El transporte público quedó para el final
El Gobierno confirmó que una etapa del nuevo sistema operará en el Gran Valparaíso a fines de 2025, en el epílogo del mandato presidencial.
El bochornoso atasco que sufrió un bus eléctrico en el cerro Alegre, durante la presentación del nuevo plan de transporte público para el Gran Valparaíso, es un reflejo de la desidia con la cual el Gobierno mira desde Santiago los problemas urgentes de nuestra Región, al punto de convertir un acto estelar largamente esperado por la ciudadanía, en un meme del funcionamiento del Ejecutivo, como bien apuntó un asesor parlamentario. La ridiculez del error provoca rabia y los detalles del plan presentado, desaliento. Postergar para el fin del Gobierno una licitación que lleva diez años de atraso, cuando todos los estudios sobre tráfico y demanda poblacional se han hecho más de una vez, no cumple con las expectativas cifradas por las propias autoridades respecto de la prioridad que darían a los problemas de transporte público en la zona.
Los detalles dados a conocer por el ministro Juan Carlos Muñoz tampoco resuenan a compromisos demasiado novedosos. Para iniciar, la integración de una flota de buses eléctricos -2.100, de buena accesibilidad y alto estándar- es una vieja petición de la ciudadanía y una promesa que ya hizo en 2021 la entonces titular de la cartera, Gloria Hutt. El electrocorredor partiría con servicios a Placilla, de los cuales poco o nada se ha sabido. El pago electrónico e integrado de todos los servicios de transporte público -buses, tren y ascensores- era uno de los objetivos de la licitación de 1997 y una prioridad cuando se renovaron los contratos y licencias en 2012. Hoy suena a una deuda antigua sobre la que hay pocas expectativas reales de cumplimiento. Y lo que el ministerio quiere hacer pasar como "nuevas exigencias a los futuros operadores" para garantizar frecuencias adecuadas y recorridos completos, son simples pilares básicos de cualquier sistema de transporte público. Y antes que poner demasiado énfasis en el papel que jugarán en la próxima licitación, sería bueno que las autoridades explicaran mejor cómo obligarían a los empresarios a cumplir aquello que ha sido imposible en los últimos 15 años. Hay más razones para abrigar pocas esperanzas de que esta sea la solución definitiva para los problemas que viven los habitantes de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana. Una es la judicialización excesiva de este tipo de procesos. Con frecuencia, los obstáculos jurídicos puestos por los oferentes no favorecidos se transforman en atrasos para la implementación de las mejoras previstas. Otra son los plazos anunciados. Llevar el proceso hasta fines de 2025, al borde del término del actual gobierno del Presidente Gabriel Boric, asoma como un peligroso déjà vu de lo ocurrido con el Transantiago, cuyo diseño y licitación se llevó a cabo bajo la Presidencia de Ricardo Lagos, pero su implementación total se alcanzó con el primer mandato de Michelle Bachelet.
Las acusaciones cruzadas entre ambas administraciones sobre dónde cargar las responsabilidades políticas por los serios problemas del sistema metropolitano solo ralentizaron las soluciones que la población pedía con urgencia. Más allá de la buena voluntad expresada por el ministro y los parabienes expuestos por otras autoridades oficialistas, pocas cosas hacen pensar que el camino trazado tendrá un destino distinto al ya caduco Plan de Transporte Metropolitano de Valparaíso, TMV.