Sincerando el debate portuario
Mientras el Presidente da ciertas señales, el gobernador pone paños fríos, los alcaldes hacen su juego... y al final nunca pasa nada.
La reciente petición de "cautela" realizada por el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, al Presidente de la República, Gabriel Boric, pareciera revelar de forma bastante clara el clima de indefinición portuaria que reina en la Región de Valparaíso, habida cuenta de las sorpresivas (¿acaso pauteadas?) declaraciones del Mandatario, quien de la nada llamó a agilizar el proceso de construcción del Puerto Exterior o Puerto a Gran Escala (PGE) de San Antonio, sin tomar en cuenta el obligatorio proceso al cual debe ser sometido por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ante los resquemores medioambientales y las más de dos mil observaciones ciudadanas que acumula el proyecto, a expensas de los cuerpos de agua dulce, sin medidas de protección de la desembocadura del Río Maipo -hoy Santuario de la Naturaleza-, y el salto de 2 millones a 9 millones de TEUS. ¿Acaso creen que la alcaldesa Constanza Lizana no hará nada?
Si bien en San Antonio, la presidenta de la Empresa Portuaria de esa ciudad (EPSA), Sally Bendersky, agradeció el espaldarazo presidencial, en la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) el mutismo es monacal, solo un par de meses después de que La Moneda ni siquiera comentara el pedido de una pronta definición del gobierno central respecto del Terminal 2, como el que hiciera su presidente Luis Eduardo Escobar.
De existir preocupación de La Moneda al respecto, cosa que con este Gobierno es bastante difícil de saber, lo cierto es que el proceso de transparentación iniciado con los Diálogos Ciudadanos durante la gestión del anterior presidente, Fernando Ramírez, no muestra una continuidad relevante. De hecho, más allá de ciertos convenios, apretón de manos con Sharp y esfuerzos de mediano alcance, poco se ve sobre la mesa en relación a lo que verdaderamente importa, que es conseguir voluntades y señales políticas de que se hará todo lo posible por licitar la ampliación del Espigón, hoy en manos de TPV (grupo Agunsa) de forma pasajera hasta el año 2026, tras la incapacidad de la estatal de destrabar su construcción en los tiempos de TCVAL. Sabido es que a Hacienda le preocupa la inminente falta de competitividad en la cual está cayendo Valparaíso en cuanto a transporte marítimo se refiere, pero ello no parece ser garante de que Transportes y otros incumbentes estén dispuestos a jugarse algo por lograrlo, menos aún después de la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental que anuló parcialmente la RCA del proyecto, decisión a la cual la EPV decidió no recurrir.
En el intertanto, vemos cómo esta última empresa se inmoviliza e incluso una integrante de su directorio es candidateada por un diputado socialista para una seremía. Poco les duró el entusiasmo. Del ministro en cuestión, el mismo que metió un bus eléctrico que no cabía por la calle Montealegre, nada puede esperarse. De los anteriores, tampoco. El exsubsecretario de Obras Públicas de Piñera, Lucas Palacios, reconoció ante tribunales que no había ninguna razón para expulsar de Valparaíso a los pescadores de la Caleta Sudamericana, hoy metidos de cabeza en una causa civil contra la estatal, decisión de la cual hoy nadie se hace cargo. Más sano sería sincerar la conversación y aceptar que Valparaíso no crecerá, que San Antonio se trabará y que los peruanos, como bien dijo el almirante (r) Edmundo González, terminarán por ponernos no solo uno, sino que los dos pies encima.