La ministra del Interior, Carolina Tohá, lideró ayer el encuentro sobre seguridad entre el Gobierno y los partidos políticos de oposición, pese a los requerimientos de algunos dirigentes de que fuera el Presidente quien comandara esta instancia, dada la crisis que vive el país en la materia. El Ejecutivo se comprometió a tener un plan de aquí a diciembre, junto con dar urgencia al proyecto de ley de protección a la infraestructura crítica y el de inteligencia. La UDI, sin embargo, insistió en la aplicación de la Ley antiterrorista como condición para un acuerdo.

"La ministra ha comprometido urgencia a dos proyectos, uno el proyecto de infraestructura crítica y también el proyecto de ley que nos va a permitir sacar adelante el sistema integrado de inteligencia", afirmó el timonel de RN, Francisco Chahuán, al concluir la reunión en La Moneda, hasta donde llegó con una guitarra, en alusión al Presidente Gabriel Boric, quien dijo este fin de semana que al gobernar "otra cosa es con guitarra".

El líder de la oposición agregó que Tohá "les ha pedido a dos senadores, el senador (RN José) García y (de la comisión de Seguridad, PPD Jaime) Quintana ponerse de acuerdo para sacar adelante el proyecto de Ley de usurpación".

Estos son "tres de los proyectos que nosotros hemos pedido de manera prioritaria, falta el proyecto de defensoría de las víctimas y el que establece el estatuto de las policías", agregó Chahuán. En cuanto al plazo, el senador indicó que la ministra del Interior "espera tener un plan nacional de aquí a diciembre, nos parece que eso es adecuado. Pero lo que le hemos planteado es que no podemos esperar dos meses para que las urgencias legislativas lleguen al Parlamento y esto para nosotros es clave".

Ley antiterrorista

El timonel de RN dijo que en la oposición "uno de los cinco proyectos claves para nosotros la Ley antiterrorista, por tanto, hacemos el llamado al Gobierno para que le ponga urgencia, y como el Presidente ha cambiado de opinión en otros temas, (en alusión a su cuenta de Twitter, donde ante cada anuncio hay una publicación suya del pasado que lo contradice...) espero que el sentido de realidad lo haga visibilizar que la Ley antiterrorista es absolutamente necesaria".

Su par de la UDI, Javier Macaya, añadió que "cuando tú te planteas ante la imposibilidad de ocupar una ley de hechos que sí revisten el carácter de terroristas, pero también te planteas en la imposibilidad de realizarle modificaciones, estás en un juego de suma cero. Si encuentras insuficiente la ley y sabes que esta ley lleva discutiéndose diez años sus modificaciones en el Parlamento, lo que corresponde es que sea parte de la agenda de seguridad y las discusiones".

Macaya, sin embargo, destacó que al conversar con vecinos de La Araucanía "se reconocen falencias de la Ley antiterrorista para la persecución criminal en esa región, y se encuentran más factibles herramientas de la Ley de crimen organizado, pero eso no significa que no tengamos en agenda la posibilidad, después de diez años de discusión parlamentaria, modificaciones a la Ley antiterrorista".

"No podemos esperar dos meses para que las urgencias lleguen al Parlamento, esto es clave".

Francisco Chahuán, Presidente de RN

"Lleva discutiéndose 10 años cambios (a la ley...), corresponde que ya sea parte de la agenda de seguridad y las discusiones".

Javier Macaya, Presidente de la UDI

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), fue acusada ante la Contraloría por un grupo de diputados RN y concejales de no aplicar la Ley Aula Segura, destinada a sancionar hechos de violencia en colegios, incluidos los que exceden sus muros, como se han registrado en la capital, incluso ayer, cuando 12 estudiantes fueron detenidos. La jefa comunal respondió que "hay 577 procedimientos que se han abierto solo este año".

El exrector del Internado Nacional Barros Arana (INBA), Gonzalo Saavedra, señaló hace unos días que la nueva administración habría dado orden de no aplicar la Ley aula segura, cuestionada numerosas veces por el actual Gobierno y la jefa comunal. Frente a esto, el diputado Diego Schalper y su par Hugo Rey, acompañados por concejales de Santiago, presentaron una solicitud para que el "contralor constate que la alcaldesa de Santiago, a partir de una serie de antecedentes que hemos incorporado en el requerimiento, no está haciendo cumplir la ley".

Si el ente fiscalizador "estima que acá la ley no ha sido aplicada", explicó el legislador, "eso es un supuesto abandono de deberes, y por lo tanto un grupo de concejales podrían promover en el tribunal electoral regional una moción de destitución por notable abandono de deberes".

La directora del Liceo Darío Salas, Lilian Vincent, señaló que "esta ley no se ha aplicado en el municipio. Los directores hemos sido amedrentados, desvinculados, en mi caso estoy suspendida desde marzo porque la sostenedora, Irací Hassler, me ha perseguido desde que era concejala, desde que erradiqué la violencia en el (Liceo) Barros Borgoño he sido perseguida".

La profesora explicó en Ex-Ante que "esta violencia ha ido en escalada y se ha radicalizado en estos últimos años, con hechos que antes no se registraban, como la quema de micros, la destrucción de los propios establecimientos. Esta falta de control ha llevado, además, a otras conductas asociadas como el porte de armas y tráfico de drogas, porque no se aplican medidas disciplinarias (...) Los alumnos ven que hay impunidad".

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, sostuvo en Emol que "no hay claridad por parte del Ministerio (de Educación), medidas concretas que vayan en la dirección de resolver las problemáticas, no hay protocolos de qué hacer y no hay apoyo".

Los docentes "hemos estudiado durante años para ejercer nuestra labor, que es educar, formar, no repeler atentados ni apagar bombas molotov", afirmó Díaz, aunque "el tema no es solo sancionar, Aula Segura tampoco resolvió el problema".

Hassler respondió que "hay 577 procedimientos que se han abierto solo este año a propósito de faltas gravísimas. (...) Han derivado gran parte en sanciones, algunos incluso en expulsión, otras en cancelación de matrículas y otro tipo de sanciones que buscan mejorar la convivencia".

La alcaldesa, asimismo, afirmó que "no hay instrucciones en torno a no aplicar la normativa vigente", agregando que políticos "de RN tuvieron años para hacer un trabajo, y lamentablemente no lograron abordarlo de buena manera".