El caso del robo que afectó a un destacado investigador, pasajero del crucero "Silver Explorer", en el sector costero de Viña del Mar, resalta una vez más la importancia que tiene la seguridad en la actividad turística. El hurto a este visitante británico, junto a otras sustracciones que afectaron a 11 de sus compañeros de recorrido, advierte que además de las atracciones que puede ofrecer determinado lugar, un marco esencial de las mismas es la seguridad para las personas y sus bienes.

Este caso ha resultado particularmente notorio debido a que el afectado perdió entre sus especies y equipos el resultado de valiosas investigaciones sobre su especialidad, la ornitología, trabajos que han sido destacados internacionalmente y que incluyen también estudios en las costas chilenas. Peter Harrison, de 76 años, la víctima, había realizado una investigación el año 2011 en la zona de Puerto Montt junto a otros expertos.

En este caso, el afectado ha ofrecido una recompensa de US$ 10.000 por la devolución de sus equipos y trabajos, oferta que no ha tenido resultados. Pero hay además hechos graves que exigen atención. La denuncia ante la policía, sostiene él mismo, tuvo poca y lenta acogida. En declaraciones a este Diario, afirma que "nos dijeron que estaban muy ocupados por ser domingo. Estuvimos allí varias horas, pero no parecieron interesarse mucho en nuestras declaraciones". Agrega, además, que "pudimos rastrear una de las cosas robadas hasta un mercado de Viña del Mar que es conocido por la venta de equipos robados".

¿Cuál fue la reacción de la autoridad ante esa información? ¿Se esperaba una orden de la Fiscalía para actuar? Este caso, además de la inseguridad reinante en muchos frentes y a la cual no escapan los visitantes y la importante actividad turística misma, alerta también sobre reacciones lentas de las policías, morosidad que contribuye a la impunidad de los autores del hecho y aleja la recuperación de las especies sustraídas.

Desde un punto de vista general este caso y también el de los otros afectados, tiene un efecto negativo para el turismo nacional. Los visitantes se van con una mala experiencia, multiplicadora, que se extiende en la comunicación con sus relaciones. Hay un daño de difícil reparación que, justa o injustamente, empaña a todo el país, cuestión a la cual también están atentos para su oferta las empresas operadoras del rubro turístico.

Este caso, que no es el primero, entrega experiencias que deben ser aprovechadas para corregir debilidades en la seguridad, marco básico del turismo, materia en la cual no se puede eludir la comunicación de riesgo, como en todo el mundo, tema de responsabilidad de los operadores del rubro y también de la autoridad que, además, debe revisar sus procedimientos para evitar la indiferencia que denuncia el científico afectado.

Actualmente se encuentra en proceso de definición resolver quién ocupará el cargo de fiscal nacional del Ministerio Público durante los próximos ocho años. Lo anterior significa un enorme desafío para quien resulte elegido, toda vez que le corresponderá asumir la conducción del organismo encargado de dirigir exclusivamente la investigación de los hechos constitutivos de delito, ejercer la acción penal pública y otorgar protección a víctimas y testigos.

En ese sentido, resulta esencial el establecimiento de una política criminal que determine cuáles son los fenómenos criminales que con mayor urgencia requieren una respuesta decidida de parte del Ministerio Público, a fin de disminuir la sensación de temor al delito y de impunidad que reina en amplios sectores de la sociedad.

Sobre esa base, es vital abordar lo anterior no solo desde una perspectiva cuantitativa, sino que también signifique una mejora cualitativa de la respuesta a los conflictos penales existentes en la sociedad, siendo esencial hacerse cargo de aquellas áreas que presentan mayores déficits.

Los delitos violentos contra la propiedad en sus diversas modalidades, los homicidios, así como los ejecutados por organizaciones criminales en el ámbito del tráfico de drogas, el tráfico de migrantes y el lavado de activos, deben ser el foco especial de la preocupación de quien esté a la cabeza del Ministerio Público.

Para lo anterior, junto con la necesaria coordinación del Ministerio Público con las diversas autoridades y organismos que trabajan en la materia, se requiere, por una parte, una mayor vinculación de la Fiscalía con la ciudadanía, a efectos de ganar su confianza, porque de esta depende en buena parte el éxito de la gestión institucional.

Si se sigue haciendo lo mismo que hasta ahora, la crisis en materia de seguridad puede agudizarse y debilitar, por consiguiente, uno de los elementos esenciales de un Estado democrático de derecho: el derecho de sus ciudadanos a vivir en una sociedad segura y que no exista temor de parte de quienes las integran.

Los desafíos están planteados y ojalá que en la definición de quien sea el elegido primen las consideraciones técnicas y las propuestas de los candidatos, y no otros factores que se han observado en procesos anteriores, ya que aquello solo debilita una institución esencial de la República.