Pamela Boltei

Este martes, el Concejo Municipal de Viña del Mar aprobó a "regañadientes" la iniciativa alcaldicia de consultar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) un leaseback por más de $17 mil millones mediante dos bienes municipales: el ubicado en 11 Norte 899 y el de 5 Oriente 71 0 y otros.

En la sesión ordinaria de ayer, realizada por cerca de dos horas en el hotel O'Higgins, se discutió el tema, pues entre los concejales la gran mayoría estuvo en desacuerdo por tomar el camino del leaseback, por el nivel de endeudamiento a 10 años, al consideraron que habían otras alternativas más inmediatas y seguras, y porque dudan si es que los bancos se interesarán en ayudar al municipio, dado que anteriormente ya lo habían negado.

De hecho, al finalizar los comentarios de los concejales, la alcaldesa Macarena Ripamonti insistió en que el leaseback se aprobara de manera unánime, pero aquello no se logró, pues los ediles Jorge Martínez (UDI) y Antonia Scarella (Ind. pro UDI) se abstuvieron, en espera de que se analice un plan B que presentaron en caso que no resulte el plan.

El gerente de la Corporación Municipal, Jorge Cea, explicó que esta operación financiera busca "pagar el mayor porcentaje posible de las cotizaciones previsionales, los descuentos voluntarios de funcionarios, seguros complementarios que pudiesen existir, cuotas gremiales y sindicales pendientes, servicios básicos, proveedores de insumos e impuestos", y que han conversado con diversas entidades bancarias para ir sondeado el interés "y hemos podido obtener simulaciones previas que nos dan cierto orden de magnitud del monto de crédito al cual podemos acceder, del CAE (Costo Anual Equivalente) y del valor de la cuota a la que podríamos acceder en un horizonte de 10 años", pensando en un financiamiento del 90% de la tasación comercial.

Detalle del plan

En base a aquello presentaron tres escenarios simulados, de los cuales el propuesto al Concejo es un leaseback solicitado por un total de $17.517.806.100, que corresponden a 503.139 UF, generando una cuota anual, a 10 años, de $2.323.408.044, equivalentes a 66.732 UF. En términos de tasa estimada mensual, corresponde a 0,492% y un CAE de 5,5%.

"Estos son valores estimados sobre la base de simulaciones de la industria bancaria y está sujeto a la oferta competitiva que nos entregarían en una licitación las distintas instituciones bancarias. El costo total del crédito es $23.427.697.777 al día de hoy, teniendo un costo total de aproximadamente $5.900 millones, en términos de intereses, para el periodo total de los 10 años. Si lo distribuimos estaríamos hablando de alrededor de $590 millones en intereses anuales. Solo en intereses y multas para el caso de la deuda previsional que hemos podido pagar estos 16 meses, hemos pagado más de 3 veces esa cifra", aclaró Cea.

El leaseback cubrirá "el 100% de los descuentos legales aproximados con previsión social, salud y adicionales de nuestros funcionarios. Por primera vez en 27 años nuestros funcionarios estarán al día en sus descuentos de cotizaciones. Cubrir el 100% de la deuda en servicios básicos, del orden de los $1.200 millones (...) 100% de los impuestos de la deuda impositiva, de retenciones de impuestos de 2° categoría, el 60,8% de las facturas y obligaciones con proveedores de insumos y servicios críticos para salud y educación", indicó.

Para Cea, el leaseback "permite transformar la corporación en una corporación totalmente distinta, que no esté luchando mes a mes en sobrevivir, que no esté pensando en cómo vamos a comprar sabanillas para nuestros centros de salud porque estamos juntando los pesitos a través de licencias médicas para comprar, sino poder proyectar una corporación que crezca, realice proyectos, mejore centros de salud y centros educacionales, con un trabajo y proyección de futuro".

Fueron varios los concejales que plantearon su recelo con aprobar la operación, aunque la mayoría votó a favor. Entre René Lues, Jorge Martínez y Antonia Scarella propusieron una alternativa adicional para evitar un endeudamiento a 10 años con el leaseback a través de rebajas de remuneraciones altas, ajustes en los aportes del casino y en contratos de servicios, pero aquello no fue votado ayer y esperan que pueda ser analizado posteriormente como otra opción.

