La pelota corre de un lado para otro en medio de la cancha, parece ser muy esquiva; los jugadores se pasan el balón unos a otros, pero nadie quiere dar el puntapié definitivo. Es el caso de la toma de terrenos en Santa Rosa de Colmo, comuna de Quillota, en que todos eluden responsabilidades ante un hecho ilegal en el cual el propietario del predio ha quedado en el desamparo. Nadie quiere quemarse.

El alcalde de Quillota, Óscar Calderón, informa que se ha reunido con los abogados del propietario y les explicó que "nosotros podemos proceder, pero sería contra el propietario, tal como lo señala la ley, por tanto, él debería asumir los costos de la demolición de todas las casas que se encuentran en su terreno". Así las cosas, el dueño deberá iniciar las acciones judiciales contra los ocupantes, por cierto, a su costo. Es decir, la víctima tiene que financiar su defensa.

Insistiendo en el procedimiento, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, declaró en un espacio de televisión que "en rigor, lo que corresponde es que el propietario se querelle, que inicie un proceso, y el Ministerio Público tiene la principal responsabilidad de actuar". Estima el secretario de Estado que al alcalde y al delegado presidencial "no les corresponde intervenir en el proceso mismo", pero reconoce que "tenemos que asumir que es un problema serio".

Montes tiene el mérito de reconocer, además, de que no se trata de un "hurto famélico", por necesidad, como sería el caso de muchas tomas, sino que los ocupantes "son sectores de mayor ingreso, que tienen mejores condiciones, que les gusta un terreno, que dicen 'nos queremos ir a vivir ahí; si los dueños nos quieren vender, que nos vendan, nosotros les pagamos', o sea, una manera de provocar a otro, y por la información que tenemos, no es la misma situación de muchas familias que hoy días están viviendo en campamentos". Añade que respecto a la fiscalización de las obras en la ocupación "hay responsabilidad de la Dirección de Obras Municipales, DOM, y responsabilidad también de la Seremi; estamos viendo cómo la seremi instruye o plantea a la DOM que hay que reaccionar". Digamos, un leve avance, pero la pelota sigue dando vueltas y nadie se hace cargo. Pese a que "es necesario reaccionar, los organismos del Estado están todavía sorprendidos con una forma que no era la habitual", reitera Carlos Montes.

Y las sorpresas siguen, ya que ahora se denuncia una toma parecida en Cartagena, donde el sábado 20 personas ocuparon un terreno perteneciente a una constructora. La municipalidad, el Concejo y Carabineros están alerta ante posibles construcciones o tala de árboles.

Lo serio de estos casos es que la autoridad no puede -¿o teme?- actuar de oficio ante hechos que exigen investigación a fondo y una resolución que desaliente esta modalidad de ocupaciones VIP, tras las cuales aparecen muchos intereses en juego.

La reforma a las pensiones es, sin lugar a duda, una de las iniciativas más esperadas por la ciudadanía. Es bien sabido la precariedad de estas, así como el deterioro de la imagen de las AFP, que son el pilar de nuestro sistema. En función de esto, el Presidente Boric, en cadena nacional, ha dado luces de lo que sería una reforma de marca mayor, comparable incluso con la creación de las AFP en los años 80.

A la luz de esto, se hace necesario revisar algunos elementos novedosos que fueron presentados en el mensaje. El primero de ellos, y sin duda el más potente en términos mediáticos, es el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tal y como se conocen actualmente.

Si bien es probable que las AFP migren a ser gestores de inversión, ya no tendrán la tutela completa del proceso de pensiones, puesto que la recaudación y pago estará a cargo de un ente estatal. La opción que tendrán los trabajadores de ahorrar en estos gestores privados o en uno estatal, también es una novedad interesante, así como el tránsito a un sistema mixto, que mezcla elementos de capitalización individual con sistema de reparto, representado por la cotización adicional del 6%.

En el papel, la reforma solucionaría en gran parte los problemas de pensiones. Sin embargo, hay muchas dudas referidas al financiamiento de la PGU, así como la instrumentalización del ente estatal y el gestor de inversiones público, dado que la evidencia empírica indica que la eficiencia operacional no es una característica vital en los organizamos estatales y en tema de pagos e inversiones se requiere una agilidad importante.

En términos políticos, un tema no menor es que la reforma de pensiones necesariamente está ligada a la reforma tributaria que actualmente se discute, puesto que gran parte de las iniciativas pretenden ser financiadas con impuesto generales.

A pesar de que esta reforma es necesaria y solicitada transversalmente por toda la opinión pública, llama la atención que haya sido enviada cuando hay un proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas que, de aprobarse, aumentará los costos de contratación. Si a ese escenario se incorpora el 6% adicional de cargo del empleador, la situación para las empresas será más compleja, sobre todo en un año que se vislumbra como de contracción económica global.

Es de esperar que los legisladores analicen el proyecto con una mirada técnica, sin sesgos ideológicos, pensando que esta reforma de pensiones probablemente se quedará por los próximos 40 años en Chile.