar al solicitante, pues permitiría conocer en toda su dimensión el alcance del fenómeno migratorio, que tiene muchos rostros a partir del lado humano. Hay aportes de esos extranjeros en diversos niveles y también está el tema de la delincuencia con nuevos procedimientos, fatalmente, contagiosos.

Así, controlar el ingreso con mayores recursos y regularizar permitirá tener un cuadro completo de una realidad que no es exclusiva de nuestro país y desarrollar políticas y normas legales y reglamentarias que permitan acometer el tema en todas sus dimensiones en beneficio tanto de esos extranjeros como de la población en general.

El maltrato a los adultos mayores suele ser más frecuente y grave con el paso del tiempo. Sin embargo, menos del 20% de los casos de abuso son reportados. Este es un problema que debe ser tratado socialmente. En todas las sociedades hay adultos mayores en condiciones especiales de vulnerabilidad y que se transforman en grupos de riesgo, lo que hace necesario el desarrollo de estructuras y marco legales que permitan la provisión de acciones y servicios para responder al problema. Si bien en la actualidad se ha evidenciado un avance en acciones de la protección de derechos humanos de las personas mayores, igualmente existen una serie de conductas que vienen a poner en riesgo la calidad de vida de estos. Aunque el problema de los malos tratos hacia las personas de edad no constituye una práctica generalizada en nuestra sociedad, es necesario prestar una mayor atención a determinadas conductas que inducen a estas prácticas, ya sea en el entorno familiar, comunitario e institucional.

La Red Internacional para la Prevención del Maltrato de las Personas Mayores (INPEA) señala que "el maltrato a los ancianos consiste en realizar un acto único o reiterado o dejar de tomar determinadas medidas necesarias, en el contexto de cualquier relación en la que existen expectativas de confianza, y que provocan daño o angustia a una persona mayor". El maltrato tiene consecuencias en la calidad de vida de las personas mayores. Sus diversas formas, física, verbal, psicológica, sexual y abuso económico, pueden reflejar simple negligencia, pero también acciones intencionadas, lo que denota comportamientos interpersonales que no se pueden aceptar. "Cualquier forma de maltrato se trata de una violación a los derechos humanos y es una causa importante de lesión, enfermedad, pérdida de productividad, aislamiento y desesperación. El estudio "Missing voices-Views of older Persons on Elder Abuse" indicó que las propias personas mayores perciben el maltrato en tres amplias áreas: negligencia (aislamiento, abandono y exclusión social); violación (de derechos humanos, legales y médicos) y privación (de oportunidades, decisiones, estatus, dinero y respeto" (OMS, 2006).

En el ámbito de la privación, el maltrato o abuso económico, financiero y patrimonial reviste relevancia, pues este implica "la utilización no autorizada, ilegal o inapropiada de fondos, propiedades o recursos de una persona mayor" (de acuerdo con Rueda & Martin). Asimismo, se agrega que este tipo de abuso incluye cualquier comportamiento inapropiado, con o sin consentimiento de la persona mayor, "que suponga un beneficio para el abusador o una pérdida de dinero o de otros bienes, (….) como racionarle su dinero, exigir dinero por favores o cuidados extra, adueñarse de dinero y pertenencias sin su permiso, sacar dinero de su cuenta bancaria, aliarse con la familia en asuntos monetarios turbios, falsificación de firmas, obligarle a firmar documentos o testamento, uso inapropiado de la tutela o curatela, ocupación del domicilio, usufructo de sus propiedades; obligarle a traspasar sus bienes, etc.".

En el contexto del Día del Adulto Mayor que se celebra en el mes de octubre, y con otra fecha significativa, que es el 15 de octubre, que se conmemora el Día Nacional del Anciano y del Abuelo, es necesario reflexionar sobre cómo podemos garantizar sus derechos y protegerlos como sociedad.