Francisco Meneses V.

Una grave situación denunció el empresario Claudio Easton, respecto del fundo Santa Rosa, ubicado en el sector de Colmo, en Quillota, propiedad de su familia agrupada en la razón social de Easton Inmobiliaria. El terreno, destinado originalmente como una reserva forestal y que estaba cumpliendo funciones para ganadería, actualmente se encuentra con 20 hectáreas tomadas por desconocidos, que las lotearon para ser ocupadas por más de 100 familias.

Según detalló El Mercurio, la ocupación se produjo en el mes de mayo, siendo alertada la familia Easton por los vecinos del predio. "A la semana, máquinas sin patente estaban preparando los lotes y trazando los caminos. Fue un modus operandi impecable y más eficiente que el de cualquier inmobiliaria", dijo Easton al matutino.

La inmobiliaria presentó a fines de junio un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra Claudia Contreras Astudillo, sindicada como la líder de la toma y que vendía paños del predio usurpado a $3 millones, y todos los ocupantes del predio, solicitando su desalojo.

En la contestación de Contreras al recurso, ella señaló que "lo narrado por la recurrente adolece de veracidad, pues indican que yo estaría a cargo de ofrecer lotes, y que me habrían entrevistado en un lugar en el que nunca he vivido", asegurando además que los ocupantes del predio ", no han destruido nada, han realizado sus construcciones adecuadamente, y no han afectado jamás al medio ambiente, ni han ingresado a la propiedad de forma violenta.

Derecho vs. negocio

Hace algunos días, Easton y Astudillo se encontraron en un despacho del matinal Mucho Gusto de Mega. En dicho móvil también participó Eduardo Domínguez Contreras, hijo de Claudia Contreras y también lider de la ocupación.

Ellos aseguraron que los ocupantes del terreno no son delincuentes, son familias imposibilitadas de pagar los elevados precios de los arriendos, pidiendo a la familia Easton que le venda el predio a un precio justo.

"Todos tenemos derecho a vivir. Por qué la gente que tiene plata nos niega el derecho a vivir a nosotros, que somos más pobres (...) En el registro social no estoy calificado para postular a un subsidio", dijo Domínguez a la periodista Paulina de Allende-Salazar.

El vocero de la familia rechazó el emplazamiento, acusando que se trata de un "negocio orquestado". "No aceptamos esta extorsión. No vamos a vender", dijo a El Mercurio.

Luego de la emisión televisiva, los abogados de la inmobiliaria presentaron un "téngase presente" ante la Corte de Apelaciones porteña, identificando a Eduardo Domínguez como el lider de la usurpación, para efectos de notificación del desalojo.

"El señor Domínguez Contreras admite expresamente ser vocero, organizador, líder e intérprete del deseo de los restantes usurpadores", reza el libelo elevado por el abogado Germán Ovalle.

Ejercer autoridad

Han pasado seis meses de la presentación del recurso de protección por la toma del fundo Santa Rosa, denominado por los ocupantes como "Hacienda La Familia". Según Easton, Carabineros ha intentado empadronar a quienes están en el sitio, pero estos no han permitido el acceso al terreno a la fuerza pública.

El empresario reclamó al Gobierno que ejerza su autoridad. "Esto ocurre en otros paises, pero nadie imaginó que que iba a llegar a Chile con una violencia inusitada. La autoridad no se atreve, porque no tiene el respaldo político para ejercer el democrático poder y deber que tiene de actuar", reclamó el vocero de la familia.

Desde la Delegación Presidencial Regional recordaron que, al tratarse de un terreno privado, es el dueño del mismo quien tiene que activar todos los trámites de desalojo. La autoridad solo puede actuar en el caso de que la ocupación sea de un terreno público.

Actuar con más decisión

"Lamentablemente esto no es novedad, y las autoridades que tienen algo que hacer respecto de esto, no hacen nada", lamentó el diputado Luis Fernando Sánchez (Republicanos), sobre la situación denunciada en Quillota.

El parlamentario agregó que "necesitamos más carabineros, y que tengan un respaldo cerrado del gobierno y de autoridades municipales para poder hacer estos desalojos con toda la fuerza que sea necesaria. A pesar de esa urgencia evidente, el Gobierno y sus Alcaldes se han negado a esto".

"Dicen que quieren fortalecer a Carabineros pero no se nota. Dicen que no les gustan las tomas pero no hacen nada contra ellas. Su complicidad con lo que ocurre hoy es criminal", planteó Sánchez.

Por su parte, Tomás de Rementería (Ind.-PS), manifestó que "creo que tiene toda la razón el empresario Claudio Easton".

"La legislación en esta materia todavía es muy débil, los delitos de usurpación todavía tienen bajas penas y no hay mecanismos. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley para que una vez que se inicie el procedimiento penal, la primera acción sea el desalojo, sea quien sea el ocupante en ese momento", agregó.

El legislador también recordó que su par Vlado Mirosevic está impulsando un proyecto de similares características, para aumentar las penas aplicables a este tipo de ilícitos.

"Tenemos que tener también una importante decisión de combatir las ocupaciones ilegales hechas con fines lucrativos, así como también las que se hacen fomentando que personas se ocupen terrenos, para después lotearlos", finalizó De Rementería.

"Lamentablemente esto no es novedad, y las autoridades que tienen algo que hacer respecto de esto, no hacen nada".

Luis Fernando Sánchez, Diputado P. Republicano

"Tenemos que tener también una importante decisión de combatir las ocupaciones ilegales hechas con fines lucrativos".

Tomás de Rementería, Diputado Ind.-PS

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En prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de San Antonio, quedaron los dos sujetos que fueron detenidos por el homicidio calificado que ocurrió el fin de semana, en la calle Fernández Concha de San Antonio, hecho en el cual se descartó un posible ajuste de cuentas. El tribunal determinó un plazo de investigación de 120 días.

En la audiencia de formalización, el fiscal Francisco Martínez explicó que los sujetos - de los cuales el tribunal prohibió dar sus nombres y solo pueden ser identificados por las iniciales M.S.G.T. y J.V.G.T.- actuaron con premeditación y alevosía al agredir a la víctima, "propinándole golpes de pies y puños en diferentes partes del cuerpo, lanzándolo al suelo, dejándolo en estado de indefensión instancia que aprovecho M.S.G.T para acercarse a la víctima con dolo homicida y ánimo de matar".

En ese momento, el imputado, manifestó el fiscal, le da "una estocada penetrante en la región torácica derecha (a la víctima) provocándole una herida penetrante que le causó en definitiva la muerte".

En audiencia el Ministerio Público, además, exhibió un vídeo donde se visualiza la agresión que recibió la víctima quien quedo tendido en la calle cuando había sido atacado. Después de golpearlo, lo apuñalaron.