Lastimosamente, el tan publicitado cónclave oficialista llevado a cabo ayer en la sede de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso en Playa Ancha concitó mayor atención por quienes no asistieron más que por los acuerdos y estrategias que se buscaba desarrollar en la cita, especie de "bajada regional" de la reunión que sostuvo el Presidente Gabriel Boric con sus ministros, los partidos y las bancadas del oficialismo el 7 de noviembre en Cerro Castillo.

En aquella ocasión los focos fueron dos: el primero, respecto de la gestión, mandó a poner énfasis en la mejora en la calidad de vida de la población y la seguridad, estableciendo una hoja de ruta que ponía en valor la reforma de pensiones, el proyecto de las 40 horas, la seguridad pública, el costo de la vida, y las seguridades sociales en salud, vivienda y educación. El segundo, en tanto, hacía referencia a la necesidad de unidad en tiempos de crisis, la tan comentada Alianza oficialista, que consiguiera cerrar las cada vez más evidentes grietas entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, acrecentadas esta semana tras el homenaje al ex Presidente Patricio Aylwin en la explanada sur de La Moneda.

Para esta ocasión, el Ministerio del Interior pidió fijar los focos en los tres ejes de seguridad: pública, social y económica contenidos en el Presupuesto 2023; y agilizar el "despliegue en los territorios", en el entendido de recoger las demandas ciudadanas de mayor urgencia.

Volviendo a Playa Ancha, y después de su criticado viaje a Rapa Nui, la delegada presidencial Sofía González pareció anotarse un tanto con la investigación que llevó al OS9 y al Gope de Carab ineros a desmantelar una organización criminal que funcionaba en una biblioteca popular de Nueva Aurora y en el Puente Colmo ("grupo paramilitar", le llamó el comunicado oficial con exagerado entusiasmo), pero el combate no da tregua alguna. Los asaltos y crímenes se suceden con mayor frecuencia que nunca y la baja dotación policial en algunas zonas no contribuye mucho a controlar el flagelo que hoy está presente de cerro a mar.

En términos de seguridad social y económica, la creciente informalización del trabajo -ante la cual los alcaldes y alcaldesas optan por hacer vista gorda- desmedra aún más el panorama general en tiempos en los cuales el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoce que la crisis "no es que vaya a venir, sino que ya está acá".

Complejo es intentar entender cómo un gabinete regional bastante limitado en su accionar (¿qué prerrogativas tiene, por ejemplo, el MOP o Transportes?) no consiga entusiasmar a Rodrigo Mundaca y a Jorge Sharp en la búsqueda de soluciones comunes. Es cierto. Ambos incomodan a La Moneda: el primero con sus pataletas y el segundo con su afán de lobo solitario. Pero nada concreto puede lograrse en esta Región sin la presencia y la opinión de ambos.

El resto son solo buenas intenciones.

En Estados Unidos se ha llegado a conocer como "la gran mentira" al burdo embuste de Donald Trump, según el cual habría sido declarado perdedor de las últimas elecciones presidenciales norteamericanas sólo por obra de un masivo fraude electoral en su contra. En Chile no hemos visto algo así (lo que no niega que hayan ocurrido cosas peores). Pero también ha existido una gran mentira que ha resultado influyente en el devenir de los asuntos públicos: la difundida por el movimiento NO+AFP con el aplauso de muy buena parte de la izquierda.

Toda gran mentira se toma de una premisa verdadera que la pueda hacer verosímil. Las instituciones norteamericanas certificaron el triunfo de Joe Biden en las elecciones de 2020. Pero en lugar de reconocer que ello se debió a que obtuvo más votos y la mayoría del colegio electoral que decide, Trump ha preferido hacer creer a sus partidarios que hubo fraude. De manera semejante, la gran mentira chilensis parte de hechos verdaderos: muchas pensiones eran y siguen siendo bajas. Como en el caso de Trump, la mentira está en la identificación de las causas: todo se debería a las codiciosas AFPs, máxima expresión de la crueldad "neoliberal", que esquilman a los trabajadores. La pretensión de haber hallado al maligno causante de nuestros pesares (al que nos hizo mal de ojo) es un recurso común de muchos grandes engaños.

La realidad es diferente. Aunque hay espacio para mejoras, las AFPs hacen un buen trabajo. No solo no reducen los ahorros de los cotizantes, sino que en general logran más que triplicarlos debido a la rentabilidad que consiguen para ellos con sus inversiones. La causa de las bajas pensiones es mucho más aburrida: destinamos poco dinero a ellas. Y todos los expertos serios tienen hace mucho claras las principales soluciones: incrementar el monto de las cotizaciones, incentivar la formalización laboral, aumentar la edad de jubilación (especialmente de las mujeres) y subir los aportes que el Estado hace a las pensiones con cargo a rentas generales.

