Cristián Rojas Molina

Acompañado por diputados y dirigentes sociales agrupados en la coordinadora #Quepaselamicro, el diputado Luis Cuello (PC) presentó ayer el proyecto de reforma constitucional que posibilita a los municipios y gobiernos regionales la creación de empresas de transporte público.

Como principal argumento para la formulación a este proyecto, en el escrito se señala que "el actual sistema de transporte público se sustenta en su mayoría en la operación privada, circunscribiendo la garantía del derecho a la movilidad urbana a los criterios de rentabilidad y el lucro", por lo cual "allí donde hay necesidades en materia de transporte público nace un negocio y no un derecho", algo que se intentaría subsanar con esta reforma.

En ese sentido, el gestor del proyecto, Luis Cuello, esgrimió que "enfrentamos una grave crisis del transporte público que no ha sido resuelta. Frente a eso se ha intentado, desde hace muchos años, una solución privada. Y estamos enfrentando un problema público que significa que la gente queda abandonada, y frente a un problema público se requieren soluciones públicas, por lo que creo que es indispensable que hoy tengamos una alternativa, que es que sean los municipios y los gobiernos regionales quienes estén facultados para crear empresas de transporte público que sean complementarias al sistema privado".

Recursos vía presupuesto

Si se aprueba el proyecto, crear flotas de buses estatales implicaría contar con una gran cantidad de recursos, frente a lo cual el diputado indicó que "sin duda se requieren recursos, pero el primer paso es tener la facultad, porque hoy día hay una limitación, la Constitución permite crear empresas públicas, pero por ley, o sea, demanda un largo trámite, entonces esto permitiría que sean directamente los municipios, los gobiernos regionales quienes establezcan estas empresas, y luego, por supuesto, esto tiene que tener un financiamiento a través del presupuesto nacional que se discute año a año".

Consultado sobre si la iniciativa tendría apoyo del gobernador regional y de alcaldes de la zona, Cuello señaló que "vamos a pedir reuniones con el fin de iniciar una ronda de conversaciones con alcaldes de la región, también vamos a tener una reunión con el gobernador Mundaca para explorar su apoyo a esta iniciativa, pues creo que es importante que también tengamos una acción conjunta con las autoridades locales, que tienen conexión con los territorios, y tengo la esperanza de que tengamos respaldo".

Respaldo vecinal

Por su parte, el presidente del Consejo Vecinal de Desarrollo de Placilla de Peñuelas, Rubén Meza, declaró que esta sería una medida "largamente esperada", agregando que sería muy valioso que el transporte "sea público", pues estima que aquello "va a resolver el problema, porque ya alguna vez el transporte en Chile fue público".

Sin embargo, el presidente de la Confederación de Conductores del Transporte Público, Óscar Cantero, discrepó con la iniciativa, pues recordó que "nosotros como confederación lo hemos dicho, y seguiremos en nuestra posición: mientras no tengamos la cantidad suficiente de conductores, todo lo que se quiera hacer o se haga va a ser un fracaso, y cada día que pasa el transporte público va no en una crisis, sino que en una estado catastrófico, así que invito a hacer las cosas bien, no de atrás para adelante, para que funcionen".

Algunos de los diputados coautores del proyecto son Matías Ramírez (Iquique), Carolina Tello (Coquimbo), María Candelaria Acevedo (Biobío) y Marisela Santibáñez (Santiago).

"Se ha intentado, desde hace muchos años, una solución privada. Y estamos enfrentando un problema público".

Luis Cuello, Diputado (PC), autor del proyecto

"(Si se aprueba e implementa) va a resolver el problema, porque ya alguna vez el transporte en Chile fue público".

Rubén Meza, Dirigente vecinal de Placilla

Continúa la desesperada lucha legal de la familia Easton por la recuperación de las tierras de su Fundo Santa Rosa, en el sector Colmo de Quillota, ante la instalación de una toma ilegal, con varias casas.

Pese a que la familia interpuso una querella en mayo, mes en el que los propietarios fueron advertidos de esta situación, y en la cual solicitaron el desalojo de las 120 familias que habitan allí de forma irregular, a la fecha, ni las autoridades locales ni el Ministerio Público han dado la celeridad correspondiente al proceso.

