Claudio Ramírez

Varias fueron las reacciones que surgieron a partir de las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien señaló que el proyecto de Puerto Exterior de San Antonio no puede seguir postergándose. Una obra que supone una inversión de más de US$3.000 millones y que está en plena tramitación ambiental.

Una visión crítica tuvo al respecto el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, quien recordó las complejidades de carácter ambiental que tiene la iniciativa. "En particular, como presidente del Consejo de Coordinación de Ciudad Puerto de San Antonio, me parece que el llamado que hace el Presidente a no seguir postergando el Puerto Exterior de San Antonio es una expresión de voluntad que no necesariamente se condice hoy día con la opinión que tenemos y tienen todos los ciudadanos que habitan la Región de Valparaíso y, particularmente, la ciudad de San Antonio", dijo la autoridad, recordando que el mencionado proyecto concentra 2 mil observaciones de la ciudadanía.

Remarcó que no es contrario a la expansión portuaria en la región, pero fue claro al subrayar que no puede hacerse "a expensas de hipotecar la vida de las comunidades ni de los cuerpos de agua, particularmente de los humedales. No puede hacerse a expensas de prohibir o restringir el acceso a las playas; no puede hacerse a expensas de hipotecar el patrimonio ambiental ni tampoco se puede hacer sin tributarle a la ciudad de San Antonio".

Mala lectura

En esa línea, la autoridad regional dijo que se está a la espera de una decisión de las instancias ambientales, por lo cual hay que ser precavidos. "Creo que esa expresión de voluntad también tiene una mala lectura porque, objetivamente, hoy día tiene que haber un pronunciamiento sustancioso por parte del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y no me gustaría pensar que una opinión de esa naturaleza puede condicionar o puede forzar una opinión que requerimos que sea lo suficientemente fundada", manifestó.

Agregó que a los temas de construcción se agrega otro elemento que es necesario abordar, el aumento de carga al que se verá expuesta la ciudad, por lo cual el análisis que se requiere debe ser profundo y, en ese tenor, llamó a la cautela.

"No es menor el hecho de que la expansión del Puerto de San Antonio significa pasar de 2 millones de Teus a 9 millones y eso significa adecuar las condiciones de la ciudad de San Antonio. (...) Por tanto, yo pediría cautela al Gobierno central y pediría también de que hoy día no se transgreda la normativa ambiental y haya una espera razonable en torno al pronunciamiento que todos y todas requerimos a propósito de que la expansión del puerto de San Antonio tiene que hacerse conjugando armoniosamente el desarrollo de la ciudad, pero sin hipotecar su patrimonio ambiental", enfatizó.

Agregó que cuando se presentó la Adenda de impacto ambiental referida a la iniciativa al Consejo Regional "presentamos nuestra inconformidad". Esto, añadió, a propósito de varios factores. "No hay medidas de protección para la desembocadura del río Maipo, que hoy es Santuario de la Naturaleza, no tenemos certezas del volumen de agua que va a utilizar el Puerto Exterior y cómo ese volumen de agua que va a utilizar podría condicionar el consumo de agua de la población de San Antonio. Y también presentamos nuestra inconformidad a propósito del emplazamiento de una bodega de sustancias peligrosas que no está debidamente indicada y que en rigor podría generar un peligro para la ciudadanía", añadió.

Descentralizar

Asimismo, destacó que en este tipo de proyectos deben escucharse también las opiniones de las regiones que son las que albergan la infraestructura. "Sería importante hoy respetar el proceso de descentralización y a la autoridad electa democráticamente que hoy preside el Consejo de Coordinación de Ciudades Puerto. (...) Por tanto, lo que uno esperaría es que el Gobierno central hablara con las autoridades regionales, territoriales, que tenemos información y estamos permanentemente trabajando con nuestras comunidades en el territorio", dijo Mundaca, apuntando que ello es clave.

"Me parece que aquello es un principio sine qua non, porque si decimos que estamos a favor del proceso de descentralización, éste pasa necesariamente por respetar los territorios, las comunidades y la opinión de las autoridades que hemos sido electas democráticamente", destacó.

Así, resaltó el rol del Consejo de Coordinación para avanzar en estos temas en conjunto con la comunidad. "Pone el acento precisamente en la participación de quienes se van a ver directamente vinculados con la expansión del puerto y que son los ciudadanos que habitan San Antonio", fundamentó el gobernador.

"Pediría también de que hoy día no se transgreda la normativa ambiental y haya una espera razonable en torno al pronunciamiento".

Rodrigo Mundaca, Gobernador regional

A la espera de que se construya una caleta definitiva en Valparaíso, tal cual fue el compromiso en su momento de las autoridades luego de ser expulsados por la ampliación del T2, los pescadores de la ex Caleta Sudamericana siguen buscando opciones para poder seguir realizando sus actividades.

En la actualidad ya venció el convenio para que permanecieran en la Caleta El Manzano de Quintero, por lo cual deberán hacer abandono de esas dependencias antes de fin de año.

Asimismo, también enviaron una carta a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para ser considerados patrimonio inmaterial de la ciudad, objetivo en el cual son apoyados por concejales de la comuna.

"Declarar la pesca como parte de lo patrimonial podría darles la posibilidad para que el Estado cuide esta actividad y garantice políticas más eficientes que asegure su desempeño y práctica protegida ante los grandes conglomerados", dijo la edil Carla Sánchez.

En tanto, Daniel Morales, subrayó que la remoción de los pescadores de la ex Caleta Sudamericana, a juicio del edil porteño, responde a "un modelo extremadamente centralizado, que al momento de realizar sus desarrollos de borde costero y expansión portuaria nunca los contempló oficialmente,".

En paralelo, el abogado Felipe Olea, valoró las declaraciones del exministro de Economía, Lucas Palacios, en el marco de la presentación de una medida prejudicial que fue ingresada por los pescadores. "El compromiso de una nueva caleta para Valparaíso fue un compromiso del Estado de Chile en su conjunto", dijo.