"Responsabilidad personal"

La alcaldesa Macarena Ripamonti, dijo al finalizar que "vamos a dedicar nuestra vida, a poner lo único que tenemos, nuestro nombre, para que esto resulte, nuestra responsabilidad personal para que esto resulte, y vamos a hacer las cosas de manera adecuada. Tenemos límites: La ley. Bajo ningún respecto vamos a hacer cosas ilegales (...) Esto tiene que poner fin, y que podamos gozar todos el 2023, de que le pusimos fin a un problema estructural respecto del cual yo pongo mi nombre a disposición, mi responsabilidad personal".

"Que podamos gozar todos el 2023 de que le pusimos fin a un problema estructural, respecto del cual yo pongo mi nombre a disposición".

Macarena Ripamonti, Alcaldesa de Viña del Mar

"Permite transformar la corporación en una corporación totalmente distinta, que no esté luchando mes a mes en sobrevivir".

Jorge Cea, Gerente Cormuviña

"Ya que se aumentó el presupuesto y se dijo que la prioridad era la salud, a demostrarlo. Las cotizaciones se tienen que pagar ya, no en 6 u 8 meses".

Jorge Martínez, Concejal (UDI)

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Un recurso de protección para que se ordene el desalojo de los ocupantes ilegales de un terreno en Placilla presentó su propietario, Carlos García, junto a otras 5 personas, contra quien sería, a juicio de los recurrentes, el "organizador" de una toma en un predio de su propiedad.

De acuerdo al recurso, presentado por el estudio jurídico Kandora y Cía., el recurrido ingresó "junto con un número indeterminado de personas, por la fuerza, sin miramientos, amenazando a los vecinos, destrozando el cerco perimetral, para acto seguido comenzar a deforestar, demarcar el terreno e iniciar la construcción de viviendas con material ligero y madera en los inmuebles de los cuales los recurrentes son legítimos poseedores y propietarios, inmuebles ubicados en el sector de Placilla de Peñuelas, comuna y ciudad de Valparaíso, Quinta Región, lo que constituye un acto arbitrario e ilegal que perturba y amenaza permanentemente el legítimo ejercicio de los derechos y facultades legales de los recurrentes".

Se trata de las parcelas 161, 162 y 163, ubicadas en Placilla, Valparaíso. "Con fecha 03 de Marzo del presente, los recurrentes fueron informados que las parcelas N.º 161, 162 y 163, de Placilla de Peñuelas, precedentemente individualizadas, habían sido "tomadas" el día 20 de Febrero, por un número indeterminado de personas, lideradas por el recurrido don José Antonio Rojas Sandoval.

Por ello, piden que "se ordene el desalojo de los ocupantes ilegales encabezados por el recurrido y prohibir el ingreso a todo otro individuo que carezca de legitimo título para ello, facultando a Carabineros de Chile para resguardar el inmueble por treinta días a lo menos o el plazo que US.I., estime prudencial, sin perjuicio de otras medidas que se adopten de inmediato y que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la protección de la garantía constitucional que corresponde recurrentes titulares del derecho real de propiedad, sobre los inmuebles usurpados, todo ello con costas".

Reciente jurisprudencia

Diego Pereira, abogado recurrente, explicó que presentaron el recurso ayer en la mañana por la vulneración "a la garantía de propiedad consagrada en el artículo 19, número 24 de la Constitución, en representación de la familia García que son dueños de 3 terrenos en el sector Las Mercedes de Placilla. Lo presentamos impulsados por la reciente jurisprudencia que se ha dictado por la Corte Suprema a ya no rechazar los recursos de protección que se interponían en este sentido, sino a acogerlos y con plazos bastante interesantes de desalojo".

Pereira se refiere a un fallo de noviembre de este año presentado por el abogado Waldo del Villar por un problema similar en Reñaca Alto, Viña del Mar. "Ya se está haciendo jurisprudencia, varios fallos se están repitiendo, también hubo un segundo fallo el viernes en Arauco".

"Lo presentamos impulsados por la reciente jurisprudencia que dictó la Corte Suprema a ya no rechazar los recursos que se interponían en este sentido".

Diego Pereira, Abogado recurrente