En un hecho que tiene pocos precedentes a nivel regional, tres personas fueron detenidas por su participación en una banda dedicada a delitos violentos, que la policía a cargo del operativo identificó inicialmente como una organización con características paramilitares -es decir, con jerarquía similar a la de una fuerza armada regular, pero integrada por civiles sin control del Estado-, aunque el alto mando de Carabineros en la zona luego calificó como simple crimen organizado. Las denuncias de varios vecinos permitieron a Carabineros y el Ministerio Público descubrir que el grupo delictual usaba las dependencias de la "Biblioteca Popular Ernesto Guevara", creada hace diez años al alero de la Toma Esperanza, en Viña del Mar, para el almacenamiento de armas de fuego y municiones, algunas de alto calibre. De acuerdo al relato policial, la organización estaba compuesta por varias personas, tenía una estructura definida y sus líderes estaban a cargo de los entrenamientos.

Si los delincuentes detenidos usaban las dependencias de la biblioteca popular de forma oportunista para guardar momentáneamente los instrumentos de sus fechorías o efectivamente se trata de un eslabón dentro de una organización política subversiva más grande es un hecho que deberá ser motivo de profunda investigación, pero nadie puede quedar indiferente ante las pruebas dadas a conocer por Carabineros y todas las autoridades deben condenar, sin medias tintas ni reticencias, cualquier atisbo de que haya eventual relación entre actividades delictuales y la promoción de ideas políticas.

Algunos parlamentarios, como el diputado Andrés Celis, pidieron también conocer quién o quiénes están detrás de la "Biblioteca Popular Ernesto Guevara", su funcionamiento y financiamiento. La transparencia respecto de este punto permitiría separar una iniciativa que se describe a sí misma como "un espacio cultural, comunitario y educativo", de aquellos que ocuparon sus dependencias con otros fines. El descubrimiento de este tipo de estructuras delictivas agrega una preocupación más a la sobrecargada agenda de seguridad pública, ya colapsada ante el aumento de delitos violentos -con homicidios y robos con fuerza al frente-, las balaceras entre bandas rivales, el incremento del narcotráfico y los funerales de alto riesgo. Ad portas de la temporada estival, cuando el comercio local necesita que Viña del Mar y sus alrededores ofrezcan la mejor imagen posible, este tipo de situaciones se convierte en una amenaza real a las expectativas de pequeños y medianos emprendedores. Por supuesto, ya no basta con las declaraciones superficiales de las autoridades sobre la necesidad de incrementar la vigilancia policial. El esfuerzo del Gobierno y las instituciones dedicadas a la seguridad pública debe movilizarse con decisión a la aplicación de estrategias efectivas y la materialización de ella en hechos concretos y visibles, capaces de enfrentar el problema de fondo y la creciente percepción de que las calles del Gran Valparaíso son inseguras.

A propósito de un año de noticias patrimoniales en nuestra región, se han relevado en la agenda pública las múltiples amenazas y fragilidades de ciudades como Valparaíso y Viña del Mar o de sitios insulares como Rapa Nui y Juan Fernández. En estos momentos la situación del proceso de reconocimiento y declaratoria de una Zona Típica en la ciudad de Limache es una de las más complejas, ya que en su debate se insiste por una de las partes en una noticia tan falsa como superada: que el patrimonio se contrapone al desarrollo.

Recordemos sumariamente que la dimensión económica del patrimonio lo reconoce como un bien único y público, es decir, monopólico y de stock sin reposición, a la vez que no es divisible ni excluible, lo que produce beneficios compartidos en externalidades intergeneracionales. Y es que obviamente la definición económica primera del patrimonio es que es un activo, en tanto capital cultural. Entonces, ¿por qué mermar beneficios futuros? ¿Por qué imponer un presentismo que desvaloriza un activo? ¿Por qué insistir en que el patrimonio es un gasto, cuando en realidad es una inversión que aporta a la economía colectiva?

Como sabemos, el proceso de declaratoria de una Zona Típica surge en base a la opinión fundada de los consejeros sobre los antecedentes a la vista. Este grupo colegiado reconoce y valida los atributos de un bien en base a la necesidad de tributar a un valor. Y cada atributo está integrado a su vez por componentes que deben ser auténticos e íntegros, por lo que cuando se identifica un polígono de protección se considera esa dimensión sistémica, como el caso de la Zona Típica propuesta para Limache ¿O los árboles no tienen copas? ¿O los árboles no tienen raíces? ¿O los árboles no necesitan agua? Por otro lado, un atributo -o varios- son la base empírica del valor. Sin los atributos no se configura el valor. Pero, a su vez, el valor se expande y se transforma. Todo esto está en juego en una declaratoria, cuyo acto administrativo es el resultado de un complejo proceso técnico, no un fin en sí mismo.

Así que como no podemos predecir el futuro y menos imponernos a otros como sus dueños, es que quienes administran la ciudad por mandato de otros, tienen la responsabilidad de abrir posibilidades a ese futuro, lo que en nuestras democracias representativas se hace generando condiciones para que el valor -y no el precio- se pueda acrecentar. De otro modo esa responsabilidad no es compartida ni menos multiplicada, convirtiendo la gestión territorial en una obsesión por gastar sin invertir y en invertir sin repartir.

Esto último no es un deseo altruista o una posición ideológica de algunos, sino que simplemente el desmontaje de una noticia falsa y su reemplazo por la verosimilitud de hechos comprobables en muchos ejemplos que varios venimos comentando desde hace décadas; esos que nos prueban que el patrimonio es la base del desarrollo.