Nicolás Donoso A.

La complicada situación por la que atraviesa la Región debido a las tomas de terreno en distintas partes de la zona ha generado especial preocupación en autoridades. El panorama se complejiza luego que, recientemente, el empresario Claudio Easton denunciara que el fundo Santa Rosa, que se ubica en el sector de Colmo, en Quillota, propiedad de su familia, en la actualidad se encuentra con 20 hectáreas tomadas de manera ilegal por 120 familias. Los usurpadores incluso lotearon el predio.

La familia presentó un recurso de protección el pasado mes de mayo, dando cuenta que se tomaron los terrenos y, como segunda medida judicial, presentaron una querella por usurpación ante el Tribunal de Garantía Local.

Ante esto, el abogado de la familia Easton, Gerardo Inserrato, indicó que "más que buscar responsabilidades de las autoridades, lo que queremos son acciones concretas. Nos gustaría contar con más apoyo y celeridad de parte del fiscal a cargo. Esperamos que el Gobierno, a través del Consejo de Defensa del Estado, pueda hacerse parte de las acciones judiciales que hemos interpuesto, precisamente con el objeto de poder contribuir al restablecimiento del Estado de Derecho".

A lo anterior se suma el conflicto por la toma de terrenos en el sector de Reñaca Alto, en Viña del Mar, de propiedad de la sucesión Quevedo. Carlos Calderón Oyanedel, uno de los imputados por este caso, debió abandonar el predio de 4 hectáreas tras lo dictaminado por el Juzgado de Garantía, que resolvió que el sujeto debía desocupar el sitio en un plazo de diez días.

En declaraciones a El Mercurio, el abogado de la sucesión Quevedo, Sebastián Doren, declaró que "Calderón fue el primer gran tomador (de terrenos) e instaló en el lugar un negocio de áridos. Él y Manuel Astudillo (el otro imputado) les indicaron a las familias, bastantes de ellas haitianas, venezolanas y colombianas, dónde instalarse".

Una señal potente

Además, Doren consideró esta medida como "una señal potente para el resto" y comentó para el mismo medio que tuvo que recurrir a la Contraloría con el fin de que las autoridades tomaran acciones por este loteo irregular del terreno.

A través de ello consiguió que, bajo el gobierno anterior, la Delegación Provincial "se querellara por infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcciones", lo que se ha mantenido bajo la actual administración de gobierno.

Acción de autoridades

Sobre las acciones que se deben tomar para enfrentar estos ilícitos, Jeanette Bruna, abogada y académica en Derecho Urbanístico y de la Construcción de la PUCV, recalcó que la ley es categórica en establecer las obligaciones que deben cumplir las autoridades en esta materia y que "debe priorizarse la labor coordinada entre todos los organismos estatales competentes, porque es claro que resguardar el suelo rural de tomas loteos ilegales no es un problema de privados ni que deba resolver un director de obras municipales (DOM)".

Emplazan al Gobierno

Desde el Parlamento también existen comentarios sobre el conflictivo tema. El diputado del Partido Republicano (PR) Luis Sánchez emplazó al Gobierno: "Es impresentable que el Gobierno desconozca la responsabilidad que tiene en la persecución de loteos ilegales en la Región. Esto no es un problema entre privados, y por eso queremos hacerle el llamado al Presidente para que patrocine y le ponga urgencia al proyecto de ley presentado por diputados republicanos donde solicitamos ampliar el periodo de flagrancia de 12 a 24 horas. Es crucial que carabineros tenga el tiempo suficiente para poder planificar y ejecutar las redadas y desalojos en estas ocupaciones".

En esa línea, el diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, manifestó que "el Gobierno tiene no solo el deber, sino que también la potestad para aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales. El mantenerse impávido ante las crecientes tomas y loteos irregulares envía una señal equivocada porque fomenta la impunidad y genera un desincentivo en las familias honestas y trabajadoras que buscan adquirir un terreno de forma legal".

