Nicolás Donoso A.

A propósito de la resistencia y el rechazo que ha generado en la comunidad el proyecto minero Vizcachitas -ubicado en la Provincia de San Felipe a 46 kilómetros del centro de Putaendo, y que ha derivado en reclamaciones interpuestas por vecinos y el municipio de la comuna-, Santiago Montt, presidente de Minera Vizcachitas considera que el proyecto puede convertirse en un motor de desarrollo sostenible para la localidad.

"Nosotros tenemos la total convicción de que el proyecto Vizcachitas se puede transformar en un aliado que no desplace las vocaciones agrícolas y al mismo tiempo como aliado y socio estratégico de su territorio se transforme en motor de desarrollo sostenible", manifiesta.

- ¿Qué lectura hacen del fallo del Tribunal Ambiental de Santiago en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y de la compañía?

- Hay una reclamación de la junta de vigilancia y de algunos vecinos, esa tramitación está en curso. Lo que ocurrió fue que en marzo el Tribunal Ambiental acogió una medida cautelar que suspendió la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto. Nosotros hicimos diversos estudios e hicimos una presentación muy robusta y eso llevó a que el Tribunal en julio alzara esa medida de suspensión y permitiera el reinicio del proyecto sujeto a dos obligaciones, que son la de elaborar un plan de monitoreo y la de elaborar el Plan Recoge.

- Además, hay otro fallo del mismo tribunal en donde les solicitó paralizar sus operaciones en Putaendo, mientras no se elabore y valide el Plan Recoge de la especie gato andino que se encuentra en peligro de extinción. ¿Cómo explican esta decisión?

- El Plan Recoge no es un instrumento que esté relacionado al proyecto, los planes recoge son normativa que le corresponde al Ministerio del Medio Ambiente. Y lo que hizo el tribunal es que nos obligó a hacer una propuesta para una norma que la tome el ministerio y la termine de tramitar como norma jurídica para la protección de la especie en todo el hábitat de la especie. Entonces, nosotros tenemos que hacer una contribución y estamos comprometidos en realizar ese avance y ese aporte a la protección de la biodiversidad y del gato andino en el territorio nacional.

- ¿Qué medidas y acciones concretas van a ejecutar para la protección del gato andino?

- No es algo que dependa de nosotros. Ese es un estudio que tiene un componente técnico y a su vez algunas consultas y diálogos que se realizan con otras entidades, y eso es algo que se está desarrollando por dos consultoras que están trabajando con nosotros para esos efectos, para que ellos hagan ese estudio.

Duros cuestionamientos

- Estos recursos de reclamación han sido impulsados por las comunidades y por el municipio que se oponen a la iniciativa, ¿por qué siguen adelante con el proyecto minero si ha sido rechazado de manera transversal?

- Nosotros estamos muy presentes en la comuna de Putaendo y en nuestra percepción la gran mayoría de los putaendinos no están en contra del proyecto. Es cierto que hay algunos grupos ecologistas radicales y grupos antimineros que están en contra del proyecto y son muy ruidosos y muy visibles en las redes sociales, pero la gran mayoría que es más bien silenciosa está abierta a conocer y entender los beneficios que trae la minería en términos de desarrollo sostenible y de entender también a fondo los impactos. Nosotros no estamos en ningún apuro, no estamos corriendo por llegar a evaluación ambiental con el proyecto minero, éste es un proyecto que tiene tiempo, que va a entrar a evaluación ambiental en unos dos años más, entonces hay tiempo para esos diálogos y para esos diálogos la comunidad está abierta.

- ¿Cuáles son los alcances que tiene el proyecto y qué promueve?

