Finalmente, la Justicia ha comenzado a actuar en el caso de las tomas ilegales de terrenos, reflejo de un problema social y también lucrativo negocio con alcances delictuales que llegan al homicidio. Es el caso que le costó la vida al empresario Alejandro Correa, ultimado en Concón.

Ahora, tras una resolución judicial, un ocupante ilegal, Carlos Calderón Oyanedel, abandonó cuatro hectáreas de terreno de Reñaca Alto que había usurpado en 2017, instalando allí una empresa de áridos. Los terrenos pertenecen a la Sucesión Quevedo y tras acciones legales el Tribunal de Garantía de Viña del Mar dictaminó que debía dejarlos, lo que hizo la semana pasada cuando se vencía el plazo fijado por la Justicia.

Para Sebastián Doren, abogado de la sucesión, el hecho ha sido un éxito judicial de la parte querellante. Calderón aparece como uno de los organizadores de tomas masivas junto al outlet situado en el Camino Internacional, sector Viña del Mar. En abril ya había sido formalizado por la Fiscalía por usurpación de propiedad, estafa y uso malicioso de instrumento público, pues habría usado una escritura falsa proporcionada por un tercero. Junto a Manuel Astudillo, promovió la ocupación de los terrenos entre familias haitianas, venezolanas y colombianas, informa el abogado. Astudillo se encuentra en prisión preventiva, formalizado como presunto autor del documento que buscaba dar base legal a la toma.

Doren, por otra parte, afirma que ha debido recurrir a la Contraloría ante la "inercia" de las autoridades en este caso -que se advierte en otros como el de Colmo-, logrando que la Gobernación Provincial, bajo al Gobierno anterior, se querellara por infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcción, acción que ha mantenido la actual Delegación Presidencial. Sin embargo, la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar (DOM) no acogió un pedido de fiscalización del terreno, pues el resultado sería, afirma, una sanción al propietario verdadero por la existencia de construcciones irregulares. Pero ahora la Seremi de la Vivienda ha pedido a la DOM un informe sobre la procedencia o no de acciones penales contra los responsables de las irregularidades denunciadas.

Otras causas por tomas y loteos irregulares se llevan adelante en la zona y según el abogado Juan Carlos Manríquez, si bien hay casos de extrema pobreza, hay situaciones de criminalidad sofisticada, incluyendo "empresas" informales que entregan agua y luz a las tomas y situaciones vinculadas al sicariato y narcotráfico.

Como lo afirma el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, todo este cuadro encierra "un problema serio". Cierto, tiene muchos rostros: migración, pobreza y delincuencia. En medio de todo, el Estado de derecho está en juego. No se trata de problemas "entre privados". La indiferencia, la elusión y la inercia de la autoridad resultan, finalmente, ser cómplices de tanta irregularidad.

La discusión sobre el presupuesto para el año 2023 está en pleno desarrollo y en la importante etapa de definiciones y decisiones. El Estado, mediante la discusión pública en el Congreso Nacional, precisa el financiamiento de sus responsabilidades en las diferentes áreas de desarrollo y de servicios asociadas a su quehacer, como salud, educación, vivienda y transporte, entre otras.

Paralelamente, se está desarrollando otra discusión asociada al presupuesto, que implica una negociación importante y crucial entre el Estado y sus trabajadores: el reajuste para el sector público. A juicio nuestro, este tema no debiera tratarse de manera separada, ya que afecta, sustantivamente, los presupuestos operativos de las instituciones del Estado en lo que dice relación con las remuneraciones. Situación, por supuesto, de suma importancia.

Hablamos acá, en términos concretos, de una preocupación mayor por las universidades del Estado, toda vez que el porcentaje de reajuste aprobado y concordado debe ser asumido directamente por estas instituciones de sus propios recursos. Hasta el momento, no se considera entregarles un aporte extra para enfrentar este aumento de costos en los sueldos, el que debiera aplicarse desde las remuneraciones del mes de diciembre en adelante. Esto tensiona más el financiamiento del sistema de educación superior en su conjunto, el cual ya se encuentra complicado por una serie de otras materias sensibles que en numerosas oportunidades hemos hecho ver a las autoridades.

Todas y todos entendemos la difícil situación económica que atraviesa nuestro país, la que tiene diferentes explicaciones, fundamentos y razones; todas ellas comprensibles, con causas de distinta índole, pero conocerlas o discutirlas no es suficiente para resolver la problemática. Desde nuestro punto de vista, el Estado debiera asumir su responsabilidad en cuanto a apoyar financieramente a sus instituciones universitarias, al igual como lo hace con todas las empresas e instituciones de Estado. No se justifica, de modo alguno, la discriminación que año a año afecta a las universidades y que hoy seguimos advirtiendo.

La necesidad de recursos adicionales para el pago de reajustes salariales es solo una de las muchas necesidades planteadas. Por supuesto, también hemos hecho propuestas para que sean consideradas en el actual debate presupuestario y muchas de ellas ni siquiera implican gastos adicionales para el Estado, pues basta la voluntad política para destrabar mecanismos existentes.

Las universidades tienen, nada más y nada menos, la estratégica misión de formar a las futuras generaciones, que a su vez tendrán la tarea de conducir a nuestro país en las próximas décadas, probablemente en complejas circunstancias y con escenarios muy adversos, por lo cual el Estado debe realizar todos los esfuerzos que estén a su alcance y colocar toda la voluntad posible para satisfacer estas necesidades cruciales en favor de su comunidad.