Longton añadió que "estamos frente a una problemática social que requiere de medidas urgentes, pero el Gobierno no puede mirar para el lado, debe tomar el toro por las astas, darle urgencia al proyecto de Ley de Usurpación que está detenido en el Senado y darle mayores herramientas a Carabineros".

"Esperamos que el Gobierno (...) pueda hacerse parte de las acciones judiciales que hemos interpuesto".

Gerardo Inserrato, Abogado de la familia Easton

"El Gobierno tiene no solo el deber, sino que también la potestad para aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales".

Andrés Longton, Diputado RN

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Consultada por las tomas, la seremi Minvu, Belén Paredes, detalló que "vemos en la generación de asentamientos irregulares un fenómeno poco beneficioso para la sociedad, tanto en su dimensión de solución habitacional como en lo referente a sus implicancias urbanísticas de generar ciudad desde lo espontáneo". Añadió que "la acción urbana y habitacional de nuestro ministerio debe darse eminentemente en el marco de la planificación urbana y su marco legal, por lo que los fenómenos que ocurren al margen de ella requieren urgentemente su atención y acción de parte de todos los organismos del Estado".

En cuarto lugar a nivel nacional en cifras de acoso escolar o bullying se encuentra la región de Valparaíso, con 381 casos entre los años 2020 y 2022, según datos entregados por la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, que indican que en ese periodo se registraron 5.934 casos graves en Chile.

El equipo multidisciplinario de la ONG explicó que "para que exista la figura de acoso escolar se requiere que la agresión se sostenga en el tiempo y que entre los involucrados haya una diferencia de poder, produciendo en la víctima un daño físico y/o psicológico".

Asimismo, el documento técnico Bullying y Ciberbullying "Hablemos de Todo" 2020-2021 del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) evidencia que la prevalencia de victimización por acoso es de 15,1%, 15,8% en hombres y 13,9% en mujeres. El principal tipo de bullying es el sexual (18,4%), seguido del físico (8,6%) y el psicológico (6,8%), siendo la principal causa la apariencia física (32,3%), luego la nacionalidad, raza o color de piel (7,8%) y la religión (4,8).

Vuelta a la presencialidad

La psicóloga de Clínica Los Carrera, Constanza Uribe, explicó que "los periodos de readaptación generan estrés en todas las personas, particularmente en los niños y niñas, y en los últimos tres años nuestra realidad ha cambiado varias veces, pero sobre todo la vida escolar. Esto, sumado al grave deterioro de la salud mental, es lo que nosotros estamos relacionando con esta gran aparición de conductas desreguladas", asegura la especialista.

La profesional indicó que "para resolver este conflicto es esencial observar los cambios que padece un niño que está siendo acosado en el colegio, ya que puede manifestar ansiedad, miedo, sentimientos de culpa, baja autoestima, deseos de no asistir al colegio, entre otras".

Frente a estas cifras, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, señaló que "para nosotros esto es una preocupación, sobre todo porque es una de las tantas características que nosotros hemos podido evidenciar de vuelta a la presencialidad, y lo primero, entonces, es la promoción de programas como Habilidades para la Vida. Hoy día estamos capacitando más de 23 mil profesores, a través del Centro de Perfeccionamiento y con distintas universidades en competencias y herramientas para las y los docentes que permitan hacerse cargo de los climas escolares, la prevención del suicidio y el bullying también".

En ese sentido, el secretario de Estado recalcó que "es muy importante que profesores, profesoras, sostenedores y directores escolares estén muy atentos a las convocatorias que hacemos desde el Ministerio de Educación, para poder entregar herramientas, formación y capacitación".

"Los periodos de readaptación generan estrés en todas las personas, particularmente en los niños y niñas".

Constanza Uribe, Psicóloga Clínica Los Carrera

"Es una de las tantas características que nosotros hemos podido evidenciar de vuelta a la presencialidad".

Marco Ávila, Ministro de Educación