- Vizcachitas es el proyecto greenfield más importante que tiene en carpeta el país. Éste es un proyecto que cuando esté en operación, ojalá que antes del fin de la década, va a producir unas 150 mil toneladas de cobre fino; o sea es un proyecto de la gran minería y es un proyecto que va a constituir a un motor de desarrollo sustentable para toda la comuna, provincia y región. Según cálculos que tenemos se estima que este proyecto contribuiría en tres puntos adicionales al PIB regional de la región. O sea, la minería realmente a través de la generación de empleos, en este caso 1.200 puestos de trabajo en régimen, 5.000 puestos de trabajo en construcción, el encadenamiento productivo, la responsabilidad social empresarial y los impuestos demuestra que a través de una minería bien hecha, sustentable, con buenos estándares, se puede ser una gran contribución de desarrollo sostenible.

- ¿Por qué consideran que, a pesar que hablan de un proyecto que entrega sustentabilidad económica y social es ampliamente cuestionado y criticado?

- Hay grupos que son antimineros y que están en contra de la gran minería en la comuna y no quieren saber nada de la minería. O sea, su posición es de principios y no creen en la minería, pero esa no es la opinión de la gran mayoría de las personas. Hay que recordar que el valle de Putaendo está golpeado por la sequía, el cambio climático, la desertificación. Es una comuna en donde un tercio de su población vive bajo la línea de la pobreza multidimensional. O sea, es una comuna que necesita volver a reencontrarse con ciertos caminos de desarrollo y de esperanza.

- ¿Cree que se hace necesario, entonces, generar instancias de conversación y participación con las comunidades?

- Tenemos una RCA para los sondajes, la cual tuvo un proceso de participación ciudadana. Es decir, nosotros estamos autorizados sobre la base de una resolución del SEA que tiene participación ciudadana. Además, somos una empresa con un intenso programa de participación con la comunidad, tenemos oficina en Putaendo, personal que trabaja permanentemente en esa oficina que es de la comuna, un equipo de comunidades de tres personas, personalmente yo estoy la gran mayoría de los miércoles en Putaendo. Somos una empresa que está vinculada con el territorio, estamos siempre abiertos a conversar con todos los vecinos y activamente buscando conocer, informar y escuchar, y ése es un proceso que lo tomamos muy en serio y queremos seguir profundizando nuestra relación con la comunidad.

"Nosotros estamos muy presentes en la comuna de Putaendo y en nuestra percepción la gran mayoría de los putaendinos no están en contra del proyecto".

La Corte Suprema acogió el recurso de protección en contra de la empresa Inversiones Ramón Oliva S.A. y ordenó paralizar el proyecto inmobiliario que desarrolla en la localidad de Llolleo, comuna de San Antonio, hasta obtener los permisos sectoriales pertinentes.

Según reveló Cooperativa, en la sentencia de la Tercera Sala del máximo tribunal se estableció el actuar ilegal, arbitrario y abiertamente contradictorio con la normativa ambiental y de construcción de la empresa al proceder a ejecutar el proyecto sin contar con los permisos sectoriales.

Producto de ello se ordenó a la Conaf, Superintendencia de Medioambiente y a la Dirección Regional de Aguas y Dirección de Obras de la Municipalidad de San Antonio fiscalizar en terreno el cumplimiento de la normativa.

"Se constató, en síntesis, en los informes evacuados por las autoridades oficiadas en autos, que la recurrida realizó obras sobre el terreno de autos sin la autorización municipal correspondiente y, a su vez, en su ejecución no respetó las directrices forestales entregadas por la Conaf, y vulneró la normativa forestal y ambiental", afirmó el fallo.

Estas vulneraciones se dieron "al haber eliminado completamente el lecho vegetal en su predio y talado árboles en exceso a los autorizados, de una forma tal que no es posible reforestar en las actuales condiciones, afectando la flora del lugar", se afirmó.

Por tanto, "se revoca la sentencia apelada de fecha 22 de junio de 2022 dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y, en su lugar, se declara que se acoge el recurso de protección deducido en contra de la Inversiones Ramón Oliva S.A., en tanto no cuente con los permisos sectoriales correspondientes".