El bochornoso atasco que sufrió un bus eléctrico en el cerro Alegre, durante la presentación del nuevo plan de transporte público para el Gran Valparaíso, es un reflejo de la desidia con la cual el Gobierno mira desde Santiago los problemas urgentes de nuestra Región, al punto de convertir un acto estelar largamente esperado por la ciudadanía, en un meme del funcionamiento del Ejecutivo, como bien apuntó un asesor parlamentario. La ridiculez del error provoca rabia y los detalles del plan presentado, desaliento. Postergar para el fin del Gobierno una licitación que lleva diez años de atraso, cuando todos los estudios sobre tráfico y demanda poblacional se han hecho más de una vez, no cumple con las expectativas cifradas por las propias autoridades respecto de la prioridad que darían a los problemas de transporte público en la zona.

Los detalles dados a conocer por el ministro Juan Carlos Muñoz tampoco resuenan a compromisos demasiado novedosos. Para iniciar, la integración de una flota de buses eléctricos -2.100, de buena accesibilidad y alto estándar- es una vieja petición de la ciudadanía y una promesa que ya hizo en 2021 la entonces titular de la cartera, Gloria Hutt. El electrocorredor partiría con servicios a Placilla, de los cuales poco o nada se ha sabido. El pago electrónico e integrado de todos los servicios de transporte público -buses, tren y ascensores- era uno de los objetivos de la licitación de 1997 y una prioridad cuando se renovaron los contratos y licencias en 2012. Hoy suena a una deuda antigua sobre la que hay pocas expectativas reales de cumplimiento. Y lo que el ministerio quiere hacer pasar como "nuevas exigencias a los futuros operadores" para garantizar frecuencias adecuadas y recorridos completos, son simples pilares básicos de cualquier sistema de transporte público. Y antes que poner demasiado énfasis en el papel que jugarán en la próxima licitación, sería bueno que las autoridades explicaran mejor cómo obligarían a los empresarios a cumplir aquello que ha sido imposible en los últimos 15 años. Hay más razones para abrigar pocas esperanzas de que esta sea la solución definitiva para los problemas que viven los habitantes de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana. Una es la judicialización excesiva de este tipo de procesos. Con frecuencia, los obstáculos jurídicos puestos por los oferentes no favorecidos se transforman en atrasos para la implementación de las mejoras previstas. Otra son los plazos anunciados. Llevar el proceso hasta fines de 2025, al borde del término del actual gobierno del Presidente Gabriel Boric, asoma como un peligroso déjà vu de lo ocurrido con el Transantiago, cuyo diseño y licitación se llevó a cabo bajo la Presidencia de Ricardo Lagos, pero su implementación total se alcanzó con el primer mandato de Michelle Bachelet.

Las acusaciones cruzadas entre ambas administraciones sobre dónde cargar las responsabilidades políticas por los serios problemas del sistema metropolitano solo ralentizaron las soluciones que la población pedía con urgencia. Más allá de la buena voluntad expresada por el ministro y los parabienes expuestos por otras autoridades oficialistas, pocas cosas hacen pensar que el camino trazado tendrá un destino distinto al ya caduco Plan de Transporte Metropolitano de Valparaíso, TMV.

Durante las últimas semanas hemos estado atentos a los nuevos acuerdos que asumieron los países en el marco de la COP27, tanto en materia de reducción de emisiones como en protección de la biodiversidad, pero sobre todo respecto a la toma de decisiones y a la ejecución de acciones efectivas para combatir el cambio climático.

Si bien se reconocen los avances, la gravedad de la crisis hace pertinente hacernos la siguiente pregunta: ¿Es esto suficiente para alcanzar la meta mundial de carbono neutralidad a 2050 y detener el deterioro en materia de biodiversidad? Sabemos que no.

Hace unos días celebramos que en Chile, por primera vez, las energías eólica y solar superaron a la de generación a carbón, lo que nos deja en muy buena posición para alcanzar la descarbonización de la matriz energética a 2030. Sabemos que el uso de energías limpias es clave en la lucha contra la crisis climática, y que minerales como el cobre, molibdeno, litio, hierro y plata, así como tantos otros, son esenciales para la producción de tecnologías como la de los paneles solares, turbinas eólicas, hidrógeno verde o vehículos eléctricos. Lo anterior es clave, considerando que el Banco Mundial estima que se necesitarán más de 3 mil millones de toneladas de minerales y metales para poder impulsar el uso de energías como la solar, la eólica y la geotérmica, así como también para el almacenamiento de energía.

Ante esta realidad, la relevancia de Chile y nuestros minerales y metales es indiscutible, lo que se ve reflejado en que, por ejemplo, en 2021 nuestro país produjo cerca de un 26% del cobre a nivel global, un 20% del molibdeno y un 6% de la plata. En este sentido, para poder asumir este importante desafío es de gran relevancia el rol que deben cumplir la ciencia y el desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a dichos minerales, donde se necesitará más asociatividad y el fortalecimiento de apoyos tanto del sector público como del privado.

Desde Compromiso Minero, Red que agrupa a más de 100 instituciones del ecosistema minero, estamos trabajando en dar a conocer la evolución del sector en la última década, principalmente en su responsabilidad con los territorios y comunidades cercanas a sus operaciones, en la promoción de prácticas sustentables, pero también en informar sobre la relevancia de esta actividad en el abordaje de la crisis climática.

Así, a través de la iniciativa "Siempre hay un chileno, un mineral chileno", recientemente lanzada por la Red, buscamos educar sobre los usos de nuestros minerales en la generación de energías y tecnologías limpias, lo que es esencial en el actual contexto de emergencia climática. Queremos colaborar con la entrega de información y con la búsqueda de soluciones concretas que den respuesta al mayor desafío generacional que nos toca enfrentar, haciendo eco al Acuerdo de París, donde se reconoce institucionalmente el rol que tiene la educación, el desarrollo científico-tecnológico y la innovación en el desafío climático, así como la importancia de la evidencia científica para derribar mitos y relevar la necesidad de contar con más minerales.

Con todo, el diagnóstico es claro: ya no hay tiempo para más análisis, debemos hacernos cargo de este desafío y del legado que estamos dejando a nuevas generaciones, y para eso debemos mantener una apertura al diálogo, educarnos y educar. Solo así nuestra acción será oportuna y efectiva.