Tareas urgentes para la nueva jefatura nacional de la Fiscalía
Independientemente de quién sea el o la sucesora de Jorge Abbott en la conducción del Ministerio Público, las altas expectativas por mejores resultados en la persecución penal, sobre todo del crimen organizado, marcarán irremediablemente su quehacer, en medio de la crisis de seguridad. Un nuevo estándar en la relación con las víctimas es otro desafío.
La fallida candidatura del fiscal jefe de Santiago Norte, José Morales, propuesto por La Moneda al cargo de Fiscal Nacional y a quien le faltaron apenas dos de los 33 votos que requería en el Senado para ser ratificado en el cargo, no solamente es reveladora de la dispersión al interior de bloques y partidos del oficialismo y la oposición, y de una serie de aprensiones y cuestionamientos sobre el desempeño del postulante en bullados casos judiciales, cosa que el Gobierno tildó de "campaña sucia".
También refleja las exigentes expectativas cifradas en el sucesor o sucesora de Jorge Abbott por los próximos ochos años y la magnitud del desafío que deberá enfrentar, porque lo que se espera es un mejoramiento sustancial en la gestión del Ministerio Público que se traduzca en una serie de resultados concretos, desde una mayor efectividad en la persecución penal, en especial de los delitos violentos y de los perpetrados en las zonas norte y sur, hasta una especial preocupación y cercanía con las víctimas.
En un escenario marcado por el creciente aumento de la percepción de inseguridad en la ciudadanía, derivado principalmente del preocupante incremento en la comisión de ilícitos con fuertes grados de violencia, expertos en materia de seguridad y otros relevantes actores sociales se plantean frente a las tareas que la próxima jefatura del Ministerio Público debe enfrentar con sentido de urgencia, independientemente de quién sea la persona que la ejerza.
Ni un minuto que perder
La situación delictual y la inseguridad que existen hoy en el país hacen que la Fiscalía, de cuya actuación la ciudadanía es sumamente crítica, se encuentre fuertemente estresada, plantea el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, quien recalca que "hay caminos concretos que deben ser tomados con urgencia para mejorar el desempeño de la institución; no vemos que sea un trabajo inabordable. Es el minuto de hacer los cambios, hay urgencia en eso y no hay ni un minuto que perder".
Al enumerar los ámbitos prioritarios, menciona en primer término mejorar la eficacia en la persecución penal, ya que el porcentaje de causas en que se logra el esclarecimiento de los hechos aún es bajo; así como "generar las capacidades en el Ministerio Público para que pueda perseguir con mayor intensidad los delitos que están generando mayor daño, como los homicidios por ejemplo", para lo cual se requiere optimizar la labor investigativa a fin de desarticular las bandas que están operando en el territorio "y no quedarnos en el último eslabón de las cadenas delictuales".
Igualmente, subraya la necesidad de reenfocar la relación con las víctimas, manteniéndolas informadas sobre sus causas -"no puede ser que sea el ciudadano quien esté preguntando permanentemente para recibir una respuesta"- y haciéndolas partícipes eventualmente de algunos procesos judiciales en que ello sea posible.
La dinámica de la denuncia
En opinión de Daniel Johnson, la baja de 6,2 puntos porcentuales en el número de denuncias detectada por el Índice 2022 de Paz Ciudadana es demostrativa de la dinámica que adquiere esta problemática, ya que la tasa no indica en ningún caso que hayan disminuido los ilícitos que la motivan.
"La gente no denuncia porque piensa que no va a tener un beneficio, que su causa no se va a esclarecer; porque siente que el costo de denunciar es muy alto y que su pérdida es baja, por lo tanto, no hay recompensa", sostiene. Aunque desde otra perspectiva, agrega, inhibirse a hacerlo "deja ciego al sistema", por lo cual "aunque uno no vaya a tener ningún beneficio, siempre es importante que denuncie porque puede ayudar a que otras personas no sean víctimas del mismo delito".
En otro aspecto, plantea que, en promedio, un fiscal en Chile tiene más de 1.800 causas abiertas. ¿Hay que aumentar los persecutores, ya? Daniel Johnson enfatiza que "hay que pensar la institución desde la gestión", para lo cual se requiere priorizar las causas
el incremento en los delitos violentosd es motivo de preocupación general en el país. por eso las prioridades de los postulantes a fiscal general han concitado gran interés ciudadano.
Rosa Zamora Cabrera
rosa.zamora@mercuriovalpo.cl