Uno de los aspectos más notables del acuerdo que se ha alcanzado para resolver la cuestión constitucional lo constituye la decisión de convocar a expertos que elaboren un anteproyecto.

Así el primer efecto del proyecto ha consistido en que de pronto los expertos abundan y el problema no es encontrarlos, sino discriminar entre los ya existentes. Es obvio que este fenómeno -la sobrepoblación de expertos- se ha visto favorecido por la ambigüedad con que el concepto de experto se ha manejado.

Procuremos, entonces, mínimamente, darle un significado.

Desde luego, el sentido más riguroso en que la palabra experto ha de entenderse es equivalente al que posee la palabra científico. Un experto de este tipo es alguien familiarizado con una cierta disciplina científica o conceptual, sea porque la investiga o la enseña. En esta categoría caen los profesores e investigadores de derecho constitucional o más ampliamente los cultores de lo que se llama dogmática jurídica (tampoco son tantos, no se crea que sobran) o los economistas (un área de las ciencias sociales que cuenta, sin duda, con técnicos con buena certificación). Lo que caracteriza a esas dos disciplinas es que cuentan con conocimiento acumulado acerca del diseño institucional, o, si se prefiere, acerca del modo en que han de organizarse las instituciones básicas de la sociedad, aquellas que organizan el poder y distribuyen los recursos y las oportunidades. En el lenguaje antiguo, este tipo de expertos manejan lo que se llamaba la episteme (un término griego que alude al conocimiento como opuesto a la doxa, la mera opinión).

Junto a esa categoría indudable de expertos hay otra categoría un poco más vaga y un poco más dudosa. Se trata de aquellas personas que poseen experiencia práctica en el proceso político y que, adicionalmente, poseen una certificación universitaria. En este caso se llama experto no a quien conoce un área del saber, sino a quien ha tenido trato práctico con ella (exministros, parlamentarios). La diferencia entre esta categoría y la anterior, es que este tipo de expertos, por llamarlos así, poseen una explícita filiación política. En términos clásicos, esta categoría correspondería al técnico (quien conoce la téchne, es decir, quien sabe cómo pero ignora el por qué, según explicaba Aristóteles).

Y hay, en fin, lo que la literatura llama technopols, que vendría a ser como una mezcla de los dos anteriores, puesto que manejarían la técnica y el conocimiento a ella asociado, por una parte, y contarían con prestigio y redes en el campo político, por la otra. Un technopol típico sería Andrés Velasco, o lo es Mario Marcel, o lo fue Alejandro Foxley, por nombrar los más obvios.

El primer tipo de expertos poseen el conocimiento que se estima correcto o verdadero, son lo que hoy se llamaría tecnócratas en sentido estricto (al modo, por ejemplo, de un Phd que pone su saber al servicio de quien gobierne, fuere cual fuere este último). Este tipo de expertos no discierne fines, sino medios. El segundo tipo de expertos, el simple técnico, quien integra esta categoría más bien débil, posee más pericia en el proceso político, en el cabildeo y la negociación que dominio de la disciplina (incluye abogados sagaces, asesores). Este tipo de expertos adhiere a los fines de un sector político y su capital no es el saber, sino la experiencia en los pasillos del poder. El tercer tipo de expertos (los technopols) poseen, en el máximo grado, conocimiento práctico del proceso político y familiaridad conceptual con una disciplina. Saben qué (es decir, poseen una idea explícita acerca de los fines a perseguir) y saben también cómo (es decir, conocen los medios necesarios para alcanzarlos).

Uno de los rasgos del desarrollo político de Chile en los últimos treinta años fue la amplia presencia y el poder de los technopols. Pero es poco probable que se vuelva a eso. Lo más seguro (aunque no lo más deseable) es que entre los expertos abunden de pronto los simples técnicos, personas con experiencia práctica que les ha enseñado el cómo, pero no el porqué. Serán, es probable, gentes con poca independencia de los actores políticos que por desgracia verán en ellos más que una guía, un instrumento.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) confirmó la presentación de una demanda colectiva contra la multitienda La Polar por la venta de ropa falsificada, en un caso que fue destapado el mes pasado tras denuncias de Adidas, Under Armour y Columbia.

El organismo decidió demandar tras la citación a declarar a la multitienda y a los representantes legales en Chile de Adidas, Columbia y Forus, la querella de Aduanas por el presunto delito de contrabando, fiscalizaciones presenciales y remotas del Sernac en Santiago y Concepción, y los reclamos de los propios consumidores.

"El Sernac estima que existen antecedentes suficientes para establecer que La Polar ha estado comercializando prendas de vestir no originales o auténticas, al menos desde 2020, con rótulo de marcas de reconocido prestigio como Columbia Sportswear Company, siendo reconocido expresamente por la propia multitienda en transacción celebrada con dicha empresa en 2021, donde declaró que adquirió productos no originales 'de buena fe' a un proveedor extranjero", expuso el Sernac en un comunicado.

Conocido el anuncio, el abogado Jaime Winter, que representa a La Polar, comentó que "estamos muy sorprendidos por esta acción iniciada por el Sernac, siendo que no hay ningún antecedente nuevo en esta causa que permita llegar a conclusiones todavía".