Suprema entra al debate por Aula Segura: "Las leyes se deben aplicar"
CONTRADICCIÓN. Vocera dijo que no sería opcional, aunque la norma tenga falencias, utilizarla frente a hechos de violencia en liceos, como defiende el Gobierno.
La Corte Suprema entró en el debate acerca de la aplicación de la Ley Aula Segura para enfrentar hechos de violencia en colegios y liceos, que ha enfrentado en los últimos días al Gobierno con la oposición, lo que llevó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, a afirmar que "la época más crítica de violencia se dio en la época en que se aplicó ese tipo de legislación".
Los entredichos comenzaron hace una semana, cuando líderes de oposición anunciaron que presentarán requerimientos contra la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, quien habría instruido no aplicar la Ley Aula Segura -ella lo niega- en el contexto de los desmanes que ocurren a diario en establecimientos emblemáticos de la ciudad.
Ayer la magistrada Ángela Vivanco, vocera de la Suprema, afirmó que "las leyes se tienen que aplicar. No es decisión de cada autoridad determinar si se aplican o no. Otra cosa distinta es que a uno le puedan parecer buenas o malas, ser de su agrado o no, porque todos, incluso los jueces, tenemos leyes que pueden no gustarnos. Pero no podemos hacer esa selección y un juez no puede decir 'mire, a mí no me traiga a nadie por esta ley', eso es improcedente".
Asimismo, Vivanco señaló que el escenario es "extremadamente preocupante" cuando niños y jóvenes participan en hechos delictuales o establecimientos educativos se transforman en escenarios donde ocurren estos hechos, por lo que "si las leyes no están cumpliendo su propósito, hay herramientas para que lo cumplan, y me parece muy bien que la vicepresidenta del país esté preocupada de estos temas para hacer ajustes".
Críticas políticas
El exministro de Educación, Raúl Figueroa, coincidió con Vivanco: "Si alguien cuestiona la ley lo que tiene que hacer es presentar un proyecto de ley para modificarla, pero cuestionar la aplicación de las leyes es una cuestión muy grave. A mí me parece gravísimo".
El actual ministro del ramo, Marco Antonio Ávila, afirmó que "esto tiene una salida o una mirada desde los temas de seguridad y en eso, tal como nos ha mandatado el Presidente, trabajamos muy coordinadamente con la ministra Tohá y el subsecretario Monsalve".
Respecto de la Ley Aula Segura, insistió en que "todas las leyes que se aprueban en Parlamento pueden ser utilizadas en la medida que puedan ser aplicables. Pero distinto es que la ley pueda resolver los temas y hemos visto que no lo hace, siendo que aquello que se busca -por ejemplo, sancionar a estudiantes- se puede hacer siguiendo el propio manual de convivencia o el reglamento de convivencia escolar".
Complejidades policiales
El director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general Enrique Monrás, expuso en T13 que, dadas algunas condiciones, no siempre se logra la detención de todos los involucrados: "Nosotros cambiamos los protocolos post estallido y eso lleva a que se tienen que hacer ciertos protocolos que ralentizan las detenciones. Además, ellos salen a una zona segura, que les permiten replegarse, por lo que no se logra la detención de muchos jóvenes".
"Desde la mirada operativa nuestra pega es solo intervención y normalizar lo que ocurre. Paralelo a ello hemos realizado algunas detenciones que han derivado en investigaciones y equipos buscan datos, imágenes los entregan al Ministerio Público para que pueda seguir", advirtió.
En cuanto a los protocolos para proceder ante este tipo de situaciones, el general explicó que el personal policial posee la atribución para ingresar a un recinto educacional en el caso de que exista un delito flagrante, como, por ejemplo, si se quema una micro y los autores del ilícito ingresen a un colegio, "pero uno trata de evitar entrar a este tipo de comunidades, porque son comunidades de menores de edad y el ingreso de fuerzas altera la comunidad".