Francisco Meneses V.

En medio de la compleja situación de seguridad ciudadana, desde el Consejo Regional manifestaron su preocupación por el pronto término del convenio que permite el funcionamiento y operación de drones de vigilancia en la zona, cuya fecha es el 31 de diciembre.

El origen del acuerdo -en base al documento firmado en su momento por la exsubsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell- se remonta a mayo de 2019, cuando bajo el gobierno de Sebastián Piñera se lanzó el plan "Calle Segura", que en uno de sus ejes incluyó la implementación de sistemas de televigilancia móvil. Esto, con el fin de generar una coordinación intersectorial eficiente, para la prevención de los delitos en espacios públicos.

En diciembre de ese año, el Core aprobó suscribir un convenio de programación que permitiera el financiamiento de dicho sistema durante el período 2019-2022. El programa estaría a cargo de la, por ese entonces, Intendencia Regional, con el apoyo de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Dicho instrumento fue firmado en enero de 2020 y dio pie a la colaboración financiera entre la subsecretaría y la Intendencia de la época que se concretó en el mes de abril con un convenio para "financiar y regular la operatividad del proyecto de Televigilancia móvil", a través de la transferencia de recursos del nivel central al regional.

Las cifras avalan

El consejero John Byrne (Republicanos), presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Core, manifestó que se tratan de seis drones destinados para acciones de seguridad, operados "por un piloto que es acompañado por un funcionario policial, generando la inteligencia y antecedentes necesarios para prevenir o terminar con acciones delictivas, a través de más de mil procedimientos". La base de operaciones está en el edificio de la actual Delegación, donde están los operadores que monitorean las cámaras de cada dron.

Según antecedentes recabados por el core, a nivel de prefecturas de Carabineros, en Viña del Mar las imágenes captadas por los drones permitieron 79 detenciones en 2022, interviniendo en más de 700 procedimientos y actuando "en temas masivos como eventos deportivos, comercio callejero, manifestaciones, etc.".

En el caso de Valparaíso, agregó Byrne, "ha permitido su uso para prevenir hechos en eventos masivos deportivos en Playa Ancha, acciones en tiempo presente en poblaciones, facilitando operativos antidrogas y crimen organizado".

En las otras prefecturas, los drones han sido utilizados para desbaratar el contrabando de cigarrillos en la frontera y delitos portuarios en San Antonio, además de ayudar en el combate de incendios forestales y acudir a otras emergencias.

"Lamentablemente este programa, financiado por el Gobierno Regional, está bajo la responsabilidad de la Delegación Presidencial y tenemos la impresión que no se le otorga la debida importancia, ya que de los cuatro operadores de cámaras que están en el edificio de la administración regional solo queda uno en la actualidad", aseguró el consejero.

A juicio del representante, "nos preocupa como consejeros regionales y en particular como presidente de la Comisión de Seguridad, que a esta fecha no se ha procedido a licitar la renovación ni se ha extendido el contrato actual".

Piden volver a licitar

Manuel Millones (Ind.-UDI), integrante de la comisión de Seguridad del Core, coincidió con la apreciación de Byrne. "Llama la atención la falta de interés de las autoridades políticas que tienen al mando estos drones, dado que hace algunos meses fueron desvinculados tres de los operadores. Es decir, hoy existe uno solo en esa importante función de monitoreo de las cámaras, pero lo más complejo es que no hay información sobre la continuidad o no de este programa", dijo.

A su juicio, si bien el contrato "es bien oneroso para nuestro escuálido presupuesto", "los resultados y falta de efectivos para tener presencia en toda la región, el Ministerio del Interior debiera volver a licitar estos servicios y aumentar la cantidad de drones, dado lo extenso del territorio".

En el seno de la Comisión de Seguridad del Core se ha discutido este tema y sus integrantes han estimado, según planteó Millones, que "claramente la responsabilidad es únicamente del Ministerio del Interior y a nivel regional de la Delegación y Coordinadora Regional de Seguridad".

John Byrne, por su parte, indicó que "consultado el mando regional de Carabineros, este cuerpo considera esta herramienta como clave en la prevención del delito en la región. Esto es especialmente cierto en procedimiento antidrogas o en lugares de difícil acceso. Esperan que las autoridades sigamos financiando está herramienta".

Datos para la comunidad

En tal sentido el consejero dijo que, junto a sus pares, "vamos a exigir que si se renueva (el programa) con nuestro financiamiento, tengamos reportes mensuales sobre su utilización y resultados; un informe sobre la dotación asignada y éxitos logrados con métricas precisas".

"Este programa implica una importante inversión de nuestro Gobierno Regional y debemos contar con la información señalada para entregársela a las personas que están muy preocupadas por el tema seguridad en la región, como en el país", manifestó Byrne.

Por otra parte, Manuel Millones comentó que "un tema que se puede vincular a esta preocupación es que el gobierno podría estar disponible a transferir la competencia de prevención del delito" al gobernador regional.

"Esa condicionante podría generar un nuevo escenario y, por cierto, que esa competencia sí la queremos y así lo hemos transmitido al subsecretario de Desarrollo Regional. Más aun cuando es la mayor demanda de la comunidad y si asumimos esa labor, no tengo duda alguna que lo haríamos mucho mejor que el Gobierno central", aseveró.

Un medio "importante"

Un juicio que comparte el gobernador regional y presidente del Core, Rodrigo Mundaca: "Todas las gobernadoras y gobernadores regionales, en general, estamos de acuerdo con estar dotados con competencias en materia de prevención del delito y no solamente ser el mero financista de iniciativas de esta naturaleza".

La autoridad planteó que "en rigor, el conjunto de las gobernadoras y gobernadores regionales electos democráticamente, hemos aportado más de $300 mil millones en materia de seguridad. Solo el Gobierno Regional de Valparaíso, a la fecha, ha aportado más de $25 mil millones en materia de seguridad y uno lo que esperaría es, precisamente, tener competencias en materia de prevención del delito".

Mundaca valoró el sistema de televigilancia con drones, al estimar que "es un medio de vigilancia muy importante, porque se utiliza también como medio probatorio cuando se cometen delitos y es necesario identificar a los culpables, a los responsables".

"Darle continuidad al programa de televigilancia aérea es algo que también tenemos que evaluar, en el marco del Consejo Regional, junto a las consejeras y consejeros regionales, tenemos que evaluarlo también en términos presupuestarios", consideró el Gobernador; aunque reiteró que "sin duda, es un medio probatorio, un medio preventivo tremendamente importante y altamente valorado también".

Hasta el cierre de esta edición se esperaba un pronunciamiento de parte de la Delegación Presidencial Regional sobre esta materia, pero sin resultados.

"Nos preocupa como consejeros regionales (...) que a esta fecha no se ha procedido a licitar la renovación (de los drones) ni se ha extendido el contrato actual".

John Byrne, Consejero P. Republicano

"Es un medio de vigilancia muy importante, porque se utiliza también como medio probatorio cuando se cometen delitos y es necesario identificar a los culpables".

Rodrigo Mundaca, Gobernador regional

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