El ordenamiento del tránsito es una necesidad, especialmente ahora con el gran aumento del parque automotor, tanto de vehículos particulares como de transporte público y de carga. Un aspecto importante de ese ordenamiento refiere a los estacionamientos, materia que se ha abordado mediante cobros que se traducen en entradas para las municipalidades, convirtiéndose en muchas comunas en un importante negocio para empresas privadas abocadas a ello después de ganar la licitación del sistema.

En Viña del Mar, siguiendo una buena política aplicada en otras comunas del país, este servicio, con ingresos para la municipalidad, ha sido entregado al Cuerpo de Bomberos de la ciudad, que opera a través de una fundación que emite las boletas, con IVA incluido, y contrata a los cobradores.

Este sistema, que se aplica en diversos sectores de la ciudad, se extiende a partir del próximo jueves 1 de diciembre a las avenidas San Martín y Perú. Esta decisión, como se esperaba, es resistida por los "cuidadores" de automóviles que operan en el sector, aduciendo que se les priva de su fuente de ingresos. Puede ser cierto, pero el hecho es que estos "cuidadores" han realizado una verdadera "toma" de esas calles, especialmente en horas de la noche. Piden propinas por adelantado que exceden montos razonables, a la vez que reservan espacios para entregarlos al mejor postor. Muchas veces sus exigencias son intimidantes para el conductor que desea estacionarse en el sector donde hay locales gastronómicos o de esparcimiento, especialmente el Casino, con una rotonda frontal en la esquina de Tres Norte, el "filete" de los loteos nocturnos.

Sostienen los "cuidadores" que vecinos y locatarios los apoyan. Habría que verlo. El hecho es que la nueva modalidad debería traer ordenamiento al sector, barrio poniente blanco de la delincuencia, y puede ser una solución para la actual informalidad mediante la contratación de aquellos actuales "cuidadores" que califiquen por sus antecedentes para convertirse en cobradores del sistema.

En un comunicado, la municipalidad señaló que "Bomberos deberá contratar trabajadores y trabajadoras para operar los estacionamientos, y tal como se ha hecho en otros lugares, se considerará a las personas que realizan esta labor de forma informal en el lugar dentro de esta oportunidad de trabajo regulado". Así, el proceso debe seguir adelante, buscando aumentar los siempre insuficientes recursos de Bomberos y, a la vez, contribuyendo al ordenamiento del tránsito en un sector que presenta un intenso movimiento, especialmente en la temporada de verano. Paralelamente, se debe considerar, mediante presencia policial, la seguridad del funcionamiento del sistema de cobros y también del personal dispuesto por Bomberos para ese cobro ahora regulado.

Esta semana fuimos testigos de una situación muy grave. Dos niños fueron captados amenazando a otros comerciantes ambulantes, seguramente cuidando su territorio de venta, con armas cortopunzantes y a vista y paciencia de una mujer, al parecer su madre, arriesgando su vida, la de los demás y abandonando su infancia muy tempranamente. Según medios de comunicación, estas personas son de origen extranjero y, al igual que muchos que migran hacia Chile, su única fuente de subsistencia es el comercio ambulante.

Chile está viviendo un proceso de descomposición social y de deterioro de la civilidad, las instituciones políticas no logran estar a la altura para detenerlo. En este contexto, la incapacidad institucional para cumplir con el rol de resguardo y protección a la población está afectando a niños, niñas y adolescentes. Nos estamos acostumbrando a leer y escuchar noticias sobre la participación de niños en actos delictivos, algunos de ellos terminan cometiendo graves delitos, incluso asesinando, y otros son muertos en el marco de procedimientos policiales donde se produce un intercambio de disparos.

Hace unos días se dio a conocer que más de 50 mil estudiantes abandonaron el sistema escolar entre el año 2021 y 2022. Según el Centro de Estudios del Ministerio de Educación, un 39% de los matriculados actuales, cifra que bordea 1.239.330 alumnos, presenta una inasistencia grave, es decir, menor al 85% entre marzo y septiembre de 2022.

En todo este contexto, la migración irregular está generando un gravísimo escenario para la efectiva protección de niños, niñas y adolescentes que están llegando a Chile. La migración irregular impide visibilizar a las personas que habitan nuestro territorio, y al producirse esto, los niños, niñas y adolescentes que entran al país en estas condiciones quedan expuestos a abusos y violación de sus derechos.

El Estado tiene un deber esencial de estar al servicio de la persona humana, de dar protección a la población y a las familias, resguardar los derechos de las personas, y hoy no está siendo efectivo en el cumplimiento de estos deberes. Si bien son muchos los problemas que aquejan a la sociedad chilena, no es posible desconocer que la migración irregular desatada es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. Si no se toman medidas eficaces pronto para regularizar este tipo de migración, la crisis social seguirá agudizándose, generando un mayor grado de resistencia en la población, lo que se puede traducir en discriminaciones, abusos y aumento de la pobreza, escenario en que los más afectados serán los niños.