El caso ha llegado a la Corte de Apelaciones a través de un recurso de protección. El recurrente es Jorge Cafena, funcionario con 37 años de servicio en la Municipalidad de Viña del Mar, quien denuncia persecución laboral.

Cafena inicialmente trabajaba en la Maestranza Municipal hasta que en 2018 la exalcaldesa Virginia Reginato le ofreció la Dirección de Seguridad, función donde se mantuvo hasta el año pasado, cuando por disposición de la actual jefa comunal, Macarena Ripamonti, fue trasladado al Departamento de Mantención, dependiente del área operativa, justamente en tiempos de crisis delictual e invasión de ambulantes.

Reconoce que de acuerdo al Estatuto Administrativo puede ser removido, manteniendo la jerarquía. Al jubilar el jefe de esa área, le correspondería a Cafena asumir la jefatura. Pero la alcaldesa, en uso de sus facultades, nombró a un subrogante por seis meses que vencieron en septiembre. Afirma Cafena que, al cumplirse ese plazo, el 1 de octubre "yo tendría que haber asumido (la jefatura), pero el 5 de octubre fui trasladado a un departamento fantasma, que existe en la orgánica, pero no funciona, no hay oficina, no hay personal, ¡si no hay nada!". A lo anterior se agregan investigaciones sumarias, una de ellas de 2020 por trabajar siete días seguidos, lo cual, explica, fue debido a emergencias comunales.

Afirma el funcionario que "esto no es un tema político porque yo no soy político, no vengo de la administración de Virginia Reginato. Diría que acá es una persecución laboral y punto". Precisando la acción judicial, el abogado de Cafena afirma que se busca que la Corte "restablezca el imperio del derecho, ordenando a la administración Ripamonti respetar el estatuto administrativo municipal, que ha torcido de forma arbitraria e ilegal, para evitar que un funcionario de carrera ascienda al cargo que por mandato de la ley le corresponde". La municipalidad rechazó los cargos afirmando que "serán los tribunales de justicia y la Contraloría los que juzgarán conforme a la evidencia".

El hecho es que la alcaldía busca poner gente de su confianza en cargos clave, en este caso en la jefatura del área operativa, cuya labor se proyecta a toda la comuna. Jorge Cafena era un tropiezo y la solución fue mandarlo a un limbo funcionario. Si fuera, como lo denuncia, un "departamento fantasma", se estaría tratando de una forma de "bullying laboral" que quizás no significa daño económico, pero sí una afrenta a su dignidad. Interesa aclarar de qué se trata esa dependencia que existe en la orgánica municipal, pero no funciona, no tiene oficina ni personal.

Este caso crea un clima de incertidumbre y temor en el nivel de las jefaturas que se transmite a toda la estructura municipal, afectando finalmente a toda la ciudad, a sus habitantes, a sus actividades y desarrollo.

Este año, con sorpresa se anunció en las noticias que un filántropo chileno donó una mansión a la organización Desafío Levantemos Chile con el fin de poder construir viviendas sociales. Con la venta de ese lujoso inmueble se construirán hogares que, sin duda, podrán cumplir el sueño de vivir con mayor dignidad en la anhelada casa propia.

La encuesta Chile Dice de 2020 señalaba que el 44% de las personas tenía la casa propia como su mayor aspiración. El problema del acceso es una realidad multidimensional que se explica, entre otras razones, por sus altísimos precios, por los ingresos económicos de los hogares, la exclusión del sistema de créditos hipotecarios cuando se tiene un trabajo formal como también por un déficit habitacional actual dada la brecha entre la demanda de soluciones habitacionales y la generación de ofertas financiadas por el Estado a través de sus políticas públicas.

Enfrentamos una de las mayores crisis habitacionales de nuestra historia. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el BID elaboraron un catastro con el número de campamentos. De acuerdo con el informe, en Chile hoy hay 1.091 campamentos, vale decir, asentamientos preferentemente urbanos de 8 o más hogares que habitan en posesión irregular un terreno, con carencia de al menos 1 de los 3 servicios básicos (electricidad, agua potable y sistema de alcantarillado) y cuyas viviendas son precarias y se encuentran agrupadas y contiguas.

Entre las razones por las que las personas terminan residiendo en los campamentos se menciona que un 55% declara haberlo hecho por los bajos ingresos en el hogar y un 47% por el alto costo en los arriendos. Asimismo, esta situación preocupa aún más, ya que la fundación Techo Chile y el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (Cigiden) realizaron el estudio "Exposición a amenazas y vulnerabilidad: la continua emergencia en los campamentos en Chile". Del universo total de 23.843 familias que residen en campamentos en la Región de Valparaíso, un 99,6% se expone a algún tipo de amenaza (incendios forestales, aludes, etc.).

Todos estos antecedentes tienen implicancias para la vida de los hogares, por lo que no solo se trata de construir viviendas, sino también de generar condiciones dignas para el desarrollo de sus habitantes. Se reconoce la preocupación filantrópica como también la implementación de programas gubernamentales que se focalizan en los hogares de más alta vulnerabilidad social y económica, pero claramente en términos de impacto de las políticas públicas, los resultados y la realidad nos señalan que es urgente concertar un plan estatal a largo plazo, en el que los distintos actores políticos, institucionales, sociales y comunitarios en el tiempo se articulen bajo una política pública intersectorial que proyecte y garantice la reducción del déficit existente, considere las realidades territoriales y regionales particulares, se avance en procesos de regularización de históricos campamentos e incluya medidas para que quienes allí habiten accedan a servicios básicos y se forjen comunidades multiculturales y seguras.