Redacción

El fallo de la Corte Internacional del Justicia (CIJ) sobre el uso de las aguas del Río Silala, puso fin a una disputa que mantuvo en pausa la agenda en común que Chile y Bolivia comparten como países vecinos.

Así lo aseguró la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, quien considera que ambos países deben retomar "a la brevedad" una serie de temas pendientes.

"Siempre hemos estado abiertos a seguir conversando con Bolivia, porque tenemos una serie de temas que, como estados vecinos y estados que compartimos una frontera de unos 800 kilómetros, tenemos que conversar", aseguró a radio Cooperativa.

"Creo que ya que se termina este segundo caso en que Chile y Bolivia han tenido que ir ante la Corte, ya podemos, como estados vecinos y con cierta madurez, ahora encarar ese conjunto de temas que tenemos que revisar juntamente", agregó.

Una agenda común

Fuentes, quien también es representante de Chile ante el tribunal internacional, enfatizó en la coordinación necesaria en los puntos fronterizos.

"Se sabe que Bolivia tiene libre tránsito por nuestro territorio y el uso de los puertos, que gran parte de la mercadería que viene para Bolivia entra por el puerto de Arica", explicó la subsecretaria.

"Tenemos temas de nuestras comunidades fronterizas, tenemos un Comité de Frontera e Integración en el que hay muchas subcomisiones, temas fitosanitarios, temas de comercio", precisó.

Al respecto, Fuentes aseguró que en 2018 ambas partes tenían acordado reunirse en torno a este comité, sin embargo, la disputa territorial empañó esa posibilidad.

"Ya es hora que, terminados estos juicios, pronto podamos citar a ese comité para tratar todos estos temas de la agenda común", enfatizó.

"Ojalá sea a la brevedad. Mientras más rápido, mejor, porque hay muchas cosas que seguir conversando", agregó.

Según Fuentes, "el Comité de Frontera e Integración es muy rico en su temática y además junta a muchas personas de los distintos rubros y de las distintas temáticas que allí se ven".

¿Futuro incierto?

En este contexto, la subsecretaria descartó que Bolivia cambie de opinión y decida no respetar la premisa de que se trata de un río internacional.

"La verdad es que eso es imposible. Bueno, todo en la vida es posible, pero Bolivia ya ha señalado ante el máximo tribunal de las Naciones Unidas que el Río Silala es un río internacional y, por lo tanto, Bolivia ya no puede volver atrás en eso", puntualizó la subsecretaria Fuentes.

El expresidente boliviano, Evo Morales, celebró el fallo de la Corte como un triunfo "producto de una política de Estado". Morales aseguró que la sentencia "reconoce y consolida el derecho soberano de Bolivia sobre las aguas del Silala y los canales artificiales. Chile, según el fallo, no reclama ningún derecho adquirido sobre el uso de ese recurso natural". También aseguró que se estableció que su país "tiene el derecho soberano de desmantelar esa infraestructura y cualquier reducción en el flujo de las aguas del Silala hacia Chile no constituirá una violación" boliviana a sus obligaciones internacionales.

Casi un mes se extendió la negociación entre el Gobierno y los funcionarios del sector público para definir el reajuste salarial anual, el que consideró el alto nivel de inflación que se registra en el país.

Tras una última reunión, que se extendió por unas tres horas, el Gobierno anotó una victoria al conseguir que 15 de los 16 gremios que integraban la mesa del sector público, aceptaran la propuesta de un incremento del 12% nominal.

La cifra ofertada por el Gobierno es muy superior al 7,8% de alza que presentó la primera vez y que luego subió a 8,5% hasta llegar a 9,5% el jueves pasado.

En la negociación se barajaron diversas cifras desde el sector público, sin embargo, el piso mínimo quedó en 12%, lo que finalmente fue concedido por el Gobierno, anotando el incremento más alto desde 2008, cuando se otorgó 10%.

El sector público tenía como objetivo lograr un reajuste salarial que fuera acorde a la inflación registrada a nivel nacional, que según el Banco Central, se ubica en 12% para este año.

