En el golpe de Estado en Argentina en 1966, el depuesto Presidente Arturo Illía fue despachado en taxi desde la Casa Rosada a su residencia particular. El fallido autogolpe recién ocurrido en Perú añade otra vuelta de tuerca a la saga de los depuestos presidentes latinoamericanos. Rumbo a asilarse en la Embajada de México, el auto del presidente Pedro Castillo, atascado en el taco del tráfico del centro de Lima, dio tiempo a la Guardia Presidencial para cambiar el instructivo a su conductor, que lo llevó en cambio a una comisaría. Esa misma noche Castillo sería trasladado, en esposas, a la misma prisión donde se encuentra recluido Alberto Fujimori. Sic transit, gloria mundi!

Aún no está claro porqué Castillo realizó un autogolpe. Si bien en el Congreso peruano se anunciaba una tercera acusación constitucional en su contra, todo indica que sus opositores no contaban con los 105 votos necesarios para aprobarla. Lo que a todas luces aparece como una decisión presidencial precipitada e inconsulta, que ni siquiera contaba con el beneplácito de las Fuerzas Armadas, esto es, de clausurar el Congreso, autorizar el gobierno por decreto y llamar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, entre otras medidas que ponían fin a la continuidad constitucional, parecía una copia fiel de lo que hizo Alberto Fujimori en 1991, aunque esa vez con éxito.

Sin embargo, como señaló Carlos Marx, la historia se repite, la primera vez como tragedia, la segunda vez, como farsa. Con todos sus defectos, Fujimori sabía lo que estaba haciendo, y gobernó el Perú por una década. No es el caso de Castillo. Para muchos, la verdadera sorpresa no es que su presidencia haya terminado con un fallido autogolpe, sino que haya durado año y medio, mucho más de lo que se esperaba. Ocupando por vez primera un cargo público (¡nada mejor que empezar por arriba! ), sin experiencia alguna en el teje y maneje de la política limeña, habiendo obtenido apenas un 19 % del voto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de junio de 2021, y habiendo ganado la segunda vuelta por un estrecho margen, encabezando un frente de "todos contra Keiko Fujimori", Castillo tenía demasiado en contra como para sobrevivir un quinquenio en el Palacio de Gobierno del Perú ("el Palacio de Pizarro"). Es algo que muchos de sus más experimentados y duchos predecesores no lograron.

Más allá del anecdotario de este triste episodio, y de los buenos deseos que no cabe sino desearle a la vicepresidenta de Castillo, y ahora nueva Presidenta, la abogada Dina Boluarte, primera mujer en ocupar el cargo, sin embargo, la pregunta es qué hay tras esta crisis política permanente en el Perú, con cinco presidentes en 25 meses. Ella ha llevado a la destitución de varios primeros mandatarios , a la formalización de otros tantos, y al suicidio de al menos uno de ellos. Menos de la mitad de la población respalda la democracia como la mejor forma de gobierno. En otras palabras, actualizar la pregunta que alguna vez formuló Mario Vargas Llosa al inicio de su novela Conversación en la Catedral (1969), "¿En qué momento se jodió el Perú?".

La ironía es que desde entonces el Perú ha tenido enormes avances y es hoy un país muy distinto al de medio siglo atrás. En los últimos treinta años, Perú ha sido en largos períodos el país con el mayor crecimiento en la región, con enormes avances en la reducción de la pobreza, aunque la desigualdad sigue campeando por su respeto, y el país ostenta la dudosa distinción de la mayor mortalidad per capita en el mundo por la pandemia de covid-19. La paradoja, desde luego, es que los avances se han dado pese a esta disfuncionalidad crónica del sistema político.

Esta última se origina en parte en las deficiencias y debilidades del sistema de partidos políticos peruanos. Estas son organizaciones, en general, desprovistas de ideología y de orientaciones programáticas establecidas, llevando a la fragmentación e impredectibilidad del espectro partidario. Dicho esto, esta disfuncionalidad del sistema político también se origina en la Constitución peruana de 1993. Ella establece un Congreso unicameral, sin un Senado que desempeñe la función mediadora de las segundas cámaras en las democracias representativas. Así, el Poder Ejecutivo y el Legislativo se confrontan sin cesar, en una dinámica perversa, de un "gallito" permanente. Con congresistas sin derecho a la reelección, los incentivos están mal puestos, y el hacer una labor legislativa constructiva no es prioridad. Para las autoridades del Congreso, a su vez, la mejor manera de destacarse es descabezando el Ejecutivo, muchas veces de un partido distinto al de ellos.

Hay buenas razones por las cuales la regla general es que los Parlamentos en la gran mayoría de los países del mundo tienen dos cámaras, y no una. En momentos en que Chile se apresta a iniciar un nuevo proceso constitucional, no deja de ser algo a tener presente.