"No hemos tenido contacto directo ni con el municipio ni con la Dirección de Obras Municipales de Quillota", señala Claudio Easton, vocero y miembro de la familia afectada. "Sin embargo, las últimas declaraciones del alcalde nos servirían y darían un argumento más para continuar con las querellas que tenemos cursadas", agrega.

La situación es tan compleja, que, según lo aclarado por su abogado, Gerardo Inserrato, "la Ley General de Urbanismo y Construcciones está hecha sobre la idea de regular cómo se urbaniza y se construye en nuestro país. En este contexto, no se pone en el caso de que un tercero, distinto del dueño del predio, ingrese de forma clandestina e ilegal al terreno y, por ende, inicie obras en el mismo".

Máxima sanción

Sin embargo, una parte de este caso de usurpación forzada haría que cumpla con las condiciones necesarias para que se aplique la máxima sanción que estipula la ley: la demolición de las edificaciones levantadas.

"A pesar de que esta parece ser la única opción para que el municipio intervenga con la orden que se nos haría llegar, la fuerza pública está a cargo de que se desaloje a las personas. (…) Nosotros no podemos llegar y entrar a demoler, pero si la ley nos obligara a incurrir en los gastos, lo haríamos", señaló Easton.

La familia también presentó un recurso de protección frente a la Corte de Apelaciones de Valparaíso durante mayo y desde entonces buscan que la Fiscalía de Quillota tenga un actuar más expedito frente a la gran cantidad de evidencia existente para este caso.

"El principal problema de esta gestión judicial es la necesidad de notificar válidamente a la otra persona. En este caso, no sabemos cómo notificar correctamente a alguien que ocupa un predio de forma ilegal y tras una barrera, como lo hacen estas personas. Tampoco conocemos las identidades de todos los habitantes", señala Inserrato.

Por otro lado, el alcalde de Quillota, Óscar Calderón, informó a Radio Bío Bío que el municipio daría "todas las facilidades" para que las familias que ocupan al menos 60 casas de la toma puedan constituirse como un comité y así aspirar a una solución habitacional.

Readecuar la ley

El caso de la familia Easton saca a flote los problemas estructurales que presenta la ley vigente sobre el tema.

"Las tomas y loteos irregulares son algunos ejemplos de la desigualdad que se vive actualmente. (…) Sin embargo, las tomas son, como lo indica el nombre, tomar un terreno que corresponde a un dueño, que es la situación que se está viviendo en Quillota. (...) Hay que hacerse cargo como autoridades", declara la diputada María Francisca Bello, quien actualmente se encuentra trabajando junto a su compañero de bancada, Diego Ibáñez, en un proyecto de ley que modificaría lo expresado actualmente en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

"La fuerza pública está a cargo de que se desaloje a las personas. (…) Nosotros no podemos llegar y entrar a demoler".

Claudio Easton

Vocero y miembro de la familia afectada

Tras realizar una visita a las obras del Hospital de Marga Marga, la alcaldesa de Villa Allemana, Javiera Toledo, pidió la creación de una mesa de trabajo para poder garantizar el transporte público que permita el acceso al nuevo recinto.

Junto a representantes de las comunas de la provincia del Marga Marga, Toledo elevó el llamado al Servicio de Salud Viña del Mar- Quillota. El hospital provincial, que lleva un 38% de avance en sus obras, requiere de otras medidas para evitar un impacto negativo, dijo la alcaldesa.

"Villa Alemana no está preparada para que comience a funcionar el hospital. Y en ese sentido pedimos que sean las 4 comunas de la Provincia del Marga Marga las que soliciten mesas de trabajo permanente, para no estar a última hora, sino que estar a tiempo para cuando comience la operación", explicó la jefa comunal.

Agregó que los temas que le preocupan van desde el transporte -cómo van a ser los recorridos, especialmente para las comunas de Limache y Olmué-, hasta la infraestructura vial de acceso al recinto.

"Se necesita que el acceso no solo sea por el Troncal Sur, sino que estén bien habilitadas las calles Maturana y Rocío", expuso Toledo, quien expresó preocupación por las poblaciones aledañas al hospital, como San José y La Frontera, así como por la cantidad de estacionamientos y por el transporte privado que usen los funcionarios del centro asistencial.