"Este acuerdo contempla un reajuste de 12% para todos los trabajadores con rentas brutas mensualizadas de hasta $2.200.000 y un reajuste de un monto fijo de $264.000 para trabajadores con rentas superiores a $2.200.000", detalló el ministro de Hacienda, Mario Marcel. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara dijo que el acuerdo permitirá avanzar en la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios públicos y "también en una agenda laboral que comprometemos como gobierno".

Marcel agregó que también se acordaron "valores para aguinaldos de Navidad, Fiestas Patrias, bono de escolaridad y vacaciones, y una serie de otros beneficios, incluyendo a los trabajadores de más bajas rentas y de zonas extremas del país".

Mañana la propuesta será analizada por la Comisión de Hacienda de la Cámara.

La anomia, el nihilismo y el maniqueísmo son tres preocupantes características de la sociedad contemporánea, que afectan gravemente a los supuestos básicos de una comunidad política, porque la debilitan, o, en el peor de los casos, pueden hacerla inviable. Y es que la existencia y funcionamiento de estas comunidades exige contar con algunos mínimos pero esenciales consensos, particularmente en lo relativo al respeto de algunas reglas y límites indispensables para la consecución del bien común y para la convivencia social. Exige además una apertura al diálogo racional, y una actitud que conduce a ver a quien piensa distinto a mi no como un enemigo, sino como alguien que merece mi respeto y consideración. El problema es que hoy en día aquellos supuestos están muy debilitados, e incluso algunos de ellos parecieran estar desapareciendo.

Pero todo esto no es ni accidental ni casual. Es producto de la difusión durante años de ideologías y visiones antropológicas que han servido de inspiración a malas decisiones políticas y económicas, y a confundir el sentido y fin de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil. Así, la anomia y el nihilismo presentes en nuestras sociedades son la consecuencia del debilitamiento del sentido de autoridad, y, como consecuencia de aquello, de las figuras e instituciones a las que clásicamente se les reconocía dicha cualidad. En tal sentido, el resquebrajamiento de la familia, la pérdida del respeto a quienes encarnan la idea de autoridad (desde profesores hasta policías), la exacerbación del individualismo, la crisis de instituciones esenciales en la vida de una sociedad, como la Iglesia, y el surgimiento de movimientos radicales identitarios, han ido produciendo el socavamiento de los pilares que sostienen a la comunidad política. El resultado de todo aquello lo estamos viviendo en el día a día: violencia, delincuencia, drogadicción, disolución social y pérdida del sentido de comunidad.

Como se comprenderá, todo esto supone un enorme desafío, pues implica reparar o, en su caso, restablecer cada uno de los pilares que hacen posible la convivencia. Se trata de una tarea ardua y compleja, porque las soluciones van contra corriente, y porque para muchos pueden ser políticamente incorrectas. Sin embargo, si de verdad queremos cuidar y fortalecer la comunidad política, debemos volver a proteger a la familia; restituir a los padres en su insustituible rol de educadores y formadores de los hijos, y a los profesores la necesaria autoridad en las aulas; restablecer el respeto por la figura y funciones de las policías, cuidar el importante rol de las organizaciones de la sociedad civil, y recuperar el trascendental papel de la religión y de la práctica religiosa en la sociedad.

En este contexto, el nuevo proceso constituyente que se está impulsando en nuestro país debe afrontarse con realismo y sentido común, alejándose de visiones que pueden agravar las fisuras que afectan los cimientos de la sociedad. El claro resultado del plebiscito del pasado 4 de septiembre, demuestra que los ciudadanos perciben la necesidad de recuperar dichos pilares, cuestión que lamentablemente no fue entendida por parte importante de quienes formaron parte de la Convención Constitucional. Por eso el proyecto de constitución que resulte del nuevo proceso constituyente debe no sólo recoger la tradición y principios generales del constitucionalismo chileno, sino que también debe cuidar muy especialmente aquellas bases fundamentales del orden social, dándoles el debido reconocimiento y protección.

"El nuevo proceso constituyente que se está impulsando en nuestro país debe afrontarse con realismo y sentido común, alejándose de visiones que pueden agravar las fisuras que afectan los cimientos de la sociedad".

*Profesor de Derecho Constitucional e investigador de Polis, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.