Redacción

Desde que el Rechazo a la propuesta de nueva Constitución emanada de la Convención ganó por amplio margen el 4 de septiembre, los partidos políticos han negociado para sacar adelante un nuevo acuerdo para una nueva Carta Fundamental. Ya han pasado tres meses y la constante ha sido la postergación de fechas: Chile Vamos descartó octubre por el aniversario del estallido social, pero luego pasó todo noviembre y ya se entra en la segunda semana de diciembre, todo con declaraciones de buena voluntad, de que las negociaciones avanzan, pero sin resultado, ante lo cual el Presidente Boric llamó a apurar la decisión conjunta.

Durante su participación en el VI Foro Internacional Invest Chile, y a pesar de que la oposición ha criticado que intervenga en el asunto constitucional, el Mandatario señaló una serie de acciones que a su juicio son necesarias para mejorar el ambiente de negocios en el país, empezando por el acuerdo político para avanzar en una nueva Constitución.

"Lo político no puede desacoplarse de estas discusiones de desarrollo que estamos dando. Por eso es importante que los partidos políticos lleguen a acuerdo pronto, esta semana, a un acuerdo respecto al proceso constituyente, para que tengamos una nueva carta fundamental que otorgue estabilidad y un nuevo pacto social a nuestro país y que sea legítimo ante los ojos de la ciudadanía", indicó Boric casi en tono de ultimátum.

Su premura -y también la de la oposición, que llegó a proponer seguir reunidos hasta que hubiera acuerdo-, tiene que ver con dar seguridad a inversores y demostrar que "en Chile se puede invertir con tranquilidad, porque en nuestro país las reglas son claras. Chile es un país que es predecible. A mí en la vida me gustan las sorpresas, pero en política no. En la vida personal, bienvenidas sean las sorpresas, pero en política prefiero a quienes son predecibles y no a quienes están inventando a cada rato".

Hacia sistema mixto

Sin acordarlo, Chile Vamos coincidió con esta visión y fue más tajante en el inicio de la jornada de conversaciones ayer: le pidió al presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), que negociaran hasta cerrar todos los puntos de acuerdo. Sin embargo, las cosas se diluyeron nuevamente y se espera volver a avanzar hoy.

El gran punto de conflicto, al cierre de esta edición, era la composición del órgano redactor, en lo que la oposición fue clara para descartar un grupo ciento por ciento electo, como lo expresó la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt: "Mientras más la propuesta del oficialismo se parezca al diseño del proceso constitucional, que fue ampliamente rechazado no solo por el contenido, también por la forma en que funcionó, más lejos vamos a estar en responder a la expectativa ciudadana".

Por eso hizo ruido que Convergencia Social, partido del Presidente Boric, publicara en sus redes sociales una gráfica en la que se usa la frase "la democracia se construye con elección y no con designación". Y el timonel de la colectividad, Diego Ibáñez, afirmó en radio Cooperativa que "la mixtura de 50% y 50% es un atentado contra el principio democrático", en referencia a la posibilidad de que solo la mitad de los integrantes sea elegida y el resto esté compuesto por expertos designados.

Pero también desde el oficialismo, el diputado Raúl Soto (PPD), reconoció que "hay varios detalles todavía que definir, pero que esto está caminando yo diría hacia un órgano mixto, donde una proporción mayor de personas electas se dediquen a redactar la nueva Constitución, acompañados de una proporción menor de expertos y expertas electos de manera indirecta, a través del Congreso Nacional".

Sin embargo, descartó la propuesta de la oposición de 50% electo, porque la consideró "insuficiente".

"Hay varios detalles todavía que definir, pero que esto está caminando yo diría hacia un órgano mixto".

Raúl Soto, Diputado (PPD)

Al parecer, y luego de meses, se estaría por fin arribando a un acuerdo respecto del órgano y el procedimiento para redactar una nueva Constitución. De creer a las noticias, se trataría de un órgano mixto, compuesto en una parte por convencionales electos y en la otra, aunque menores en número, por expertos.

La fórmula plantea un problema de interés.

¿Por qué una fórmula mixta? ¿Qué podrían aportar los expertos que no esté al alcance de los representantes inconfesadamente políticos?

La idea de una fórmula mixta quiere evitar que la futura Convención -o Asamblea o Simposio o Congreso o Conferencia, o como se decida nombrarla- se convierta en un simple juego de toma y daca entre las diversas fuerzas políticas o grupos de interés que logren representación en ella. Un juego de toma y daca se verifica cuando en vez de reflexión conjunta hay un simple intercambio de apoyos en que un grupo promete adherir a una idea de otro grupo en la que no cree con el solo propósito de que este último adhiera, en reciprocidad, a la suya (yo creo en los derechos reproductivos y no en la propiedad; pero estoy dispuesto a apoyar esta última, incluso a mi pesar, si tú votas favorablemente a los primeros). Este fenómeno (parte del cual se produjo en la reciente Convención) no conduce a un acuerdo constitucional, es decir, a un texto donde todos puedan converger, sino a una mera yuxtaposición de reglas e intereses en cuyo conjunto nadie se reconoce. La presencia de expertos (al parecer esto es lo que se espera) evitaría el juego de toma y daca y favorecería, en cambio, una reflexión o deliberación acerca de lo que sea mejor para la comunidad política.

En suma, los expertos -esto es lo que se espera de ellos- tendrían más lealtad a su saber o a la disciplina que cultivan que a los meros intereses y ello ayudaría a la reflexión constitucional.

Este acuerdo en incluir expertos es llamativo en sí mismo, más allá del aporte que puedan hacer al debate.

Porque lo que se dijo infinidad de veces, y se intensificó en octubre del 2019, fue que los expertos no debían tener la última palabra en las cuestiones relativas a la vida colectiva. Se insistió una y otra vez (y el Presidente Gabriel Boric lo subrayó cuando era diputado) que la democracia chilena era imperfecta porque los límites de lo posible, el dibujo de esa línea que indica lo que es factible y lo que no, estaba entregado a la técnica y a quienes estaban familiarizados con ella. Los expertos (que durante mucho tiempo fueron los economistas) habrían sustituido y desplazado a la soberanía popular en favor del simple saber técnico o mejor, se decía entonces, a pretexto del saber técnico. Mover la línea de lo posible exigía dar la palabra a la voluntad popular y hacer enmudecer siquiera por momentos a la técnica.

Pero -al revés de lo que se creyó durante tanto tiempo- ahora se cayó en la cuenta de que los expertos eran necesarios en la vida social y no simples impostores o usurpadores de la voluntad del pueblo, como tantas veces se insinuó. Su presencia indicaría que la democracia necesita que se hable y se dialogue, y se planteen puntos de vista, no solo en el nombre del pueblo, sino también en el nombre de la razón (In the Name of Reason, En el nombre de la razón, es el título de una investigación publicada por el profesor Patricio Silva de la Universidad de Leiden, sobre la presencia de la técnica en la evolución social y política de Chile).

De llegarse al acuerdo que las noticias indican (y todo parece indicar que las cosas van hacia allá), los expertos estarían de vuelta, aunque no serán economistas con Adam Smith, Friedman, Krugman o Sen bajo el brazo, sino abogados y profesores de derecho, vestidos de saco y corbata, armados de análisis de derecho comparado, ciencia política y doctrina legal.