El rechazo del Senado al nombre de José Morales, la propuesta del Gobierno para liderar el Ministerio Público, abrió un fuerte debate en torno a las críticas planteadas sobre esta institución, la figura de fiscal nacional y lo que algunos consideran una excesiva politización del proceso de nombramiento.

De hecho, quien fuera presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, el expersecutor Claudio Uribe, reconoce que "Morales era un mal candidato, cuyo éxito inicial y su nominación por parte del Gobierno se explica más bien por el nivel de relaciones que tenía y el ser conocido en círculos importantes".

Cree que "como a Morales el Gobierno no lo elige por tener una trayectoria especialmente destacada, sumado a que se vio como un candidato que ofrecía más de lo mismo y ser alguien que viene desde dentro de una institución que está muy cuestionada y con muchos problemas, terminó motivando su rechazo en el Senado".

Uribe considera que "el mecanismo de nominación y elección del fiscal nacional jugó un rol preponderante en este resultado" y agrega que "los propios parlamentarios deberían estar resintiendo este sistema donde el éxito de las postulaciones se mide más bien por la capacidad de influir por vías informales en las personas que toman decisiones".

Tiene que ver, a su juicio, "con que el sistema de generación del fiscal nacional no puede seguir como hasta ahora, ya que darle más participación a todos los poderes del Estado sin regular los méritos de los candidatos solo contribuye a un lobby gigantesco para tratar de imponer determinadas figuras".

Problema estructural

Por su parte, el actual presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, plantea que el problema "es más bien estructural y está en el mecanismo de nominación y elección del fiscal nacional, más allá de la persona de José Morales". El dirigente reconoce como "un problema que el mecanismo de elección no ofrezca garantía de transparencia y además esté muy politizado".

Para que esta situación cambie, Bravo propone que "se modifique el mecanismo, o sea, que el Poder Judicial no intervenga en la nominación de los fiscales nacionales y regionales". "Es disfuncional que los tribunales intervengan para la designación del fiscal nacional", reclama.

Además, como presidente de la ANF habla de la necesidad "de establecer un comité técnico que seleccione antecedentes y que garantice que las personas que postulan cumplan altos estándares profesionales". Solo en ese momento cree legítima "la intervención de las autoridades políticas".

Percepción de opacidad

Al fiscal Jorge Alfaro, consejero regional de Valparaíso de la ANF, le "parece prudente que se revise el sistema de nombramiento del fiscal nacional en términos de hacerlo más transparente para la ciudadanía, ya que hay una percepción de opacidad que se instaló en la discusión pública desde el nombramiento del pasado fiscal nacional que no le hace bien a la institución y a la figura del fiscal nacional".

Advirtió que "el Ministerio Público debe ser lo más transparente posible en sus resultados y el uso de los recursos que le son asignados. Y el nombramiento de la más alta autoridad debe hacerse de la manera más transparente posible".

Exceso de política

Para el diputado RN Andrés Celis, el traspié del candidato del Gobierno, José Morales, se explica por "una excesiva politización de la elección de los fiscales nacionales". Su argumento se basa en que "el Senado es un órgano político y hay numerosos escándalos judiciales que ha tenido el Congreso con el Ministerio Público". De ahí que le "parece poco sano y de poco sentido común que el Senado tenga que elegir a la máxima autoridad del Ministerio Público".

"El mecanismo de nominación y elección jugó un rol preponderante en el resultado".

Claudio Uribe, Exfiscal y expresidente de la ANF

"Que el Senado tenga que elegir al fiscal nacional me parece poco sano y de poco sentido común".

Andrés Celis, Diputado (RN)

"El problema es un mecanismo de elección que no ofrece garantía de transparencia".

Francisco Bravo, Presidente de la ANF

Con profundo dolor y aún con la incertidumbre de no saber el paradero del colectivero Juan González, que desapareció en enero de este año tras salir a trabajar, jornada en la cual habría sido abordado por sujetos que lo llevaron a una vivienda en el pasaje Crisol, en la población Joaquín Edwards Bello de Valparaíso, ayer la familia estuvo presente en la audiencia de preparación del juicio oral en el cual hay tres acusados por el delito de secuestro: Óscar Cantillano López, de 25 años; Daniel Silva Huerta, de 23, y un menor de 16 años.

En la ocasión, las defensas de los acusados quisieron invalidar a los testigos presentados por la Fiscalía para ser partícipes del juicio oral, pero el Juzgado de Garantía de Viña del Mar rechazó todas esas peticiones, salvo lo que compete a uno de los testigos presentados y hoy sigue la audiencia para debatir cuál será la prueba gráfica que pasará a juicio oral.

Respecto al proceso, la hermana de Juan, Elizabel González, aseveró que "se revisó en audiencia los testigos y las defensas de los acusados intentaron desestimar porque había testigos en calidad de protegidos que no estaban formalizados, se revisaron como 20 personas y solo se desestimó un caso. Pero en la discusión me llamó mucho la atención que se dijera que 'mientras no se encuentre un cuerpo, él todavía está vivo' y para nosotros, como familia, es muy doloroso".

Afirmó que "la abogada defensora del menor de edad que está acusado hizo una defensa muy ardua en base a los derechos del menor, pero no se ve acá el daño que se ha causado con todo esto. Nos desalienta estar en este proceso porque todas las pruebas que hay las tratan de desestimar e incluso quieren el juicio en Valparaíso porque dicen que para ellos no está acreditado que todo comenzó en Viña del Mar".

La Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Los Andes ubicó a una menor que mantenía una denuncia por presunta desgracia y que había sido sustraída por su madre. Oficiales realizaron diversas técnicas investigativas a fin de localizar a la niña, luego de recepcionar la orden de investigar desde la Fiscalía por el delito de sustracción de menor.

El jefe de la Bicrim de Los Andes, subprefecto Leonardo Ramírez, explicó que la madre no mantenía la tuición de la menor y que la sustrajo desde el domicilio de la cuidadora, ocultándose en la Sexta Región.

Los detectives lograron ubicarlas, siendo trasladadas a Los Andes, quedando la imputada apercibida por instrucción del Ministerio Público, mientras que la menor fue devuelta a su tutora legal.