Sin embargo, la gran mentira chilensis experimentó una imprevista evolución. Impaciente por eliminar el sistema de capitalización individual, la izquierda radical optó por intentar destruirlo vaciándolo de fondos, lo que pudo avanzar durante la pandemia mediante una de las dos peores políticas públicas de nuestros 32 años de democracia: permitir un indiscriminado retiro de fondos previsionales. La paradoja es que eso no solo no hizo colapsar al sistema, sino que incrementó la preferencia por él. Según la encuesta Cadem, un 53% querría que la cotización adicional propuesta vaya íntegramente a sus cuentas individuales; un 62% piensa que es mejor que un fondo común solidario se financie con aportes estatales provenientes de los impuestos de todos; un 78% quiere escoger al administrador de todas sus cotizaciones, incluyendo entes privados entre las opciones.

Esa evolución hizo que el Presidente Boric, en vez de intentar una desastrosa sustitución del sistema de pensiones, como originalmente pretendía, haya resuelto proponer solo una mala reforma. Ahora es el momento para que los políticos serios se esfuercen, con el impulso de esa evolución, por mejorarla sustancialmente.

Los vecinos del sector de San Francisco de Limache, unidos en torno al liderazgo del reconocido filósofo Gastón Soublette, antiguo residente de la ciudad, llevan ya un buen tiempo impulsando la declaración del sector de la avenida Urmeneta como Zona Típica, y tienen razones para ello. El proceso está en curso y muchos vecinos están expectantes a que ello ocurra pronto y este patrimonio se resguarde.

Sin embargo, existe preocupación de parte de los vecinos que son propietarios de los inmuebles de la zona que será protegida por el Consejo de Monumentos Nacionales. Ello, porque por una parte temen que aumenten sus pagos por contribuciones y porque la mantención de estas propiedades recae solo en sus propietarios. En Chile existen más de 4 mil declaratorias de protección de inmuebles bajo los regímenes de la Ley de Monumentos Nacionales y de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, donde parte mayoritaria de los inmuebles gravados está en manos de personas naturales o jurídicas de carácter privado. En todos ellos se impone la obligación al propietario de conservar el inmueble, pudiendo solo hacer transformaciones menores o reparaciones, previa autorización del Consejo de Monumentos Nacionales o de la Seremi Minvu, según sea el caso.

Faltan en nuestra legislación apoyos e incentivos para la conservación, tenencia y declaración de monumentos nacionales. Los gastos y restricciones que implica esta norma deben ser asumidos únicamente por los propietarios de aquellos inmuebles, lo que ha desincentivando finalmente su adquisición, mantención y debido resguardo, desconociéndose que su protección genera beneficios no solo para ellos mismos, sino que para toda la comunidad. Considerando que proteger el patrimonio construido es en beneficio de todos, estos propietarios deberían estar exentos del pago de contribuciones, como ocurre en otros países, y no solo ello, en muchas legislaciones se consideran además numerosos beneficios e incentivos.

La mera declaración de una Zona Típica no es suficiente, ya que luego de ello es importante asegurar la adecuada conservación de los inmuebles. El permanente desarrollo de nuestros territorios hace fundamental contar con una figura de protección adecuada y flexible que establezca una salvaguarda adecuada, que permita un desarrollo llevado adelante de forma respetuosa y armónica con los valores patrimoniales que se intenta conservar. Lo anterior no se cumple a cabalidad con la actual figura de las Zona Típica, debido a que esta es muy restrictiva en cuanto a intervenciones, pone énfasis en temas exclusivamente estéticos ligados a un determinado estilo, pero no asume cabalmente dimensiones de conservación más estructurales y que hoy la ciudadanía demanda con energía, como aquellas ligadas a la dimensión material y constructiva, a la planificación integrada, a la calidad de vida de los barrios y al desarrollo sostenible.

En conclusión, es necesaria y urgente una revisión de la normativa actual que asuma la necesidad de crear una nueva institucionalidad patrimonial, con expresión territorial y que considere un adecuado sistema de financiamiento, incentivos y sanciones. Esto, con el fin de estimular la protección del patrimonio cultural histórico y fomentar su conservación, restauración y puesta en valor, como en el caso de la valiosa avenida Urmeneta de Limache.